La emancipación hispanoamericana daba comienzo con las Juntas Revolucionarias de Buenos Aires, Venezuela y Granada; y el Grito de Dolores del cura Hidalgo en Méjico, todos acaecidos en 1810; concluyendo con la Independencia de Méjico, Perú y Venezuela, en 1821, tras un sinfín de luchas armadas y actos violentos. Entre las causas principales están la irrupción de las tropas napoleónicas en la Península Ibérica y el vacío de poder que se había creado en España, que abonaron el terreno para el comienzo de la rebelión.

Las disposiciones de las Cortes de Cádiz (libertad de prensa, abolición del tributo indígena, abolición de privilegios jurisdiccionales, abolición de la pureza de sangre para ingresar en el Ejército, etc.), que algunas se integraron después en la Constitución de 1812, no serían bien aceptadas por las élites locales americanas. La vuelta y restauración de Fernando VII, en 1814, despertó el apoyo de los grupos más influyentes de Perú y Méjico hacia los Borbones. Con el Trienio Constitucional y el retorno a España del Liberalismo, las prebendas oligárquicas corrieron peligro, por lo que se inclinaba la balanza hacia la emancipación.

Entre los efectos de la independencia, los que más me interesa resaltar son los que se refieren a los modelos políticos resultantes en los países de nueva creación. Aunque el Liberalismo fuese conocido y aceptado por bastantes hacedores del proceso emancipador e incrementase su influjo tras germinar la rebelión; José de San Martín y Simón Bolívar, por poner dos ejemplos significativos, se mantuvieron distantes de la implantación de la soberanía popular. Agustín Iturbide, por su parte, tras la independencia de Méjico y el Plan de Iguala concebido con Vicente Guerrero, quiso que el nuevo país fuese gobernado por un infante español nombrado por Fernando VII, a lo que éste se negó, por lo que se constituiría enseguida el nuevo Imperio mejicano.

En Hispanoamérica, tras la emancipación, tardaron en promulgarse las primeras constituciones, siendo las más significativas de la década de los años treinta. Sin embargo, en 1811 y 1812 ya se habían elaborado los primeros textos en Nueva Granada, Venezuela y Chile, con base en la soberanía popular.

Así como la Confederación de América del Norte, tras su proceso de emancipación de Inglaterra -caso en algunos aspectos similar al español-, llegó a consolidar un sistema constitucional independiente de Londres e incluso mejorarlo casi desde el principio; en las antiguas colonias españolas la realidad sería bien distinta. Entre las causas principales cabe apuntar: la desunión de las élites y su pluralidad étnica, la dispersión y variedad geográfica, el pretorianismo, o sea, la intervención e injerencia de los militares en la consolidación de los nuevos estados; la irrupción posterior de la figura del caudillo y sus lazos de clientela, y la diferente concepción del poder político de los responsables del proceso.

A pesar de los inicios prometedores tras la independencia, el desarrollo del modelo representativo sería lento y muy dificultoso, cifrándose en no pocos actos violentos. En España hubo proclamas y cambios constitucionales, pronunciamientos castrenses, revoluciones, reacciones absolutistas, una república y cuatro guerras civiles. El caso de los nuevos países hispanoamericanos también fue un proceso largo, por la inestabilidad política, el ansia de liderazgo, el control de los medios materiales y la corrupción, entre otros motivos; cuyas consecuencias más negativas se extenderían al siglo XX. Aun y todo, ambos territorios, la antigua metrópoli y las ex colonias, pasaron del grado de génesis del Liberalismo constitucional al de desarrollo, aunque no se completase la consolidación durante todo el siglo, según mis apreciaciones personales.

Lo contrario sucedió en los antiguos territorios ingleses, donde se implantó prácticamente desde el principio de forma estable, con la salvedad importantísima de la perduración de la esclavitud en los estados del Sur hasta 1865. Esto último también se daba en Brasil, asimismo independizado de Portugal, que aún tardó más de dos décadas en abolirla. Sin embargo, en Perú y Venezuela se abolió antes, en 1854, al menos de forma oficial.