Buñuel, en su laberinto

Como sucede en muchos plenos municipales de localidades pequeñas, el ambiente entre los grupos que forman el equipo de gobierno y los que integran la oposición en el Ayuntamiento de Buñuelse corta con cuchillo. Las acusaciones, interrupciones y enfrentamientos son constantes en un Consistorio que desde septiembre no avanza en la gestión ya que es difícil aprobar asuntos ante la falta de diálogo y la imposibilidad de crear mayorías.

Desde septiembre la mayoría absoluta (6 concejales) que se había creado con el acuerdo de Buñuel Independiente y UPN desapareció al ser expulsado de la formación independiente Juan Antonio Pérez Osta, que había sido concejal de Urbanismo. Pérez dejó el cargo y el partido, pero no de ser concejal, convirtiéndose, a ojos del equipo de gobierno, en un edil tránsfuga. La alternancia en la alcaldía que Buñuel Independiente y UPN habían firmado tras las elecciones de mayo de 2023 se hace ahora imposible ya que la mayoría ha cambiado a manos de la oposición, al pasar el tránsfuga a ser concejal no adscrito. El enconamiento desde entonces entre este edil y el equipo de gobierno, y viceversa, es tal que se hace imposible que Buñuel Independiente haga la transmisión de la alcaldía (debería ser en junio de 2025 y para dos años), bajo el peligro de que recale en manos del partido más votado en Buñuel que fue Cambiemos Buñuel, que ya gobernó en la pasada legislatura con Maite Espinosa.

Tras las elecciones de junio de 2023, las urnas dejaron un reparto que demuestra lo repartida que está, políticamente, la ciudadanía de esta localidad. Los sillones quedaron con 4 concejalías para Cambiemos Buñuel, 3 para Buñuel Independiente, 3 para UPN y 1 para el PSN. Sin embargo, el cambio de las mayorías varió el panorama.

LA POLÉMICA

El último pleno del pasado lunes 13 de enero evidencia el callejón sin salida en el que se encuentran metidos. En junio de 2023, el actual alcalde, Enrique Villafranca, firmó un acuerdo con UPN para celebrar los plenos cada mes cuando presentaron su acuerdo de gobernabilidad. Sin embargo, solo un mes más tarde llevaron a pleno la celebración de los plenos cada 3 meses y así se aprobó con la nueva mayoría, pese a la postura contraria de la oposición y la abstención de una de concejala regionalista, su número 2, Livia Sayas Bordonaba, que también se abstuvo en cuanto al sueldo del alcalde (14 mensualidades de 2.190 euros). Saliéndose de lo marcado por su partido afirmó que como Navarra Suma habían criticado ese mismo sueldo para la anterior alcaldesa, Maite Espinosa (Cambiemos Buñuel), no le parecía coherente aprobarlo y dárselo ahora al nuevo alcalde.

Solo tres meses más tarde, el 7 de octubre de 2023, el tema volvió a votarse a través de una moción que propuso la misma edil de UPN, Livia Sayas, en la que, con su voto y con los de la oposición, se pudo sacar adelante el cambio de que los plenos se celebraran cada 2 meses (como en la legislatura anterior) y las comisiones informativas por la tarde, a partir de las 17 horas, para que los concejales de la oposición pudieran acudir. La edil de UPN argumentó que se hacía “respetando el acuerdo de gobierno firmado y hecho público el 16 de junio de 2023” y añadía que los concejales “deben ser honestos consigo mismo y sobre todo con el pueblo” además de que hacer un pleno cada 3 meses “aleja a los vecinos y vecinas de los temas importantes que se tratan en el Ayuntamiento, que son de interés público”.

Dentro de ese polvorín, en que se ha convertido el consistorio buñuelero, solo un mes más tarde de probarse esa moción, el 6 de noviembre de 2023, Livia Sayas presentó su dimisión como concejala de UPN por “incompatibilidad de opiniones en alguna votación, en la que ha sido consecuente con sus principios, anteponiéndolos a los poderes partidistas”, por lo que sabiendo que “esta situación volverá a ocurrir” prefirió seguir siendo “fiel a mis principios”.

Un año después de aquello, en el último pleno, celebrado el 13 de enero pasado, el alcalde presentó a votación un recurso ante el TAN por esta decisión aprobada por la mayoría del pleno porque lo consideraba “nulo”, al haberse presentado por la vía de urgencia, y porque “invadía las competencias del alcalde” que considera que es el responsable de la decisión “y no el pleno”. Como era de esperar, los votos de la oposición (4 de Cambiemos Buñuel, 1 de PSN y 1 del concejal no adscrito) impidieron que el pleno aprobara este recurso, por lo que no se podrá presentar. La portavoz de Cambiemos Buñuel, Maite Espinosa, y del PSN, Demetrio Muñoz, mostraron su indignación porque acusaron al secretario de haber preparado el recurso “que es secretario de toda la corporación y no del alcalde”.

Sin embargo, el secretario, Juan Antonio Pérez, negó que fuera él el autor del mismo. Además Espinosa recordó que en 19 meses de legislatura han celebrado 15 plenos y la mayoría de ellos extraordinarios “es una vergüenza. Llevan los temas importantes a los extraordinarios para que no haya debate porque no puede haber ni ruegos ni preguntas”, protestó.

La oposición acusó al equipo de gobierno de actuar como “chicos de patio de colegio” al no informar al edil tránsfuga de los temas a tratar y hacer reuniones informales a escondidas fuera del Consistorio, para tratar ciertos temas, a las que Cambiemos Buñuel y PSN se niegan a acudir por la “marginación a la que se está sometiendo a Pérez Osta”.

La situación actual es que ni Cambiemos Buñuel puede presentar una moción de censura, porque el voto del tránsfuga no sirve para el cambio de alcalde, ni UPN podrá subir a la alcaldía (Daniel Francés) el 30 de junio como decía el acuerdo, ya que para ello se ha de presentar a votación y en esa votación no obtendría la mayoría e incluso podría perder la alcaldía ya que se pueden presentar los otros portavoces y ante igualdad de votos, ha de gobernar la lista más votada que es Cambiemos Buñuel.

Los presupuestos, que aún no han sido votados en pleno, ni presentados a los concejales, serán el siguiente peldaño de esta enorme escalera que parece la legislatura 2023-2027 para el Ayuntamiento de Buñuel.

TRÁNSFUGA

Según el acuerdo antitransfuguismo, firmado por todos los partidos, tránsfugas son “los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”. En este acuerdo se señalan también sus derechos y prohibiciones “el pase a concejal no adscrito (por tránsfuga) impide que asuma cargos o perciba retribuciones que antes no ejercía o que impliquen mejoras personales, políticas o económicas, con excepción de la incorporación a comisiones informativas. No podrán formar parte de la Junta de Portavoces, ni su paso a no adscrito podrá comportar un nuevo reparto de los miembros de las comisiones informativas. También se acuerda que el resto de los grupos políticos no acogerán ni apoyarán las iniciativas de los concejales no adscritos. Se trata de aislar al tránsfuga”.

Igualmente también se apunta que “quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser separado de la titularidad otorgada por el pueblo”.