Ampliado el convenio para acoger a refugiados en el Chalet de Caparroso y en pisos municipales

Este documento recoge de manera genérica el arrendamiento de viviendas y la posibilidad de otras cesiones puntuales para cubrir posibles repuntes de las peticiones de asilo y supone establecer el marco legal general que sustentará acuerdos específicos de cesión de nuevos espacios como el ya anunciado del Chalet de Caparroso al que se le podrían sumar, si así se necesitara, algún piso de propiedad municipal ubicados en la calle Tudela.

Todas las cesiones se realizarán a través de la Oficina de Vivienda creada en 2016, entre otras funciones, para atender específicamente a familias en situación de emergencia habitacional. En la firma del convenio, que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, han participado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la representante de CEAR, Idoya Oneca.En su intervención, el alcalde ha destacado el compromiso de Pamplona como ciudad de acogida para personas refugiadas y ha agradecido el respaldo del Pleno a esta iniciativa.

No obstante ha abogado por perseverar, como ciudad y como sociedad, en este compromiso. “A lo largo de estos cuatro años hemos asistido a una de las vulneraciones más flagrantes de derechos humanos de la historia, con el Mediterráneo como cementerio, fronteras que se convierten en prisiones, y barcos humanitarios inmovilizados en nuestros puertos. El fenómeno migratorio ha dejado en evidencia la política de la Unión Europea, que no ha sabido dar una salida a este problema. Esta falta de iniciativa ha llevado a la sociedad civil a tomar la iniciativa para acompañar la estancia de los migrantes, como es el caso de CEAR, y a las administraciones locales, en la medida de nuestras posibilidades, a asistir en lo posible” Pamplona, ha asegurado, seguirá “comprometida” en este empeño.

Una primera cesión, cumpliendo el mandato de Pleno, a finales de 2017

El Consistorio, a raíz de un convenio anterior, concedió a CEAR el uso de cuatro viviendas en el barrio de la Milagrosa a finales de 2017. En el Pleno del 4 de julio de ese año se acordó la cesión de estos espacios en los que las personas solicitantes de protección internacional pudieran empadronarse para acceder a los servicios sociales municipales en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Las cuatro viviendas están unidas entre sí de manera que conforman una vivienda comunitaria de 330,74 m2, con 16 habitaciones, una cocina y tres baños. CEAR se hace cargo del gasto de arrendamiento y de los de comunidad; suministros de agua, electricidad y calefacción, y un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de daños y perjuicios que puedan causarse a personas o cosas o al propio inmueble. El convenio recoge que el Ayuntamiento podrá recuperar el inmueble cuando no se destine al fin para el que se haya cedido o no se esté utilizado.

Esta previsto que en las próximas semanas y en las mismas condiciones se concrete la cesión a la misma entidad del Chalet de Caparroso, una edificación adquirida por el Ayuntamiento en 1999 y que consta de unos 300 metros cuadrados útiles distribuidos en planta baja y dos alturas. Asimismo, antes de finalizar el año el Consistorio podría ceder, si la demanda lo exigiese e igualmente en régimen de arrendamiento, algún piso de los que se prevé rehabilitar en la calle Tudela.

CEAR es una organización humanitaria sin ánimo de lucro fundada en 1979 cuya misión es defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y en riesgo de exclusión social. Forma parte de la red nacional de Centros de Acogida al Refugiado, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siendo una de las entidades acreditadas para la acogida en Navarra.

Además de vivienda, apoyo para la inclusión social de las personas refugiadas

Las cesiones que avala el convenio firmado hoy tienen el mismo objetivo que las llevadas a cabo por el Ayuntamiento para la incorporación social y laboral de las personas en situación de riesgo o exclusión, y para la concesión de viviendas a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social, ya que se considera primordial para abordar su inclusión social.

Los servicios sociales contribuyen, en este caso concreto, a la cobertura de las necesidades básicas de las personas refugiadas informando y gestionando las prestaciones sociales que puedan corresponderles, en igualdad de condiciones que el resto de la población, y facilitando el acceso a otros servicios municipales. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de las personas que se beneficien de la vivienda, ofreciendo una respuesta a sus necesidades al mismo tiempo que se muestra a Pamplona como una ciudad responsable, que contribuye a la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y al cumplimiento de la legalidad internacional.

Además, responde a la creciente sensibilidad social y solidaridad que ha mostrado su ciudadanía y sus movimientos sociales ante la crisis humanitaria de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar. El convenio recuerda que el continente europeo asiste a la mayor emergencia humanitaria de personas refugiadas desde la II Guerra Mundial, con millones de personas que, en plena huida, intentan llegar a territorio occidental, vía marítima y terrestre.

Con este convenio se sigue cumpliendo con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó en septiembre de 2015 por unanimidad una declaración institucional que situaba a Pamplona en la red de ciudades refugio. Supuso un primer paso, de acuerdo al texto, para hacer “todo lo que podamos para colaborar con aquellas iniciativas que, de forma real, contribuyan a paliar este drama. Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida, ciudades de las que sentirnos orgullosos y orgullosas”.

Desde entonces han sido varias las declaraciones aprobadas en el mismo sentido, como el compromiso adquirido por unanimidad en el Pleno del 4 de julio de 2017 que definía a Pamplona como “tierra de acogida real para las personas que ejercen su derecho a circular libremente, para quienes huyen de las guerras, la miseria, la persecución, el hambre,... haciendo que éstas puedan tener como cualquier ciudadano/a vivienda, alimentación, educación, salud, en definitiva todos los derechos reconocidos.”