El Defensor del Pueblo ha respondido favorablemente a las peticiones formuladas en los últimos meses por muchos del centenar de propietarios de pisos turísticos afectados por el cambio de normativa y que se quedaron sin licencia por no haberla presentado a tiempo, y sugiere al Ayuntamiento de Pamplona que “establezca, previos los trámites que sean precisos”, un “nuevo plazo para que los titulares de las viviendas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra como apartamentos y viviendas turísticas, con anterioridad a la aprobación de la modificación del artículo 28” de la normativa urbanística general del Plan Municipal, “puedan solicitar las licencias pertinentes que permiten el uso residencia eventual”.
La resolución del Defensor del Pueblo llega después de que, como recuerda esta institución, “a lo largo de los meses de diciembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021”, recibiera las quejas de varios titulares de pisos turísticos en Pamplona, que perdieron su licencia, por no haber solicitado la nueva en los “seis meses” posteriores a la modificación de la normativa, un trámite que “desconocían”, ya que nunca se les comunicó (la normativa solo se publicó en el BON el 20 de diciembre de 2019) y que, además este plazo tuvo lugar durante la crisis sanitaria del Covid-19, con las dificultades que eso conlleva. Este cambio dejó en la ilegalidad a 109 propietarios de pisos turísticos, 69 que no pidieron la licencia en el plazo y otros 40 a los que se les denegó por hacerlo fuera de plazo (gráfico adjunto).
Ante ello, el Defensor considera que los dueños de pisos eran personas “identificables” a las que era posible “comunicar” esta modificación normativa por parte del Ayuntamiento de Pamplona, y añade que además las Administraciones “deben velar” por que la participación ciudadana “sea lo más amplia posible”.
familias afectadas Los propietarios de pisos turísticos afectados por el cambio de normativa, la mitad de los 226 legales que había en Pamplona hasta entonces, se enfrentan con incertidumbre a la llegada del verano ya que, por ahora, no pueden desarrollar su actividad turística. En las últimas semanas, se han reunido con los grupos municipales para plantear su problema, y conseguir un nuevo plazo: “Agradecemos a todos ellos su disponibilidad y empatía de recibirnos. Pudieron ver que no somos fondos buitre, sino familias que tenemos en juego nuestro ahorros”, señala David Rivas. Otro afectado indica que “somos muchas familias en esta situación, la mitad del sector. Si la mitad de los apartamentos legales quedó fuera, está claro que algo falló y es el momento de corregirlo”. Javier, también propietario, añade que “en nuestro sector la situación es muy difícil y no estamos pidiendo ayuda económica sino una moratoria”.
“No estamos pidiendo ayuda económica, sino una moratoria”
Propietario afectado
