oco le hace falta a la derecha española para encresparse y poner el grito en el cielo, menos aún si se trata de moderar el anatema al independentismo. Y, si me apuran, esa moderación le hace estallar en cólera si se refiere a los responsables del procès. Cuando hace unos días el ministro José Luis Ábalos dejó caer eso de que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos solicitados y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar a la convivencia", no hizo más que expresar una obviedad llena de sentido común, pero sus palabras fueron recibidas por todas las derechas y sus medios afines con una amplificación de la traca habitual. Abascal, belicoso, eructó lo de "presupuestos a cambio de indultar a criminales, son la mafia"; Arrimadas, lacrimógena, lamentó lo de "indultar en vez de conceder ayudas directas para las familias que sufren la pandemia del coronavirus", mientras Casado, retorcido, especulaba con que el Gobierno "hará lo que le convenga para que haya un tripartito en Cataluña", o sea, la luna de miel con los independentistas. Todo ello reforzado, unánimes, con los insultos y exabruptos de rigor.

La realidad es que las elecciones catalanas están ya muy cerca, y sería un disparate entrar en ellas manteniendo en la cárcel a los más destacados dirigentes y activistas condenados en un juicio que jamás debió celebrarse, un proceso que en su totalidad fue una anomalía democrática y consecuencia de la incapacidad manifiesta para dialogar y encauzar el debate sobre otro modelo de Estado por parte del Gobierno central presidido entonces por la derecha extrema. Las duras penas de prisión con la que se castigó a los que dieron cauce a una consulta pacífica apoyada por millones de catalanes fueron el desenlace de la desmesura con la que actuaron los poderes ejecutivo y judicial.

Ya va siendo hora de que se corrija esa anomalía democrática, por más alboroto que perpetren las derechas rivalizando en improperios para sumar los votos más reaccionarios. Bufan ante la posibilidad del indulto a los dirigentes independentistas como si el indulto no fuera un acto constitucional previsto en la ley. Patalean escandalizados contra la salida de la cárcel de los presos políticos -o políticos presos, para los puntillosos-, cuando cerrando los ojos y sin taparse las narices indultaron a Barrionuevo y sus colegas promotores de los GAL, al general Armada el "elefante blanco" del 23-F, a los militares que falsearon las identidades de los fallecidos en el accidente del Yak-42 y a tantos y tantos amigos con quienes los sucesivos gobiernos de la derecha han prodigado sus medidas de gracia. Jamás una desobediencia política hubiera merecido semejante castigo.

Ni los dirigentes presos merecieron tan desmedido castigo, ni la sociedad catalana merece soportar esta afrenta, por más que las derechas sigan empecinadas en cosechar el voto del odio. A los dirigentes presos se les quiere en la calle para que expresen sus ideas en libertad, para que puedan defenderlas mediante el diálogo y para que puedan ser escuchados sin intolerancia. En cualquier caso, ya llevan soportado de sobra un castigo que tiene más de venganza que de justicia y prolongar su prisión es una afrenta para la democracia. Acelérese el indulto, berreen los de siempre, pero que vuelvan a la libertad. La inmensa mayoría de la sociedad catalana los quiere en la calle. El que algunos demanden la amnistía y no el indulto, es otra historia.

Las duras penas de prisión fueron desenlace de la desmesura con la que actuaron los poderes ejecutivo y judicial

A los dirigentes del 'procés' presos se les quiere en la calle para que expresen sus ideas en libertad