La firma del acuerdo de la Junta de Transferencias entre Navarra y el Estado, por parte del vicepresidente Félix Taberna y el ministro Víctor Torres, sobre el traspaso definitivo de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial en exclusiva a la Policía Foral pone fin uno de los ejemplos más demoledores del incumplimiento de los compromisos de Madrid con el autogobierno foral y supone un paso en el objetivo de desarrollar ese Cuerpo como una policía integral. Navarra ejerció el control en exclusiva del Tráfico por las carreteras navarras durante décadas –ya en 1843 la Diputación Foral contaba con una ordenanza para la conservación y vigilancia de las vías públicas–, que en 1928 cristalizó en la creación del Cuerpo de Policía de Carreteras, actual Policía Foral, hasta que la dictadura franquista la eliminó en 1962.

Desde entonces, su reintegración ha sido una demanda política constante en Navarra y prácticamente unitaria –fue uno de los compromisos de gobierno que anunció Sanz en 1996 para su primer mandato, hace ya 29 años–, hasta que en los últimos tiempos, UPN y PP, tras perder el poder institucional, se han desmarcado enarbolando la falsa excusa de que supondrá la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Pero ni PSOE primero ni el PP luego –Aznar incumplió su acuerdo con el Gobierno foral–, asumieron las demandas de Navarra pese a los numerosos pronunciamientos en ese sentido del Parlamento foral e incluso su aprobación en el Senado con Zapatero en el Gobierno. Una batalla política por el autogobierno de Navarra que siempre quedaba en agua de borrajas hasta que en un primer acercamiento entre la entonces presidenta Uxue Barkos y Sánchez –ratificado más tarde entre el PNV y PSOE en el Congreso–, abrió en 2018 la puerta definitiva para la recuperación de una demanda histórica que ahora se ha confirmado con Chivite de presidenta y que culminará en julio de 2026.

Ahora, casi 43 años después de la aprobación del Amejoramiento del Fuero –sin el refrendo ciudadano, es importante recordarlo–, Navarra recupera en un acuerdo histórico una competencia propia histórica y da un paso más en el refuerzo de su actual autogobierno. No obstante, no se puede olvidar que aún quedan otras competencias acordadas con el Estado pendientes de llegar a Navarra –la gestión de la Seguridad Social que ahora negocia la CAV, entre ellas–, ni que sobre el autogobierno de Navarra permanece la creciente sombra recentralizadora que se extiende desde Madrid.

Otro ejemplo de que a la burocracia centralista que hierve en España y que tiene al autogobierno foral de Navarra como un objetivo prioritario, cada paso en la descentralización administrativa y política y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado le produce dolores de cabeza. Tampoco se percibe, ni el horizonte más lejano a la vista, una voluntad política real de abordar un análisis profundo del Amejoramiento cuatro décadas después para –las ponencias interminables se suceden en la Cámara foral–, más allá de las reformas puntuales y cambios mínimos que se han introducido en este tiempo, adecuarlo a la realidad social y económica y a la pluralidad política y cultural de la Navarra de hoy.