n año después de que el ex ministro franquista Martín Villa prestase declaración por la querella criminal que le atribuye responsabilidades en la muerte de varias personas por fuerzas policiales bajo su mando, la jueza argentina Servini le procesa por crímenes de lesa humanidad, que no están sujetos a prescripción, y le impone una multa de 10 millones de euros con el decreto del embargo de sus bienes. No sé que recorrido tendrá esta decisión judicial, contra la que Martín Villa ya ha anunciado que recurrirá. Tampoco le deseo un largo tiempo de cárcel. A su edad avanzada, su conciencia es la que carga con las muchas fechorías inhumanas que protagonizó en sus largos años de servicio en las más oscuras cloacas de la dictadura franquista. Que la tenga adormecida no evita que la sombra de su pasado le acompañe cada día y cada noche. Me conformo con que el trabajo de la jueza Servini sitúe ante la opinión publica española e internacional el perfil real y no edulcorado de un tipejo como Martín Villa siempre con el brazo del saludo fascista en alto. Y que esa verdad sea también el paso para el conocimiento de la verdad de los hechos que se le imputan, entre ellos el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 y la muerte de tres de los cinco trabajadores asesinados el 3 de marzo de ese mismo año en Vitoria-Gasteiz. La verdad es el primer paso para llegar a la justicia y el reconocimiento que les corresponde como víctimas de una violencia policial injusta y dirigida políticamente en aquellos convulsos años de la Transición por las estructuras franquistas que controlaban los aparatos del Estado. Y de las que Martín Villa era uno de sus principales jerifaltes. La utilización de la violencia policial, parapolicial y de extrema derecha con el objetivo de generar inestabilidad social y agitar el ruido golpista fue un elemento imprescindible del franquismo para sobrevivir. Esas acciones, entre ellas las que persiguen judicialmente a Martín Villa ahora, dejaron 2.663 víctimas entre muertos y heridos, la mayoría olvidadas. El Parlamento de Navarra avala el procesamiento de Martín Villa y reclama la colaboración del Estado para aclarar aquellos hechos de violencia. Navarra Suma se desmarca. Tilda la actuación judicial internacional de injerencia -la derecha navarra utiliza ese palabro para todo aquello que desautoriza sus pretendidas verdades absolutas-, y argumenta la Ley de Amnistía de 1977 quizá porque Carlos Pérez-Nievas no se ha enterado que los hechos que se juzgan son posteriores. Siempre fuera de tiesto cuando se trata de las víctimas y de la memoria histórica de la dictadura franquista. En realidad, Martín Villa fue un alto burócrata de aquel régimen, represor violento de las libertades y los derechos humanos, que siguió, como recompensa por el trabajo hecho, cómodamente sentado en diversos consejos de administración de energéticas y otras grandes empresas. El paradigma de la cara oscura de la Transición. La impostura de Martín Villa, el reverencial trato de políticos y medios aún hoy al personaje, refleja el alto precio de olvidos que pagó la democracia. Y eso es precisamente lo importante. Avanzar en la memoria, reconocimiento y reparación de esas víctimas y situar su verdadero rostro ante el espejo de la verdad histórica por encima de la verdad oficial afinada y apañada.