La homilía navideña de Felipe VI

30.12.2020 | 00:36

Reconozco que hay pocas cosas que se me atraganten más que un rey hablando de ética o moral. Mucho más aún si, como es el caso, quien pontifica al respecto es un Borbón. Porque, vamos a ver, ¿hay alguna cosa más inmoral que ser jefe de Estado por meras razones genéticas y de sexo, que no por mérito, capacidad o elección alguna?

He leído los titulares de distintos medios referidos al discurso de Navidad de Felipe VI y he comprobado cómo en muchos de ellos se ha destacado lo siguiente: "Hay principios morales y éticos que nos obligan a todos sin excepción y que están por encima de cualquier consideración", incluso "las familiares". Todo ello, por supuesto, adobado de un tono regio, serio y profundo. Pienso por ello que habrá tenido que ensayar mucho el discurso, porque tiene ser difícil para un Borbón decir lo dicho sin romper a reír.

Vamos a ver, ¿es moral o inmoral que una persona esté exenta de responsabilidad de todo tipo por la posible comisión de cualquier tipo de delito –fiscal, civil, penal...–, cual es el caso del rey de España? Que levanten la mano los que creen que sí. Y ahora los piensen que no. Resultado: ganan los segundos por goleada. Pues bien, si esto es así, ¿a santo de qué tenemos que aguantar esa monserga borbónica sobre la moral y la ética igual para todos, si quien eso proclama es el primero –y único– en poder pasarse por la entrepierna cuantas leyes y tribunales les son de aplicación al resto de los mortales?

De casta le viene al galgo. En su discurso navideño de 2011, cuando más al pil-pil estaba la investigación judicial del comportamiento pluridelictual de su yernísimo Urdangarín, Juan Carlos I afirmó también con cara circunspecta que "la justicia es igual para todos". Y mientras esto decía, arramplaba comisiones, amontonaba patrimonio y evadía impuestos a patadas, sabedor de que su inmunidad constitucional hacía que esa justicia de la que hablaba era de aplicación a todo el mundo, menos a él. Claro está que a cara no le ganaba nadie, como cuando escenificó aquellos pucheritos de cocodrilo tras el safari de Botsuana: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a suceder".

Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, secretaria de Estado de Interior con Felipe González y actualmente, ministra de Defensa con Pedro Sánchez, es decir, persona trotada y bien trotada en la cosa de los asuntos de Estado, se ha referido recientemente a las andanzas financieras del emérito, señalando que éstas son "absolutamente rechazables desde todos los puntos de vista", si bien ha redondeado su afirmación señalando que, en cualquier caso, "yo hago una apuesta por la monarquía como institución, al margen de las personas".

Lo que ocurre es que la monarquía es precisamente la única institución en la que cargo y persona son absolutamente inseparables. Los presidentes del Gobierno, del Congreso o de las Cortes, por ejemplo, son cargos que tienen fecha de caducidad y se asientan en principios electivos. No es el caso de la monarquía. Algo de esto sabía ya Robespierre quien, a su manera, entendió que la única forma de acabar definitivamente con ella era aplicando la cirugía del Dr. Guillotin. En cualquier caso, señora Robles, ¿de verdad se puede apostar por la monarquía como institución, a sabiendas de que ésta puede estar ocupada por un bribón, un corrupto, un ladrón o un criminal, sin que haya posibilidad alguna de procesarlo y condenarlo?

En su homilía navideña, Felipe VI ha soltado también otra que no tiene desperdicio. Tras alabar "los avances y el progreso conseguidos en democracia" ha calificado el período anterior a ésta, o sea, a los cuarenta años de dictadura, como "un largo período de enfrentamientos y divisiones". Sin embargo, ¿cuáles fueron los enfrentamientos habidos entre los fusilantes y los fusilados, los torturadores y los torturados, los expropiantes y los expropiados, los violadores y las violadas? ¿A quién ha salido este Borbón, a su excelentísimo tato Francisco, acaso?

El pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad (con Franco, Día de la Raza), miembros de Sortu y de distintas asociaciones de migrantes (nicaragüense, ecuatoriana, africana, bolivariana), derribaron un par de imágenes de Cristóbal Colón y Felipe VI, previamente colocadas frente a la sede del Gobierno de Navarra. Se trataba de escenificar el rechazo y condena del colonialismo español, así como el expolio, violencia e imposición cultural parejo al mismo. Una larga fila de jóvenes tirando de una soga atada al cuello de ambos personajes hizo que sus figuras aterrizaran en el suelo y que, como consecuencia del golpe, la de Felipe VI resultara decapitada.

A resultas de ello, doce personas han sido llamadas a declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto "delito contra la Corona". Pues bien, ¡al loro!, porque si bien ese mismo Tribunal archivó hace tan solo un par de años una denuncia policial por quemar fotos de Felipe VI (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había señalado que, sin más, este tipo de quema no es sino una crítica a lo que la monarquía representa), vistos los últimos y sorprendentes chaquetazos jurisprudenciales (repetición del juicio de Bateragune, por ejemplo), se hace del todo necesario arropar a estos jóvenes con el máximo de solidaridad posible.

Las carabelas españolas que hoy arriban en América Latina no son meros cascarones como la Pinta, la Niña y la Santa María, sino multinacionales punteras del IBEX-35 (Telefónica, Repsol, BBVA, Endesa, Santander, Iberdrola...) a cuyo servicio está la política del Ministerio de Exteriores español. Felipe VI es el jefe de Estado que representa lo anterior y enlaza con siglos de dominación y expolio. Por ello, derribar su imagen –¡qué menos!–, no solamente debe enmarcarse dentro del más elemental ejercicio de la libertad de expresión, sino de un deber ciudadano de crítica a un colonialismo de ayer y de hoy y de la necesidad de expresar una solidaridad obligada para con todos estos pueblos.

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