En el desempeño de mi trabajo como arquitecto he comprobado como a través de la incipiente y tan esperada industrialización del sector de la construcción, tan visible últimamente en los medios, hoy día es mucho más rápido construir un edificio que tramitar su licencia. Si realmente se desea evolucionar y solucionar los complejos problemas que afectan al sector de la construcción y muy directamente a la ciudadanía, como el asunto de la vivienda, por poner un ejemplo actual, será necesario revisar también el modo en el que se realizan los controles por parte de la Administración.
Ejercer un nivel de control alto, exhaustivo, supone inevitablemente desplegar unos recursos muy importantes que no siempre se tienen o que no se emplean de forma eficiente. En cualquier caso, los resultados son hoy, lamentablemente en nuestra comunidad, unos plazos inasumibles para un ciudadano que sólo desee hacerse una casa sobre una parcela (10-12 meses) o que desespera al tratar de abrir un negocio en un local comercial (6-9 meses).
Así lo hemos comprobado en un cuestionario entre los arquitectos colegiados de nuestra Delegación del COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro), que revela que la Administración incumple muy a menudo los plazos legales abiertamente o los dilata con prácticas torticeras como requerir cosas banales repetidamente. Nuestro burocrático sistema, tan perfecto y garantista, sólo produce desazón y desánimo, además de un profundo desastre económico para las empresas y la ciudadanía que deben sufrir este Vía Crucis administrativo.
Sabemos que el ámbito legal y técnico de la construcción y las actividades económicas son inevitablemente complejos, pero sin duda puede mejorarse el modo en que se realizan los controles y se otorgan permisos y licencias, con criterios de eficiencia, tal y como se hizo parcialmente con las Declaraciones Responsables. Observando la legislación no encontramos obstáculo a que los expedientes de obras y actividades puedan evacuarse con agilidad si cada cual asume exclusivamente sus competencias. A menudo existe extralimitación en la actuación de la Administración, con la que es difícil dialogar, como hemos comprobado con algunas actitudes arrogantes y no digamos ya pleitear, con un coste desproporcionado para la ciudadanía.
Si el cumplimiento de normas básicas como el Código Técnico de Edificación son responsabilidad última de los técnicos facultativos de acuerdo a la Ley Orgánica de la Edificación, ¿por qué la Administración ejerce una tutela tan implacable como innecesaria, que no hace sino dilatar los plazos? Imaginen que su médico debiera redactar un tratado médico y entregarlo a Sanidad para justificar su diagnóstico y el tratamiento que les dispensa de forma detallada en cada visita.
Por ser concreto. Para edificar y ateniéndonos a la legislación, con un proyecto básico debiera obtenerse una licencia a nivel urbanístico en cualquier ayuntamiento. Si se tratase de un proyecto residencial deberá incorporar además un informe de habitabilidad, competencia del Departamento de Vivienda. Si fuera un proyecto comercial o industrial con una actividad clasificada requerirá uno o varios expedientes sectoriales. Todos los demás aspectos técnicos y constructivos de un proyecto de obras, revisados o no por la Administración, son responsabilidad legal exclusiva de sus redactores.
Y si a pesar de todo fuera necesario un cierto nivel de control como garantía, ¿por qué no se realiza un control estadístico o aleatorio como hace la Hacienda Tributaria, por ejemplo? ¿Por qué no vemos apenas inspecciones in situ en obra, posteriores a la concesión de la licencia como ocurre en otros países? ¿No es esta manera de ejercer el control mucho más eficaz con los recursos a veces escasos de que dispone la Administración? No se hacen controles de alcoholemia a todos los vehículos…
Por contraste, desde el COAVN nos resulta incomprensible la escasa vigilancia o la interpretación laxa que hacen algunos ayuntamientos del marco competencial de los técnicos cualificados (o no) que les presentan sus proyectos. También resulta llamativa la lentitud y falta de recursos asignados por algunas Administraciones en la resolución de algunos expedientes de ayudas europeas, vitales para la ciudadanía como la Rehabilitación y la Eficiencia Energética, que desembocan a veces en la devolución de los preciados fondos….
Si la Administración debe velar por el cumplimiento de las normas y garantizar su aplicación, también es de esperar que lo haga de la forma más coordinada, diligente, eficaz y transparente que sea posible en beneficio de todos. Si no se es capaz de dar una respuesta eficaz y ajustada a un plazo, es mejor, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, simplificar y eliminar exigencias como Cantabria que ha suprimido la cédula de habitabilidad en un proceso de simplificación administrativa.
En resumen, desde el COAVN en Navarra hacemos un llamamiento a la Administración Foral y a los Ayuntamientos para que inicien de forma real y eficaz una reorganización de sus recursos destinados a ejercer el control de las licencias y permisos en el ámbito del urbanismo, para lo que ofrecemos nuestra total colaboración, en beneficio de todos los navarros.
El autor es vocal de la Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
