ES cosa sabida que las escuchas telefónicas, como las armas de fuego, las carga el diablo, sobre todo en estos tiempos en los que la tecnología parece dominarlo todo. El problema viene cuando además de lo que se tiene intención de escuchar aparecen otras conversaciones, por lo general igual de comprometedoras o más, que dejan al descubierto las intimidades más oscuras. Algo así le sucede al presidente italiano, Silvio Berlusconi, que lleva tiempo buscando la forma de evitarlas, y es más o menos lo que le ocurrió durante el verano al máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, al que unas conversaciones grabadas por los micrófonos de la Policía Nacional en el marco de las pesquisas abiertas por el sumario del llamado caso Brugal le pusieron en un considerable apuro.

El asunto original, por explicarlo de forma resumida, investigaba las presuntas irregularidades en las que se vieron envueltos varios dirigentes del PP en Alicante por los presuntos delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos. Mientras la policía, con orden judicial por medio, investigaba y escuchaba las conversaciones de los que más tarde serían imputados en la causa, hubo una llamada del dirigente del Hércules que le vinculaba con la compra de partidos al final de la temporada pasada cuando el equipo alicantino se jugaba el ascenso de categoría.

Vaya por delante que el sumario no siguió adelante por la soberana decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 7, que emitió un auto en el que revocaba la petición del fiscal anticorrupción de trasladar a los organismos deportivos pertinentes las irregularidades descubiertas durante la investigación del caso Brugal. El juez justificó su negativa al entender que, en caso de aceptar la petición de la Fiscalía para entregar las escuchas, podrían vulnerarse derechos fundamentales como el de la intimidad y el secreto de las comunicaciones; también en que las escuchas del caso Brugal no pueden servir de amparo para investigar una infracción administrativa.

100.000 euros Aunque hubiera querido, el juez no habría tenido forma legal para seguir adelante con el sumario como él mismo se encargó se explicar en un auto previo en el que decretó el archivo de la causa al considerar que la vulneración de las competiciones deportivas, a la espera de que entre en vigor la reforma del Código Penal, no son delito.

Y el asunto quedó en nada, aunque en una de las escuchas apareciera la conversación de Enrique Ortiz hablando de 100.000 euros que habría desembolsado al portero del Córdoba, Raúl Navas, para que se dejara perder en el encuentro que midió a ambos conjunto en la jornada 36 de la pasada temporada, y que concluyó con un contundente 4-0 a favor del equipo alicantino.

Según las conversaciones que se hicieron públicas, Ortiz acudió presuntamente a Jorge López, Tote, el capitán de su equipo, para que transmitiera sus ofertas para comprar las derrotas voluntarias de Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo. El futbolista, además, también habría mediado a finales del curso pasado en el intento de pagar primas por la victoria a los equipos que se enfrentaban a los rivales del Hércules por el ascenso a Primera, como el Nastic.

detenciones Aunque la justicia paralizó el asunto, para Ortiz el caso distaba bastante de estar cerrado. El pasado 6 de julio, cuando Pamplona comenzaba sus fiestas, el dirigente herculino, junto a tres concejales del PP de Orihuela, un empresario local y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, fue detenido por una trama de corrupción vinculada con la contrata de basuras. Aunque el asunto sigue su curso en los juzgados, todos ellos fueron liberados por el juez tras prestar declaración y el máximo accionista herculino se pudo dedicar a construir un equipo de garantías para su retorno a la Primera División 13 años después del intento fugaz de la campaña 96-97.

Enrique Ortiz llegó al fútbol a finales de los 90, después de que el alcalde de Alicante, Luis Bernardo Díaz Alperi, le pidiera que se hiciera cargo de un club sumido en una gran crisis institucional que le dejó a la entidad al borde de la quiebra. Tras adquirir el 95% de las acciones salvó al equipo del descenso a Tercera División y de la desaparición, después de sufragar las deudas contraídas con futbolistas, trabajadores y empresas. Saneó al club y evitó que entrara en proceso concursal, al mismo tiempo que ponía las primera piedras para devolver al equipo a la máxima categoría.

En 2004 fue durante un corto intervalo de tiempo presidente del Hércules, tras suceder en el cargo a su cuñado, el médico José Enrique Carratalá Ferrández, pero cedió la presidencia al empresario Valentín Botella Ros que entró en el accionariado del Hércules tras comprarle a Ortiz el 25% del club. En enero de 2007, se inauguró el campo de entrenamiento de Fontcalent situado en unos terrenos de su propiedad en la partida rural de Fontcalent. En mayo de ese mismo año, bajo su mandato el Hércules por medio de Aligestión, recompró al Ayuntamiento de Alicante el estadio José Rico Pérez.

A disposición de Esteban Vigo, el responsable del ascenso, ha puesto un equipo con buen gusto, competitivo y caro, muy caro, como lo demuestran los fichajes de sus tres buques insignias: Trezeguet, Valdez y Drenthe. Con ellos el Hércules tratará consolidarse de una vez en la máxima categoría y parece que no van nada mal encaminados.