Se han unido para luchar contra un problema que va más allá del narcopiso de Monasterio Viejo de San Pedro, un portal donde los vecinos denuncian que desde 2020 se vende droga, sufren problemas de convivencia y se han producido detenciones. Andrea, Iñaki, Sagrario, Roberto, Josune, Diego y María –nombres ficticios– viven en cuatro calles del barrio en las que se trapichea, relatan sus experiencias y piden a las autoridades que se impliquen. “Cada vez proliferan más, como champiñones”, alertan.
Calle Joaquín Lizarraga
Droga y prostitución
En 2018, Javier, jubilado pamplonés de 75 años, alquiló su piso de la calle Joaquín Lizarraga para complementar su pensión. “Debido a su minusvalía trabajaba solo cuatro horas al día”, explican sus hijos Andrea e Iñaki.
En la pandemia, la inquilina, una mujer de 62 años, “montó un narco-burdel” donde se ejerce la prostitución y se vende droga. “La gente consume sexo y también pide speed y whisky. Son puteros, no son yonkis. Piden el servicio que quieren y el acompañamiento”, señalan.
Andrea e Iñaki denuncian que el “narco-prostíbulo” provoca que la vida en el portal sea “insoportable”: timbrazos a cualquier hora del día, ruidos, suciedad, condones en las escaleras o fiestas “los lunes, los martes, los miércoles... Todos los días, todos los días”, se quejan.
Además, este invierno “reventaron” el contador de gas para que corriera sin cobrar. “Las mujeres deben estar en topless para sus clientes mientras fuman porros con las ventanas abiertas. Entonces, claro, necesitan la calefacción a tope todo el rato”, indican. La comunidad de vecinos pagó los gastos de la reparación.
Esta situación ha provocado que vecinos se hayan mudado, otros estén planteando vender su piso y que los servicios de limpieza se niegan a entrar al edificio. “El presidente de la comunidad retira orines él mismo porque la situación ya desborda”, subrayan.
Desde hace tres años, defienden los hijos, la inquilina no abona el alquiler. “No percibimos ningún tipo de ingreso y no le podemos echar”, apuntan.
La inquilina les dice que “solo tiene el dinero justo para comer”, pero, según los hermanos, subarrienda las habitaciones del piso a cuatro mujeres –rotan para deslocalizarlas– que ejercen la prostitución. “Les cobra 250 euros al mes a cada una más los gastos de luz, agua y calefacción. Está policialmente denunciado”, afirman.
La inquilina, entre la comunidad, los propietarios y los subinquilinos del piso; tiene a su nombre una decena de denuncias y Andrea e Iñaki confían recuperar su vivienda. “Si llegamos a ese punto, nos habrá costado una descapitalización por completo de nuestro padre en abogados, juicios y destrozos de los elementos comunes de la comunidad”, afean.
Además, achacan al constante estrés la embolia que sufrió su padre, que se ha recuperado; aunque sigue con medicación.
Marcelo Celayeta
Dos portales en los que trapichean cinco personas
Sagrario y Roberto viven en la avenida Marcelo Celayeta y en sus portales trapichean cinco vecinos. “Cuatro son de poca monta y no molestan, pero el quinto nos da guerra”, comentan.
Este hombre, aseguran Sagrario y Roberto, vende hachís, cocaína y pastillas y el “trajín” de gente es constante porque deja la puerta del portal abierta: “Suben y bajan 40 veces al día. Antes de salir de casa miramos a ambos lados porque no sabemos quién hay dentro. Nos hemos encontrado a personas durmiendo o esperando en el rellano. Te genera inseguridad”, confiesan. Si los portales están cerrados, soportan timbrazos hasta altas horas de la madrugada.
El perfil mayoritario son jóvenes del barrio. “Algunos no llegan a los 18 años, son críos y nos dan mucha pena porque se están jodiendo la vida”, lamentan. El camello también consume y está siendo “su perdición” porque cada vez comete “locuras más graves”, avisan.
Sagrario y Roberto denuncian que les rompen los buzones y se los llenan de comida podrida, condones o latas de cerveza. “Cada vez que hay movida nos fastidian los buzones. No sé ni las veces que los hemos arreglado”, se quejan.
El último incidente se produjo hace dos semanas, cuando uno de ellos lanzó toda clase de objetos domésticos por la ventana. A pesar de ello, ambos vecinas no se plantean mudarse. “Aquí hemos nacido y aquí nos morimos”, adelantan.
Calle Vidángoz
Josune se ha ido del barrio
En 2018, Josune se compró un piso en la calle Vidángoz. Seis años después, abandona la Rochapea debido a la creciente “sensación de inseguridad, intranquilidad y angustia” que impide que el barrio sea “el lugar idóneo” para criar una nueva familia.
En su portal, no se vende ni compra droga, pero sí se ha encontrado a gente “pinchándose” en las escaleras. “No son personas peligrosas, pero la imagen es desagradable”, expresa. En los últimos meses, Josune ha percibido un incremento del patrullaje, redadas y consumo. “Te cruzas con gente a plena luz del día que no se sostiene de pie. Las drogas cada vez son más fuertes. Llamas a la policía, vienen, se ve que lo saben y no hacen nada. Todo sigue igual”, lamenta.
Narcopiso de San Pedro
Atraco a un banco
El narcopiso de Monasterio Viejo de San Pedro continua en funcionamiento y los vecinos siguen sufriendo porque los traficantes les han amenazado con “poner fuego” en el edificio y la vivienda ya no tiene puerta. “La bajó y la tiró al río. La casa está abierta, ha puesto muebles y tablas y sale un olor pestilente”, protesta María.
No obstante, tiene claro que el drogodependiente es “una persona enferma que está enfermando las relaciones vecinales, por lo que ha de ser ingresada y curada. Es responsabilidad también de las autoridades y el juez debe buscar una salida”.
Como se recordará, el 9 de marzo, la Policía Municipal detuvo a R.L.S., de 49 años y a J.A.G., de 39 años, por tráfico de drogas, les imputaron sendos delitos contra la salud pública y el 13 de marzo quedaron en libertad. R.L. S. acumula más de medio centenar de antecedentes policiales, el 29 de mayo fue arrestada por amenazas con arma blanca en una pelea que se produjo en Artica y el 7 de junio volvió a ser detenida tras atracar a punta de cúter una oficina bancaria en la Rochapea y apoderarse de unos 2.000 euros.
Calle Abaurrea Alta
Consumo de gente joven
Diego reside en la calle Abaurrea Alta cerca de un portal donde. defiende, se vende droga. “Casi todos los días sube y baja gente. Le llaman al timbre, les tira la llave desde la ventana o baja ella misma a trapichear,”, apunta.
Al igual que sus compañeros, está preocupado por el aumento del consumo entre los jóvenes del barrio. “Me da mucha pena porque se están echando a perder”, lamenta.
Por eso, pide a todas las instituciones públicas que “no pasen del asunto”. En el piso, asegura, ya han estado tres cuerpos policiales –municipales, forales y nacionales– y no comprende por qué se sigue vendiendo droga. “¿Qué pasa, que cuando van da la casualidad que no encuentran nada?”, se pregunta resignada.
Colectivo RTX Auzolan
Mapa. RTX Auzolan está trabajando en la elaboración de un mapa. “Para hacer frente a la falta de información y que nos ayude a entender la magnitud del problema”, afirman.
Red de apoyo. RTX Auzolan defiende que no se debe estigmatizar a las personas con drogodependencia, “sino construir una red de apoyo y solidaridad y crear propuestas de acción a desarrollar desde las instituciones y el barrio para ofrecer una solución integral”.
“Que nos cuiden”. La iniciativa pide a las instituciones públicas que actúen para que los narcopisos no se conviertan en un problema estructural. “Deben cuidar a la ciudadanía”, indican.
