Dos millones de euros es el coste estimado para arreglar el problema de las filtraciones que periódicamente se producen en la estación de autobuses de Pamplona cada vez que las precipitaciones de lluvia adquieren cierta intensidad.
La cifra ha sido desvelada por el concejal delegado Joxe Abaurrea, después de que la Junta de Gobierno Local haya desestimado este lunes el recurso de reposición interpuesto por la empresa adjudicataria de la estación de autobuses, UTE Estación de Autobuses de Pamplona, que deberá presentar un proyecto básico para ejecución de obras de rehabilitación integral del sistema de impermeabilización de la cubierta ajardinada del edificio.
El plazo termina el próximo 20 de enero de 2025. Esas obras, pendientes de ejecución desde que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictaminara en 2019 que los trabajos son competencia de la empresa concesionaria, tienen un coste estimado de 1,96 millones de euros, que tendría que abonar íntegramente la empresa que construyó y es concesionaria de la explotación la estación de autobuses.
Así lo ha señalado el informe de los servicios jurídicos que ha propuesto desestimar el recurso de la UTE ante el acuerdo de Junta de Gobierno Local del 22 de agosto que les requería ese proyecto, otorgándole un plazo de 3 meses para su presentación.
Ante esta resolución no cabe recurso administrativo por lo que la empresa deberá presentar ese proyecto en la fecha referida, es decir, ese 20 de enero de 2025.
La previsión es que los trabajos para evitar las filtraciones se desarrollen el año que viene y será necesario renovar toda la parte superior de la estación, incluida la zona verde.
Según ha explicado Abaurrea, esta es la solución planteada por los técnicos municipales y por el perito judicial, que la empresa concesionaria de la estación, Vectalia, estará obligada a cumplir.
El problema de las filtraciones en la estación de autobuses viene de lejos y la imagen de los cubos desperdigados por el suelo para contener las goteras se repite, como se observa en la imagen que ilustra esta información, captada el pasado 8 de noviembre.
Desde 2014
Los primeros problemas empezaron en 2014, siete años después de su construcción, cuando comenzaron a detectarse las primeras filtraciones que afectaron a varias zonas del complejo, como el espacio comercial, y dejaron sin uso varias dársenas.
Los informes técnicos que se elaboraron en su momento apuntaban a defectos en la impermeabilización de la estructura, agravados por la superficie ajardinada, que en episodios de precipitaciones constantes filtra el agua hasta las plantas más subterráneas.
El TSJN confirmó en su resolución que a cubierta del edificio presenta importantes filtraciones debidas a una mala ejecución de la obra, imputable a los agentes que intervinieron en la edificación, y no a la solución constructiva elegida en el proyecto municipal.
La sentencia dictamina expresamente que no consta ni proyecto elaborado por el Ayuntamiento ni orden para el modelo de impermeabilización de la cubierta. Por el contrario, mantiene que la determinación del proyecto y su posterior modificación, para colocar el sistema flotante de impermeabilización consistente en láminas de PDM, fueron redactadas por la UTE adjudicataria, que en última instancia era la responsable de su correcta instalación.
Pese a las reparaciones parciales realizadas, el problema ha seguido y la imagen de los cubos desperdigados por el suelo para contener las goteras se repite, como se observa en la imagen que ilustra esta información, captada el pasado 8 de noviembre.
Con la empresa constructora en quiebra, el expediente acabó en los tribunales para determinar quién tenía la responsabilidad del problema y de su reparación.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el último recurso presentado por Vectalia, que ahora debe afrontar el coste de la intervención.
La estación se inauguró en 2007 y costó 38,5 millones de euros, de los cuales Gobierno de Navarra y Ayuntamiento costearon 27,5. La adjudicataria de la gestión de la estación por 40 años fue UTE Azysa y Gea 21, sin embargo, en agosto de 2014, tras declararse Azysa en concurso de acreedores, la gestión pasó en “cesión onerosa” al grupo alicantino Vectalia, a través de sus empresas Autobuses Playa San Juan SA y Subus Grupo de Transporte SL. Pagó 6,5 millones de euros para su gestión los 33 años restantes.
