Borja Roldán, pamplonés de 37 años y ahora en paro, está estudiando una oposición a bombero, a la vez que está metido de lleno en desentrañar las irregularidades de las VPO de Maristas para defender los derechos de los adjudicatarios.

Así fue su caso: “Llevábamos unos años en el censo de vivienda y no nos había tocado nunca”, recuerda. Con su pareja -tienen una hija de 2 años- han pagado ya 35.000 euros por la VPO. “Al principio nos chocaba esta manera de autopromoción, pero no me chirrió”, explica, porque conocía otros ejemplos de cooperativa de VPO en Lezkairu.

“Se trataba de ahorrar costes, te quitabas la figura del promotor, y así se evitaba la especulación”, pensaron. Todo normal, más aún, “porque veníamos derivados de Nasuvinsa y entendíamos que estaba todo súpercontrolado”, detalla.

"Falta de transparencia"

Después de meses de silencio, se fueron dando cuenta: “En una asamblea de marzo de 2024 dejaron caer que los números no daban”, y de hecho, ya este febrero de 2025 a una representante de la gestora “se le escapó que entonces ya sabían -explica- que iba a haber sobrecostes”. Pero, en esa falta de transparencia por parte de Arrasate que denuncian, Borja se enteró de las derramas propuestas por la gestora en la calle, por otro compañero. “Esto en plenas Navidades fue un palo enorme”, dice y añade que “encima me dijeron ‘o lo aceptas y se disuelve la cooperativa’, cuando luego te enteras de que la gestora no tiene potestad para disolver”.

Demasiadas irregularidades. Por eso, “o el Gobierno interviene la cooperativa o se inventan algo, porque no vamos a poder asumir una locura así. Nosotros hemos cumplido lo que marca la ley y estamos desamparados por las instituciones. Que les obliguen a ellos a ajustarse al precio del módulo”.