MADRID. La inspectora jefe de la Oficina Antifraude, Margarita García Valdecasas, declarará este lunes como testigo en el "caso Rato" para ratificar la denuncia inicial contra el exvicepresidente del Gobierno en la que se le acusaba de cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha convocado a las 10:30 horas a la responsable de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) en la primera declaración en el marco de esta causa.
Serrano-Artal decidió llamarla de oficio al mismo tiempo que levantaba el secreto del sumario sobre la pieza documental de la investigación que abrió a Rodrigo Rato, en la que consta todo lo incautado en su domicilio y su despacho.
Después, la Oficina Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, y que instó la detención de Rato el pasado 16 de abril, deberá realizar otro informe sobre esa documentación, que deberá delimitarse a los hechos y personas a los que aludía en la primera denuncia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Mientras tanto, el juez ha delimitado al fraude fiscal esta investigación, descartando por el momento los delitos de blanqueo de capital y alzamiento de bienes.
Lo hizo en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular porque la "relevancia social" de Rato no es requisito suficiente para ello.
"De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia" a la que alude la asociación para formar parte de la causa "no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado", lo que resulta "a todas luces insuficiente" para admitir su personación.
Recordaba que la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que sería el que podría tener una relación "genérica" con "los casos más importantes de corrupción" que dice perseguir Adade.
"El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", subraya el magistrado, que explica que se trata de "un delito determinado sin relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción" del que el perjudicado "concreto" es "el Estado, representado por la Abogacía del Estado", ya personada.
A ello se suma el hecho de que al asumir la competencia del caso, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el de blanqueo no estaba "mínimamente aquilatado", a lo que la Audiencia madrileña añadió que "no se sostiene" la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del "caso Bankia".
No obstante, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, a la que el juez encargó que colaborara con la Agencia Tributaria en el rastreo de un delito de blanqueo, continúa escaneando y analizando ese material antes de exponer sus conclusiones, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Por esta causa, el juez ordenó el embargo de todas las cuentas del ex director gerente del FMI, que deberá abonar una fianza de 18 millones si quiere levantar el bloqueo.
El que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP recurrió esta medida cautelar y la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto resolver el pasado 6 de julio, aunque lo aplazó al pedirle más información al exbanquero, han informado a Efe fuentes jurídicas, que han añadido que tomará una decisión en breve.
