El Gobierno de Navarra logró ayer el aval del Parlamento al proceso de estabilización de 3.588 plazas en la Administración foral. Los puestos deberán salir ahora a concurso o concurso-oposición antes de que finalice este año, y el proceso deberá estar culminado antes del 31 de diciembre de 2024. De ellas, 2.889 (80,5%) corresponden a procesos selectivos a realizar por el sistema de concurso de méritos, y 699 (19,5%) a procedimientos de concurso oposición. En cuanto al destino, 1.417 corresponden a personal sanitario, 766 plazas son de personal docente no universitario y 1.405 plazas del resto de puestos de la Administración.

La OPE se enmarca en la denominada Ley Iceta, que a instancias de la UE busca flexibilizar los trámites administrativos para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, que en Navarra alcanza el 43%. “Nos dotamos de un instrumento fundamental para la drástica reducción de la temporalidad que redundará en la motivación de los empleados públicos y en la calidad de los servicios públicos, al tiempo que ejercemos nuestra capacidad autogobierno”, celebró ayer Javier Remírez.

Pero la ley no ha estado exenta de polémica. De entrada, ha habido que tramitarla como legislación ordinaria para poder introducir algunos cambios. Ayer fueron aprobadas 11 enmiendas, la gran mayoría a instancias de EH Bildu, en las que, entre otras cuestiones, se duplica la puntuación que el decreto inicial daba a los interinos que hubieran aprobado una oposición pero no hayan logrado plaza fija. Además, se abre un nuevo proceso selectivo, que se llevará a cabo en 2025, para cubrir aquellos puestos ocupados por personal fijo que puedan quedar vacantes tras la OPE. También se incluye una exigencia de responsabilidades para aquellas entidades públicas que a partir de ahora abusen de la temporalidad.

El resto del decreto queda como estaba desde el principio, dentro de los márgenes que fijaba el Estado que ya de por sí eran bastante limitados. Lo que ha generado algunas críticas de los socios del Ejecutivo foral, que han reprochado al PSN un excesivo seguidismo del Gobierno central. “No nos gusta ni el tratamiento que se da a los idiomas ni cómo se ha ejercido el autogobierno”, criticó Adolfo Araiz (EH Bildu), que consideró insuficiente el número de plazas que se van a estabilizar. Pese a todo, tanto la formación soberanista, con su abstención, como el resto de socios del Ejecutivo han acabando facilitando su aprobación como mal menor y para no poner en riesgo todo el proceso.

Como era previsible, solo Navarra Suma ha vuelto a quedar fuera de la aprobación de una ley, esta vez con el argumento –falso– de que el “el euskera va a ser determinante para el acceso a los puestos a estabilizar”. Algo que no sorprende ya a estas alturas de la legislatura en la que, más allá de las diferencias, el Gobierno sigue aprobando todo lo que lleva al Parlamento. l

Las plazas

3.588

La ley estabiliza 3.588 plazas de la Administración foral actualmente ocupada por interinos. Afecta no obstante también a las entidades locales y a las empresas públicas, por lo que la cifra final será superior.

Internidad

l Reducir el 43%. Según datos del Gobierno, con esta medida se pasará de un 43% de temporalidad a un 10% en la Administración Núcleo, un 13% en Salud y un 8% en Educación.