La oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha echado a andar. Tras cuatro años de retraso y un vergonzoso intento fallido en 2019, el Parlamento invistió este viernes a Edurne Eginoa Antxo (Pamplona, 19 de octubre de 1971) como directora de la institución, que casi sin quererlo ha pasado de ser un objetivo electoral para las fuerzas del cambio desde 2015 a una herramienta con interesantes posibilidades en 2022. En un principio, la oficina iba a ser una institución independiente encargada de prevenir de conductas irregulares en el día a día de la gestión política, en un contexto de escándalos políticos protagonizados por los Gobiernos de UPN. Pero ahora, tras una pandemia y con un colosal volúmen de trabajo administrativo en forma de fondos europeos, la oficina encaja a la perfección con una de las líneas que, precisamente, la Unión Europea ha subrayado como vital: que todos los proyectos que se paguen con dinero de la UE se sometan a un escrupuloso proceso de control del fraude y las malas prácticas. La encargada de desarrollar el organismo va a ser Edurne Eginoa: jurista con más de 25 años de experiencia y que fue directora general de Presidencia entre 2015 y 2019.

¿Cuáles son los objetivos de la oficina?

Sobre todo, velar y favorecer una cultura de buenas prácticas en la gestión de la Administración. Debe ser una gestión íntegra, y para ello quiero poner el acento en la prevención, sobre todo en lo que tiene que ver con riesgos de fraude y corrupción. También nos va a tocar aprobar un código ético que se aplicará a todas las administraciones públicas navarras.

Ese código ético se extenderá a sindicatos y partidos.

Sí. A todo organismo susceptible de recibir dinero público.

La oficina se encargará de identificar los riesgos antes de que se cometan los errores, ¿no?

Sí. Es algo que ahora mismo está de plena actualidad porque es en lo que insiste la Unión Europea para los fondos de recuperación. Se va a exigir un plan de medidas antifraude que identifique lo que han denominado como banderas rojas.

Los planes del Gobierno central para los fondos de la UE tienen un capítulo específico para todo esto.

Ahora va a pasar a ser una obligación. También la oficina va a reforzar mucho la capacidad de denuncia, con especial mención a la necesidad de establecer canales de denuncia tanto internos como externos. Y eso la Ley de la Oficina lo prevé con la posibilidad de crear lo que se ha llamado un buzón.

¿Qué política le gustaría llevar al frente de la oficina?

Creo que lo más importante es reforzar la prevención y la formación. Hay una figura en la ley, que es la del asesor formador. Necesitamos que dentro de las administraciones se interiorice que tenemos que gestionar lo público con integridad, que tiene que prevalecer lo público frente a los intereses privados.

¿Le toca a la oficina fijar la hoja de ruta de las buenas prácticas en lo público?

Sin duda. En la Administración hay que cumplir la ley, por supuesto. Pero hay que tener una predisposición. Tenemos una función de asesoramiento y acompañamiento a las instituciones para no solo cumplir la ley, sino para hacer una buena gestión.

¿Qué es lo primero que va a hacer la oficina?

El Gobierno de Navarra tiene que poner los medios a disposición de la oficina. Hemos tenido algún contacto para fijar una sede física y crear una página web. Y también hemos hablado de poner cuanto antes en funcionamiento el buzón de denuncias. Además, en seis meses el Gobierno debe aprobar el reglamento de funcionamiento de la oficina. Hay que redactarlo de inmediato, porque esa va a ser la base para determinar los puestos de la oficina, cómo va a funcionar... y sin recursos materiales o humanos, la oficina no podrá cumplir sus funciones.

¿En qué punto se encuentra la redacción de ese reglamento?

La redacción comienza una vez hay directora (sonríe). El reglamento lo aprueba el Gobierno, pero a propuesta de la oficina. A partir de ahora va a ser cuando empecemos a redactarlo.

¿Qué necesita un órgano de este tipo para echar a andar?

Hay que desarrollar lo que ya establece la ley: los puestos de formador asesor, los de inspectores, la dirección adjunta, el personal administrativo de apoyo... ahora es cuando definiremos las necesidades.

¿El hecho de que haya un mandato europeo ayudará a una mejor financiación de la oficina?

No sé si habrá fondos específicos desde Europa. Pero la oficina tendrá que contar con fondos necesarios para hacer esta función por parte del Gobierno.

Hay quien ha planteado que la oficina puede solapar la tarea de Comptos.

Las competencias de la oficina son sin perjuicio de Comptos y el Defensor del Pueblo. Además, se establece una colaboración continua entre las tres instituciones. De hecho, antes del 31 de enero de cada año, la oficina dará traslado de su programa de actuaciones para evitar duplicidades. Va a haber colaboración y ayuda mutua.

¿El trabajo de Comptos es a posteriori, para entendernos, y el de la oficina será preventivo?

Sí. Preventivo y formativo.

Si detecta alguna irregularidad, ¿qué hará la oficina?

Tenemos obligación de dar traslado al Ministerio Fiscal o al juzgado competente si vemos indicios de delito. Si hay indicios de responsabilidad contable, al Tribunal de Cuentas. Eso todo está claro en la ley. Nuestro capítulo de sanciones solo se aplicará en todos aquellos casos con infracciones pero que no tienen una dimensión judicial.

¿Qué peso va a tener la oficina en la gestión de los fondos europeos?

Vamos a ser importantes para detectar riesgos y establecer medidas preventivas ante posibles malas prácticas. Y una vez detectemos riesgos, adoptaremos medidas y sobre todo vigilaremos que estas medidas preventivas se cumplen y que producen resultados. l


Jurista. Nacida en Pamplona el 19 de octubre de 1971, es natural de Orbara, en Aezkoa. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra, y después cursó una suficiencia investigadora sobre Medio Ambiente en la UPNA, donde también estudió en profundidad el Derecho Civil Foral. Desde 1996 es secretaria del Ayuntamiento de Orbaitzeta y Orbara, trabajo que interrumpió en 2015 cuando fue nombrada directora general de Presidencia y Gobierno Abierto.