Como si fuera la líder de la oposición en puertas de unas generales. Así plantea el 28-M Isabel Díaz Ayuso, a modo de plebiscito contra el Gobierno de coalición y señalando el camino a Alberto Núñez Feijóo al reclamar la derogación o reforma de una decena de leyes de ámbito estatal que se han impulsado en la presente legislatura y que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, “atentan contra el ahorro y los proyectos de vida” de la ciudadanía.
Toda una declaración de intenciones sostenida en las previsiones en las urnas, donde la lideresa apunta a una mayoría absoluta que, en función de otros resultados, podría poner en aprietos a su propio jefe de filas en Génova. En un desayuno informativo explicitó todas las normativas que aspira a fulminar bajo una dicotomía: “O Sánchez, o España”.
SUS PRETENSIONES
En primer término, Ayuso pretende suprimir la ley Celaá, la de Universidades, la de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Convivencia Universitaria, “porque en lugar de buscar la excelencia y la igualdad de oportunidades a través de leyes de calidad, ceden a nacionalistas, ideólogos y asamblearios”.
Aboga además por meter mano en la de Diversidad familiar, Memoria Democrática y la de Bienestar Animal, porque “desde el mismo nombre buscan hacer ingeniería social, al margen de los médicos, del rigor científico y jurídico para polarizar la sociedad, y pagar favores a extremistas, en lugar de solucionar problemas sociales y ayudar a quien más lo necesita”.
La líder del PP madrileño aludió a la eliminación de la sedición, las rebajas de penas por malversación, la politización de la Justicia, o “los pactos con Bildu” porque “minan irreparablemente el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, y han merecido –sostiene ella– la crítica severa de organizaciones internacionales y de la Unión Europea”.
Apuesta Ayuso por derogar “los impuestos especiales a las grandes fortunas, a la banca, a las empresas energéticas, la ley de vivienda y la reforma laboral” porque van contra “la prosperidad y la libertad y el ahorro de las familias, y están hechas de espaldas a la realidad económica mundial, solo para complacer a grupos políticos marginales y mantenerse Sánchez en el poder”.
A su juicio, el líder del PSOE “y los socios que le sustentan, desprecian la verdad, mienten en sus comparecencias y no admiten preguntas o excluyen a periodistas no dóciles; además, maquillan las estadísticas, manipulan el CIS, blanquean a criminales y dictadores de hoy, mientras desentierran a los muertos del pasado”.
Todo un hilo de descalificaciones desenfrenadas a las que Ayuso añadió: “Ellos legislan a favor de la eutanasia, pero se desentienden de los enfermos terminales, como los que padecen ELA y llevan más de un año esperando que su ley entre en vigor”, dijo, arrogándose que desde la Comunidad defienden “la vida y la dignidad humana” y creen que “cada hombre, cada mujer, es único e irrepetible”.
RÉPLICA DE PATXI LÓPEZ
A esto respondió después el portavoz del PSOE, Patxi López, para quien los ataques de Ayuso al concepto de “justicia social” es “lo más inmoral que he oído últimamente” y resume el ideario del PP, al que ve “desnortado, descarrilado, con miedo y sin liderazgo”.
Pero la lideresa prosiguió con que la aportación de la izquierda y su ideología de género ha sido “suprimir el concepto de familias numerosas, que han pasado a llamarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza”. Considera que “es un desprecio a una denominación con casi un siglo de historia” y avisó de que ella mantendrá el concepto.
“Los poderes públicos no estamos para instrumentalizar la familia, sino para servirla en todo lo que podamos. Estamos para ayudarlas a llegar a fin de mes, a encontrar vivienda, colegio o asistencia sanitaria, o a empezar de nuevo cuando sus proyectos se han derrumbado”, sostuvo sin rubor, y tomándose tiempo hasta para hacer mofas al rechazar la semana laboral de cuatro días: “¿Por qué no tres, o mejor dos? Podemos acabar por no ir a trabajar y que nos paguen todo”.
SOBRE BILDU
En su alegato hubo hueco hasta para los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ya que cree que todos los Ejecutivos, desde la Transición, “no han sido “capaces de ver con perspectiva” las intenciones de los nacionalistas de “dinamitar todo lo acordado”, advirtiendo de que la intención de Bildu es “instalar una dictadura de ultra izquierda en el País Vasco desde la que no dudarán en reclamar con afán expansionista otras provincias españolas y partes de Francia”. En este punto culpó a José Luis Rodríguez Zapatero: “Bildu se disfrazó de partido democrático y después de tomar distintos nombres, supo puentear el sistema para instalarse como un proyecto político más”. Ayuso certificó que donde mejor se desenvuelve es en el chapapote político.
Moncloa entra al choque y lleva al TC una ley de la ‘lideresa’
El Gobierno de Pedro Sánchez entró ayer al choque con el Ejecutivo madrileño al aprobar en el Consejo la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad por considerar que recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, indicó que existen vulneraciones constitucionales de carácter procesal, de invasión en el ámbito regulatorio del Estado y de ruptura de la reserva de Ley orgánica. Añadió que se pidió informe al Consejo de Estado que concluyó que existen fundamentos jurídicos para proceder a la impugnación de esta ley del gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor, como es la ley de eutanasia, sino que en ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgica o transfusión de sangre”, valoró.
Con la norma madrileña, que entró en vigor el pasado febrero, el Ejecutivo autonómico obliga a las personas con discapacidad a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas. El Gobierno de Sánchez considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al propio Estado.
A su vez, el PSOE madrileño interpuso una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid contra la Ayuso, su vicepresidente Enrique Ossorio y el consejero de Presidencia, Enrique López, por vulnerar la “neutralidad de los poderes públicos” en las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno y el uso de las redes sociales institucionales. “Tienen un claro elemento electoralista y de confrontación con el Gobierno de España en relación con su política legislativa”, sostienen.
