UPN intenta limitar los turnos de intervención de los miembros del Gobierno en el Parlamento

Hasta ahora había sido siempre así. Aunque en ocasiones los miembros del Ejecutivo acuden a petición propia, la gran mayoría de las comparecencias en comisión son a petición de los partidos, generalmente de la oposición, que reclaman explicaciones por algún tema concreto. Tras una breve intervención del solicitante, el consejero o consejera tiene media hora para intervenir, tras la cual toman la palabra todos los portavoces. Después, era el Gobierno quien cerraba el debate con un turno de palabra sin derecho a más réplicas.

Esto se modificó en la última reforma del reglamento, que ha entrado en vigor con la nueva legislatura, y que habilita un nuevo turno de palabras si lo solicita alguno de los portavoces de los siete grupos parlamentarios (UPN, PSN, EH Bidu, Geroa Bai, PPN, Contigo y Vox).Y aunque la propuesta inicial pasaba por finalizar aquí las comparecencias, la redacción final ha dejado abierta la puerta a un turno de cierre por parte del Gobierno. 

Así lo apunta el informe elaborado por los juristas del Parlamento. “Podría señalarse que la intervención de los miembros de Gobierno no se prevé expresamente en el Reglamento, si bien, del propio precepto se deriva su posible intervención, pues se refiere a un nuevo turno para realizar preguntas u observaciones”. Es decir, no se puede negar la palabra a los miembros del Gobierno en un último turno si algún grupo parlamentario le ha planteado alguna pregunta directa. A fin de cuentas, para eso se les ha llamado al Parlamento. Y siempre habrá algún grupo que lo haga, aunque solo sea por dejar cerrar el debate al Gobierno.

Presidencias de comisión

Esta cuestión ya ha generado controversia en las primeras comparecencias que han tenido lugar esta semana. Las diferencias entre los socios del Gobierno y EH Bildu a la hora de organizar las comisiones ha dejado su presidencia en muchos casos en manos de parlamentarios de UPN, que han empezado a hacer valer su cargo para condicionar los debates.

A varios consejeros por ejemplo se les ha negado el segundo turno de réplica, y varios portavoces de los grupos del Gobierno han mostrado su queja porque desde la presidencia los regionalistas están coartando sus intervenciones. 

De hecho, el socialista Javier Lecumberri ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento en el que denuncia la “actuación excesiva, arbitraria y contraria al reglamento” por parte del presidente de la comisión de Industria, Miguel Bujanda, durante la sesión del pasado miércoles. Lecumberri afimra que el presidente de la comisión, de UPN, interrumpió su intervención, le quitó el turno de palabra y le impidió continuar bajo amenaza de expulsión si continuaba hablando sobre cuestiones que, a juicio de Bujanda, estaban “fuera de contexto de la comisión”. 

El socialista se queja además de que el representante de UPN impidió al consejero Mikel Irujo dar respuesta a las preguntas que le había planteado el propio Lecumberri “en contra de la interpretación del informe” de los juristas de la Cámara. Por ello, solicita a la Mesa que “se hagan cumplir las disposiciones” del reglamento.

Pero como todo es interpretativo, la última palabra la tiene la Mesa y Junta de Portavoces, que este lunes deberá tratar ambos escritos. El de UPN, pidiendo que los debates se cierren con la intervención de los partidos sin réplica por parte del Gobierno; y el del parlamentario del PSN, que reclama evitar el “abuso” por parte de las presidencias de UPN y garantizar la réplica del Gobierno. 

La decisión queda ahora en manos de EH Bildu, cuyos votos inclinarán una vez más la balanza hacia el lado del Gobierno o de la oposición. Y aunque la polémica no tiene mayor recorrido político –puede haber margen de recurso por la vía judicial–, supone un primer aviso por parte de UPN, que va a aprovechar cualquier resquicio, incluidas las presidencias de las comisiones del Parlamento, para hacer oposición a la labor del Gobierno de Navarra.