Tensión entre los socios de coalición en Navarra por el profesorado de Religión

La presentación el pasado martes de una proposición de ley para derogar la Ley Foral 15/2022 sobre el profesorado de Religión ha vuelto a tensar las costuras del Gobierno de Navarra. La iniciativa, registrada por PSN y Contigo-Zurekin sin la firma de Geroa Bai, ha abierto un choque político que no se ha centrado tanto en el fondo del debate como en la forma de abordarlo y en el cumplimiento literal del Acuerdo Programático que sustenta la legislatura, en el que figura la “revisión y, en su caso, derogación” de la ley “con el objetivo de adecuar la contratación del profesorado a la matricula, currículum y planificación educativa, igual que el resto de especialidades”.

Desde Geroa Bai, su portavoz parlamentario, Pablo Azcona, ha recordado lo que figura en el acuerdo entre los socios, considerando que la formulación obliga a una fase previa de análisis que no se ha producido. En esa clave, Azcona ha advertido de que legislar sin datos supone “hacerlo a ciegas” y ha subrayado que su grupo ha solicitado información detallada al Departamento de Educación sobre la situación laboral del colectivo, la carga lectiva real, la planificación de centros y el encaje de estas contrataciones en el sistema educativo.

El contexto político en el que se ha producido el movimiento tampoco pasa desapercibido para Geroa Bai. Azcona ha situado la iniciativa en un momento de especial presión sobre el consejero de Educación, Carlos Gimeno, con numerosos conflictos abiertos en el ámbito educativo, como el CREENA, el Conservatorio Superior de Música o la FP Dual, con movilizaciones constantes de toda la comunidad educativa en contra de su gestión. En ese marco, el portavoz ha alertado contra las “cortinas de humo” y ha reclamado que el sistema necesita “datos, soluciones y diálogo”, no gestos apresurados.

"Dos millones anuales"

Desde el PSN, su portavoz Ainhoa Unzu ha rechazado de plano esa lectura y ha defendido que la proposición de ley responde al cumplimiento de un compromiso de legislatura cuando queda menos de un año para su final. Los socialistas han argumentado que la ley de 2022 supuso un “blindaje” injustificado del profesorado de Religión, contrario a la equidad y a la buena gestión de los recursos públicos, y han cifrado en unos dos millones de euros anuales el coste de lo que consideran un exceso equivalente a 43 jornadas docentes. Unzu ha asegurado que esos datos han sido trabajados y debatidos y que existen informes internos del departamento que los avalan.

En términos similares se ha expresado Contigo-Zurekin. Su portavoz, Carlos Guzmán, ha enmarcado la iniciativa en la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y en la necesidad de dimensionar las plantillas a las necesidades reales del sistema. La coalición ha reiterado la cifra de entre 43 y 44 jornadas excedentarias, con un coste aproximado de dos millones de euros, y ha planteado incluso al Arzobispado que explore soluciones alternativas para el colectivo afectado fuera del horario escolar.