pamplona - Más de 6.000 dependientes navarros, de las 13.771 personas valoradas, podrán desgravar por esta circunstancia en el IRPF; desgravación que se equipara a la que ya realizan las personas con discapacidad igual o superior al 65%. La nueva medida anunciada ayer por el Gobierno supone para las arcas forales recaudar en torno a 3 millones de euros menos pero se enmarca en el paquete de mejoras que se quiere aplicar a las personas con dependencia y que, tal y como ayer anunció el consejero de Derechos Sociales y vicepresidente del Gobierno, Miguel Laparra, se completa con la recuperación de las ayudas que fueron declaradas incompatibles a finales de 2011. Esta desgravación fiscal aparecerá en las declaraciones del IRPF de 2016 que se realizarán en la primera de 2017.

La media de las deducciones fiscales previstas supera a las ayudas directas que se reciben por dependencia. “Con ello -apuntó Miguel Laparra- se está demostrando que la reforma fiscal no es solo un elemento recaudatorio sino que tiene una fuerte voluntad redistributiva”. El consejero añadió que es una propuesta que venían solicitando la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y el Defensor del Pueblo. Esta desgravación puede aplicarse tanto en la declaración de la personas dependiente (mayor deducción por mínimo personal a aplicar en su declaración; incremento del 100% en la deducción por trabajo; deducción por obras necesarias por esta circunstancia en la vivienda; mayor límite de rentas a efectos de la posible deducción por adquisición de vivienda; deducción por cuidado del propio sujeto pasivo; y aplicación de una menor retención) como en la declaración de quien conviva o mantenga al dependiente (deducción por mínimo familiar en caso de convivencia, que no tenga rentas superiores al IPREM; deducción por cuidado de descendientes o ascendientes; mayor límite a efectos de aplicar la tarifa separada en caso de anualidades por alimentos; y aplicación de reducciones por aportaciones a planes de pensiones a favor de dependientes).

Esta desgravación fiscal, que beneficiará por igual a todos los dependientes sea cual sea su grado (moderado, severo o gran dependiente), ha entrado en vigor este mes con la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Navarra, indicaron ayer el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu. Tal y como informaron en rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, a la que asistió también Uxue Barkos, solo accedían a estos beneficios fiscales quienes tenían reconocida la discapacidad o, por asimilación, quienes disfrutan de prestaciones públicas por incapacidad. Así, se equiparaba a una discapacidad de al menos el 33% a quien tuviera una pensión por incapacidad permanente total, y de más del 65% para grados de absoluta o gran invalidez. Por contra, no existía una asimilación similar con la dependencia, lo que remedia la reforma fiscal.

más mejoras Aunque el reconocimiento de la dependencia y el grado de discapacidad obedecen a procedimientos, derechos, normativas y personal valorador diferentes, el 99,95% de las personas con dependencia que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad (generalmente para acogerse a las desgravaciones fiscales) obtienen un grado de discapacidad igual o superior al 65%. El Gobierno espera reducir los tiempos de valoración de la discapacidad de los cinco meses actuales a dos, puesto que los dependientes no van a necesitar ser valorados de nuevo como personas con discapacidad para poder desgravar. Estima el Gobierno que una de cada tres solicitudes de reconocimiento de discapacidad estaba motivada en la necesidad de acreditarla para optar a las desgravaciones. También se les evitará a los dependientes el procedimiento burocrático y desplazamientos para obtener el grado de discapacidad.

Esta reforma fiscal forma parte de un paquete de medidas más amplio para beneficiar a los dependientes. Así, los dependientes, en función de sus rentas, podrán compatibilizar el servicio de ayuda a domicilio con el centro de día, y las ayudas para asistente personal y residencia.

deducciones de tres casos, ejemplos dados por el gobierno foral

dependiente sin empleo y pensión

Circunstancia personal. El Gobierno puso tres ejemplos de los beneficios fiscales para los dependientes. Primer caso: persona dependiente que no ha solicitado discapacidad; soltera, de 55 años; que no está activa profesionalmente y cobra como único ingreso una pensión que arroja una base liquidable de 32.000 €.

Deducción. Al aplicar la tarifa resulta una cuota de 7.760 euros, a la que habría que descontar una deducción por mínimo personal de 3.447 €. Antes de la equiparación fiscal de la dependencia a la discapacidad habría sido de 972 €, precisa el Gobierno foral.

2.475

Euros. Es el beneficio cuantificado para este ejemplo.

dependiente con empleo

Circunstancia personal. El segundo ejemplo es: persona dependiente que no ha solicitado la discapacidad, soltera, de 55 años activa profesionalmente que cobra como único rendimiento por su trabajo 35.000 € que, descontados los gastos deducibles, arrojan una base liquidable de 32.000 €.

Deducción. Al aplicar la tarifa resulta una cuota de 7.760 €, a la que habría que descontar una deducción por mínimo personal de 3.447 euros y la deducción por trabajo, que también se ve incrementada hasta 1.400 euros. Antes de la medida, estas deducciones habrían sido respectivamente de 972 y 700 euros.

3.175

Euros. Beneficio cuantificado para este ejemplo.

Viudo, convive con su hija

Circunstancia personal. Tercer ejemplo: dependiente, viudo de 80 años, rentas inferiores al IPREM y convive con su hija. En este caso, se beneficiará la hija en su declaración de renta a través de la deducción por mínimo familiar, que ahora aumenta. Si la hija, de 50 años y activa profesionalmente, cobra como único ingreso 35.000 €, que descontados los gastos deducibles, arrojan una base liquidable de 32.000 €.

Deducción. Al aplicar la tarifa resulta una cuota de 7.760 €, a la que hay que descontar una deducción por mínimo personal de 972 €, y, la deducción por mínimo familiar, que pasa de 525 a 2.643 €.

2.118

Euros. Es el beneficio por la medida.