Amavir destinó el año pasado 1,76 millones de "urgencia" para "evitar el cierre" de la residencia de Betelu

La empresa ha asegurado en una nota que mantiene su "compromiso" con el Ayuntamiento de "seguir gestionando la residencia siempre que se consigan revertir las pérdida".

Miembros de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra han visitado este viernes la residencia para conocer las instalaciones del centro y mantener una reunión con sus accionistas (Amavir y Ayuntamiento de Betelu).

Según la compañía, el año 2017 cerró con unas pérdidas de 56.999 euros y las pérdidas acumuladas a 2016 ascendían a 1.334.035 euros. Ante estas cifras, la compañía, tras la entrada del nuevo accionista en 2017, "tuvo que inyectar 1.764.708 euros para que la sociedad no entrara en situación de disolución legal".

Amavir ha manifestado a los parlamentarios "el firme compromiso social" que tiene con el Ayuntamiento de Betelu y el Gobierno de Navarra para "seguir gestionando la residencia siempre que se consiga el equilibrio presupuestario".

Según ha manifestado la directora general adjunta de Amavir, Lourdes Rivera, "no buscamos beneficio en esta residencia, pero lo que no podemos es seguir acumulando pérdidas después de 14 años". "Desde la empresa se ha trabajado en los últimos años en esta dirección, intentando aumentar los ingresos vía ocupación y consiguiendo más plazas concertadas, lo que se ha traducido en que las pérdidas, aun manteniéndose, hayan disminuido (pasando de 274.405 euros en 2013 a 56.999 el año pasado)", ha explicado la compañía.

En este escenario, si la residencia consiguiera entrar en números positivos, la empresa ha ofrecido a los sindicatos "revertir los posibles beneficios en mejoras salariales para la plantilla, algo que han rechazado", según la compañía.

En cualquier caso, y "en la búsqueda de soluciones", empresa y ayuntamiento han expuesto a los parlamentarios que si el Gobierno de Navarra concertara todas las plazas del centro "esto permitiría revertir el déficit y mejorar para la plantilla las condiciones salariales, para lo que han pedido su intermediación". A finales de marzo, además, concluye el programa Residen y "puede correrse el riesgo de que el nuevo modelo de concertación no tenga en cuenta las especiales necesidades del entorno rural", ha apuntado Amavir.

A continuación, la empresa ha señalado que "si las pérdidas continúan, esto podría llevar al escenario (no deseado ni por Amavir ni por el Ayuntamiento) de disolución de la sociedad y cierre de la residencia". "Esta realidad se ha expuesto de forma reiterada a los sindicatos desde el año 2013, cuando se pasó al convenio estatal de residencias como medida de urgencia. Un convenio que, en cualquier caso, no puede ser tachado bajo ningún concepto de miserable, como se manifestó en la comparecencia parlamentaria -por parte de algunos trabajadores-, puesto que es el que se aplica en toda España y en otras muchas residencias de Navarra y que, además, ha sido consensuado por patronal y sindicatos a nivel nacional", ha asegurado.

Amavir ha lamentado "la actitud de determinados sindicatos que, con la premisa del ataque sistemático a la empresa privada, consideran que la compañía se está lucrando, acusándola de mentir".

Según ha manifestado la directora general Adjunta de Amavir, "se niegan a reconocer la realidad económica del centro, aun cuando se les han presentado todas las cuentas auditadas externamente". "Se niegan también a valorar el esfuerzo que están realizando empresa y ayuntamiento por mantener la residencia y los puestos de trabajo, negándose a escuchar las mejoras que les hemos ofrecido. Se permiten lanzar acusaciones falsas e irresponsables que pueden conducir al cierre del centro, lo que sería una gran pérdida para el municipio, a nivel asistencial y también de puestos de trabajo", ha afirmado.

Por otro lado, según ha explicado el Parlamento de Navarra en una nota, durante la visita las portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN han coincidido en señalar que cualquier solución pasa por "la equiparación de las condiciones laborales" y por "la sustitución del actual modelo mercantil que se aplica en el ámbito de los servicios sociales".

Por parte de UPN, Carmen Segura ha defendido el actual modelo, pues "lo implantamos nosotros y no estamos en contra", si bien ha emplazado al Gobierno de Navarra a "elaborar el convenio sectorial que venía anunciando". "La pelota está en su tejado, es tan sencillo como recoger y oficializar las condiciones que aquí se defienden", ha asegurado.