La Comisión Europea no ha detectado infracciones de las normas comunitarias en la gestión del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) y ha asegurado que estará atenta a la evolución del caso en los tribunales españoles, así como que comprobará que las operaciones de sellado y rehabilitación del espacio se ejecutan cumpliendo las reglas europeas.

Así consta en un documento de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que da cuenta de las principales conclusiones de la investigación que llevó a cabo el Ejecutivo comunitario para evaluar si las autoridades competentes habían cumplido con la legislación europea.

Esta comisión de la Eurocámara aceptó a trámite una petición cursada por la Asociación Vecinal de San Lorenco (Ermua), la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu! y la Asociación Ekologistak Martxan Vizcaya sobre el derrumbe que el 6 de febrero del pasado año acabó con la vida de dos trabajadores y Bruselas remitió sus conclusiones el pasado 3 de febrero.

En ellas señala que, basándose en la información aportada por los peticionarios y en el análisis de la documentación aportada por las autoridades competentes, "la Comisión no puede identificar ninguna violación de la legislación de la UE".

"La Comisión estará atenta a la evolución del caso en el tribunal en España, así como que las medidas correctivas, cierre y rehabilitación del lugar, se completan de acuerdo con la legislación comunitaria relevante", añade el documento.

En concreto, Bruselas señala que el operador del vertedero "contaba con un permiso válido en el momento del accidente" y que las autoridades "adoptaron medidas correctoras urgentes tras el accidente para reducir el impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente".

También destaca que las autoridades competentes "inspeccionaron regularmente el espacio en el pasado" y que el operador del vertedero ya había sido multado en el pasado, pero "por cuestiones no relacionadas con el accidente o la eliminación insegura de amianto".

Sobre la estabilidad del vertedero, el Ejecutivo comunitario subraya que los problemas de estabilidad que fueron conocidos en un informe de 2018 "nunca fueron revelados por el operador a las autoridades, violando los requisitos del permiso".

"Por esas razones, las autoridades han emprendido acciones legales que acusan al operador del vertedero de fallos graves y para hacerle responsable del daño medioambiental y la pérdida de vidas humanas", en referencia los dos trabajadores que fallecieron en el accidente.