Un total de siete ciudadanos navarros están actualmente presos en cárceles extranjeras, todos ellos por tráfico de drogas. Se trata de una cifra más o menos estable, aunque el año pasado se registró un pico de 11 reclusos de la Comunidad Foral cumpliendo condena en prisiones de otros países. En el conjunto del Estado, según los datos que maneja la Fundación +34 –encargada de dar cobertura a estos presos y a sus familias–, 896 reos están presos en cárceles extranjeras, algo menos que los 961 de 2019.
El tráfico de drogas es el principal delito por el que están encarcelados los reclusos españoles, aunque también hay casos de homicidio o robos. En el caso de los navarros, todos ellos están acusados de tráfico de drogas y están encarcelados en prisiones de Latinoamérica y Marruecos. Dos están en el país del Magreb, otros dos en Brasil, uno en Perú, otro en Colombia y otro en Ecuador. “La mayoría de presos suelen estar en Lationamérica por el tema del tráfico de drogas, son personas con problemas económicos que hacen de mula. Aunque en los últimos años está creciendo mucho el tráfico de hachís desde Marruecos”, explica el director de la Fundación +34, Javier Casado.
Desde la llegada de la pandemia, detalla Casado, ha habido un cambio en el tráfico de drogas, lo que ha variado también los países en los que se encuentran los navarros encarcelados en el extranjero: “Ahora la cocaína, que principalmente procede de Latinoamérica, está entrando por puerto en grandes cantidades, se usan menos mulas. Mientras que con Marruecos se han vuelto a normalizar las relaciones y ha subido mucho el tráfico de hachís”.
La labor de la fundación
La Fundación + 34 es una entidad que busca prestar asistencia y cobertura a los reclusos españoles en prisiones extranjeras, así como a sus familias. Su trabajo se estructura en tres niveles: asesoramiento, mejora de la calidad de vida de los presos y acompañamiento una vez que salen de prisión. Pero donde centran sus esfuerzos principalmente es en la repatriación. “Nosotros no trabajamos por su liberación; has cometido un delito, pues tienes que pagar por ello, pero nosotros tratamos de que lo pagues en España, no en otros países”, expone Casado.
Según señala, los estados no suelen poner pegas para la repatriación, pero el problema está en que hasta que no hay una sentencia firme no se puede iniciar el proceso. “Tras la pandemia el retraso judicial se agudizó. La demora media para tener una condena solía ser de entre un año y un año y medio, y ahora nos estamos yendo a los dos años y medio”, detalla el director de la fundación.
