El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el entorno de la Iglesia recoge información acerca de las actuaciones llevadas a cabo durante décadas en la diócesis de Pamplona y Tudela que resulta reveladora de un comportamiento propio del oscurantismo. Dicha diócesis, expone el informe de Ángel Gabilondo, “explica que la escasa información de los casos anteriores a 2007 se debe a los expurgos realizados en cumplimiento de la normativa canónica, que obliga a destruir la documentación y dejar un breve resumen”.
Es decir, antes de 2007, año en el que se inició en Navarra el mandato del actual arzobispo Francisco Pérez, “no hay mucho en los archivos” respecto a posibles denuncias de abusos y comportamientos impropios e inmorales por personas que formaban parte o dependían del Arzobispado de Pamplona, y que eran trasladados de lugar en muchos casos por conductas de ese tipo.
Así, el vicario judicial Carlos Ayerra, explicó ayer ante los medios de comunicación el hecho de que no dispongan de información pasada sobre posibles casos de abusos o sobre los motivos por los que un religioso podía ser trasladado. En el caso de que se inicie un nuevo pontificado, fallezca algún religioso y no se haya formulado una denuncia penal específica, Ayerra, el ecónomo diocesano y experto en derecho canónico, vino a explicar que no queda ni rastro de esa persona salvo los destinos que ha ocupado en la Iglesia.
10 agresores sacerdotes, 22 víctimas
Pese a lo anterior, según el Defensor, el dato que no pudieron ocultar más los responsables de la Iglesia navarra es que desde 2007 han recibido una decena de casos de abusos y solo tres de ellos llegaron a la Justicia civil. Ningún sacerdote fue expulsado del ministerio por estos hechos. De dicha decena de casos, dos de ellos ocurrieron hasta 1959, tres sucedieron entre 1960 y 1979, uno entre 1980 y 1999 y 4 hubo a partir del año 2000, por tanto en las dos últimas décadas. En los diez casos reportados por la Iglesia al Defensor sumaron 22 víctimas, 18 de ellas menores de edad, 14 hombres y 5 mujeres.
Por su parte, los otros siete casos que no llegaron a la Justicia se resolvieron a través de procesos canónicos, es decir, sin salir del control de la propia Iglesia. Según Ayerra no salieron dichos casos de sus paredes ni se comunicaron a la Policía “porque el interesado no quería y nosotros no podemos hacer más. Además, antes no era una obligación esa comunicación a las policías, ahora sí lo es”, aseguró el vicario, que culminó sus palabras hablando de que según la gravedad de los abusos se responde de una forma u otra. “Habría que preguntarse ¿qué es un abuso? No es lo mismo una caricia en la cara que una violación”. A continuación, entre los periodistas se le preguntó: “¿Pero alguien ha denunciado un caso en esta Iglesia por una caricia en la cara?”. La respuesta fue: “No”. El discurso encierra un significado tremendo del comportamiento de dicha institución a lo largo de la historia.
En respuesta a los periodistas, Ayerra apuntó que en estos casos, “la primera medida siempre es apartarlo del ministerio que está ocupando e imponer otras medidas” como “la prohibición del ejercicio del ministerio, o la obligación de residir en un determinado lugar sin poder acercarse durante tanto tiempo, a tanta distancia, etc.”
A continuación, “hay que hablar con el interesado, hay que hablar con la otra parte también, hay que ver si depende de padres todavía o no depende de padres, etc.”. También indicó que hay que realizar exámenes médico-psiquiátricos porque estos comportamientos “no son normales”, incluso ver qué secuelas tiene la persona que denuncia. “Y va pasando el tiempo, porque esto se va trabajando. Pero esa persona ya está apartada. Entonces, en unos casos llega a una solución penal administrativa, como se ha llegado en algunos casos. Y en otros no, bien porque la justicia civil lo archiva o bien porque no había causa”, manifestó.
Según explicó, hay una comisión que “ha seguido todo el proceso, el canal de denuncias, la entrevista, las entrevistas personales, poner las medidas que han sido necesarias, por parte de unos y de otros”, y la actualización de los protocolos. En concreto, señaló que se han creado “espacios seguros” tanto en las parroquias, salas de catequesis, etc., como en los colegios. “¿Que llegamos tarde? Pues yo no sé si llegamos tarde, puede ser, pero hay que decir que desde que este asunto va saliendo, va saltando, pues estamos trabajando. Yo no sé si habrá que apretar más el acelerador, seguramente”, afirmó.
Tras incidir en la colaboración tanto con el Defensor como con la comisión del Gobierno de Navarra “en todo lo que nos han pedido”, Ayerra aseguró que “estamos haciendo algo, no sé si mucho o poco, pero intentando solucionar este problema”. En este sentido, manifestó que, entre otros aspectos, se ha tratado de “escuchar” y “acompañar” a las víctimas.
