Pamplona - Navarra mantendrá la deducción por vivienda a los contribuyentes que a día de hoy la tienen reconocida. Las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno foral han acordado suprimir la transitoriedad de cinco años contemplada en las medidas fiscales presentadas por el Gobierno la semana pasada, que había fijado un plazo máximo hasta 2023 para su supresión definitiva. Se eliminará definitivamente, eso sí, la desgravación a partir del 1 de enero de 2018 para todos los nuevos compradores. Tras varios cambios estos últimos años, solo las rentas bajas que adquirían una VPO tenían derecho al ahorro fiscal.
La Comunidad Foral quedará así como el resto del Estado, donde no hay deducciones por compra vivienda habitual desde 2012. En Navarra UPN también las suprimió ese año en busca de un ahorro de 20 millones anuales, aunque la mantuvo para compradores de vivienda protegida. Sin embargo, Navarra como el Estado mantuvieron el derecho a una deducción del 15% sin limitación de renta a quienes habían adquirido la vivienda antes de 2013. Ellos, y quienes la compraron en las condiciones fijadas entre 2013 y 2017 lo seguirán haciendo sin fecha límite.
En la propuesta presentada la semana pasada por Hacienda se planteaba suprimir todas las deducciones, tanto para los nuevos compradores de VPO como para aquellos que ya tenían reconocida la ayuda, fijando un periodo transitorio de cinco años, hasta 2023. La propuesta sin embargo va a ser corregida ahora en el trámite parlamentario, en el que se eliminará la transitoriedad, de forma que no se generarán nuevos perceptores de deducciones por vivienda a partir de 2018, pero se mantendrá para quienes la han venido aplicando hasta ahora.
El pasado año cerca de 80.000 contribuyentes se beneficiaron de la desgravación, que tuvo un impacto en las arcas públicas de 72 millones. El gasto, no obstante, se ha venido reduciendo notablemente en los últimos años con la salida de antiguos compradores, por lo que su afección sería menor a su entrada en vigor en 2023.
Dos visiones de la reforma La eliminación del plazo transitorio fue avanzado ayer por la parlamentaria de Podemos Laura Pérez durante la comparecencia de la presidenta Uxue Barkos. Una sesión en la que volvieron a confrontar dos visiones claras del gasto público. Por un lado, la de las fuerzas que apoyan el Gobierno y la de la propia presidenta, que abogaron por afrontar con ambición el debate fiscal y que defendieron su importancia para garantizar la cohesión social y los servicios públicos. Por otro, UPN y PP, que apostaron por bajadas de impuestos como método para aumentar la recaudación. Y entre unos y otros, el PSN, que abogó por una política fiscal redistributiva pero que anunció una enmienda a la totalidad a las propuestas del Gobierno.
Barkos defendió así la necesidad urgente que tuvo su Gobierno al llegar para mejorar la recaudación después de la rebaja aprobada en víspera electoral por UPN y PSN. “Con la deuda disparada se permitieron bajar los impuestos. Son unos irresponsables”, criticó la presidenta, que destacó que pese a los augurios Navarra sigue creciendo por encima de la media del Estado. “Durante muchos años se ha puesto en duda la voluntad de las políticas fiscales. Parece que un Gobierno solo puede ofrecer bajadas fiscales, y eso al final deja brechas sociales muy importantes”, argumentó la presidenta, que consideró que en Navarra ha faltado “seriedad y valentía política” para poner en valor “un esfuerzo equitativo y solidario”. “Si no podemos aceptar una rebaja de los salarios para atraer las empresa, tampoco podemos aceptar la rebaja de impuestos como atractivo principal. Eso es generar riqueza a costa de la pobreza”, señaló la presidenta.
Apoyo del cuatripartito El de ayer fue el primero de los muchos debates que el Parlamento va a afrontar en los próximos días en torno a la política fiscal. UPN, PSN y PP confirmaron que presentarán enmiendas a la totalidad del proyecto, que luego deberá pasar por el trámite de comisión hasta su aprobación definitiva a finales de año. Un conjunto de medidas cuya repercusión será “limitada” y cuyos ingresos Hacienda ha cifrado en nueve millones para el próximo año y en 18 más para 2019. “No es la reforma de ninguno de nosotros, pero es la de todos nosotros”, explicó el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez.
Las medidas fueron defendidas también por el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que recordó que están recogidas en el acuerdo programático firmado en 2015, y que consideró que son criticadas por UPN y PP porque “a la derecha no le gusta que se ataque algo que para ellos inatacable como es la propiedad privada”. “Estos cambios no hubieran sido necesarios si se hubiera gestionado con responsabilidad el dinero público”, reprochó por Podemos Laura Pérez, que dijo que su partido se siente “cómodo” en este debate, pese a que calificó de “reformita” el acuerdo final. “Es una reforma demasiado prudente y podría ir más allá”, lamentó por I-E José Miguel Nuin, que no obstante incidió en que “avanza en la buena dirección”. “Es una nueva política fiscal, medida, equilibrada, que selecciona en qué tipos de renta y en qué impuestos se quiere subir la presión fiscal”, apuntó.
Críticas de la oposición La lectura fue opuesta por parte de la oposición. Para Javier Esparza (UPN), la reforma es un hecho “tremendamente serio y grave”, algo de lo que culpó a Barkos por dejar a Navarra “en una situación peor” respecto al conjunto del Estado. Para la socialista María Chivite “esta reforma fiscal no viene a rebajar la presión fiscal a las rentas medias”. “No es una reforma justa socialmente hablando. Se carga contra las rentas medias sin ninguna innovación”, apuntó. Mientras que la popular Ana Beltrán censuró al Gobierno porque “impone una política fiscal confiscatoria, presionado por Bildu, Podemos e I-E y se olvida de la importancia de compararse con CCAA limítrofes”. “Están llevando a Navarra al precipicio”, denunció.
