Han transcurrido casi cuatro años desde que el Ministerio para la Transición Ecológica encomendó un dictamen al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la seguridad de las obras de recrecimiento de Yesa para “aclarar y confirmar el rigor técnico de los documentos aprobados por la Administración General del Estado” para llevar adelante el proyecto, los cuales eran cuestionados por diferentes estudios del Gobierno de Navarra entre 2016 y 2018.

La novedad ahora es que dicho informe se ha debido traspapelar en algún cajón. El Ministerio respondió en febrero de este año a una pregunta formulada por Carles Mulet, senador de Compromís, que se interesó por el estado de la materia encomendada. En su respuesta, el órgano ministerial recordó que el encargo se había efectuado a una entidad independiente de las administraciones públicas afectadas, es decir, el Gobierno de España y el de Navarra. Dicha encomienda tenía una vigencia máxima de dos años a contar desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, donde apareció el 13 de julio de 2018. No obstante, por acuerdo expreso de las partes, se amplió dicho plazo hasta mediados del año 2021. Y así, en junio del año pasado, se emitió el dictamen final y, según decía el Ministerio, dicho informe se hizo llegar tanto al Gobierno de Navarra como a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En la misma respuesta se resaltaba que en cuanto al aspecto económico, en noviembre de 2019 se realizó un ajuste de las anualidades sin que se modificara el importe fijado en el convenio.

Dada la relevancia de dicho dictamen, capital para dar carta de naturaleza al megaproyecto hidráulico trufado de informes enigmáticos y poco clarividentes acerca de la estabilidad de la obra y del posible llenado del recrecimiento, el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, reclamó este mes de abril dicho informe al Ejecutivo foral. Y aquí llegó la sorpresa. La respuesta literal del Ejecutivo, firmada por el consejero de Interior y vicepresidente Javier Remírez, reza lo siguiente: “A la espera de su conclusión, el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna información referente al estado del dictamen final del informe encomendado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al que hace referencia la petición de información del grupo parlamentario EH Bildu”. Nadie sabe por tanto en el Ejecutivo navarro, o al menos no hay constancia, de que dicho informe esté concluido ni el contenido que se detalla en el mismo, y si por tanto avala la continuidad de la obra.

En el momento de efectuarse la encomienda, se recordaba que el Ejecutivo foral ha encargado “la redacción de diferentes informes técnicos a especialistas en las materias relacionadas con la geología, geotécnica y materiales utilizados en el proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, actualmente en ejecución”, que discuten “el rigor técnico de los estudios realizados por la Administración General del Estado cuando redactó el correspondiente proyecto de obras”, lo que “está generando confusión y alarma en las poblaciones vecinas, por lo que es preciso aclarar y confirmar el rigor técnico de los documentos aprobados”. Frente a esta situación “de incertidumbre y desconfianza creadas”, proseguía la resolución publicada en el BOE en 2018, la Administración General del Estado entendía adecuado encomendar al Colegio la elaboración de dicho dictamen.