La Fiscalía pide a Suiza datos de los 90 millones que el rey Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí

Anticorrupción remite una comisión rogatoria al fiscal de Gibebra para saber si fue una mordida por las obras del AVE

05.03.2020 | 02:06
Juan Carlos I. Foto: Efe

pamplona – La Fiscalía Anticorrupción ha remitido una comisión rogatoria a Suiza para conocer formalmente la investigación que la justicia helvética sigue por una supuesta donación de unos 90 millones de euros desde una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I a una cuenta de su antigua pareja sentimental Corinna Larsen. La solicitud se produce después de que la Fiscalía suiza hiciera lo propio con sus colegas españoles, según informó ayer eldiario.es. El intercambio de información entre fiscales de ambos países se produce porque Anticorrupción mantiene abiertas diligencias por un presunto delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca y sus compañeros del país centroeuropeo sospechan que ese podría ser el origen inicial de los fondos que acabaron en manos de Corinna Larsen, la relación extramatrimonial del monarca emérito durante cinco años.

El interés del fiscal suizo Yves Bertossa por la investigación de Anticorrupción motivó también su desplazamiento a España en octubre para mantener una reunión a la que asistieron el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el encargado de la investigación por el AVE a La Meca, Luis Pastor; el juez Manuel García-Castellón, y los fiscales que con él trabajan en el caso Villarejo, Miguel Serrano e Ignacio Stampa. De hecho, la primera investigación que aludió al patrimonio del monarca fue la pieza 5 del caso Villarejo, denominada Carol, abierta por la incautación al comisario de una grabación que realizó la amiga del rey emérito en la que esta alude a supuestas actividades delictivas de Juan Carlos I. Esa pieza se mantiene archivada de forma provisional.

El rotativo suizo Tribuna de Ginebra publicó ayer una información en la que asegura que el fiscal especial Bertossa abrió su investigación a raíz de la publicación de esos mismos audios de Larsen. En el transcurso de sus pesquisas, el fiscal suizo halló evidencias del movimiento de 100 millones de dólares al intervenir en los despachos profesionales en Ginebra de Arturo Fasana y Dante Canónica. Gestor y abogado son señalados en distintas causas judiciales como presuntos testaferros de grandes fortunas, también españolas, y son identificados por Larsen en los audios de Villarejo como los individuos que ayudan al rey emérito a esconder y blanquear el origen de su dinero. Bertossa tomó declaración a Fasana, Canónica y a Corinna el pasado 19 de diciembre.

La información señala que la Fiscalía suiza considera que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum proceden del rey saudí Abdul Aziz Al Saud. El mismo periódico dice que el beneficiario único de esa fundación es Juan Carlos I y que cuando estalló el escándalo de la cacería en Botswana en 2012 la entidad bancaria aludió a su "reputación" y le pidió que retirara los fondos. Fue entonces cuando el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el monarca habría reservado un millón para otra "antigua amante" residente en Ginebra, según el periódico suizo, que explica que Juan Carlos I retiró dinero durante varios años de esa cuenta.

Los abogados que asisten a Corinna descartan por completo que una comisión por la obra del AVE, realizada por empresas españolas, sea el origen del "obsequio" de Juan Carlos I a la mujer y su hijo, menor de edad. Aseguran que la transferencia es del año 2008 y que la licitación de la obra por el régimen saudí es de 2009, por lo que existe "un problema de cronología". Los abogados razonan, según el rotativo suizo, que el dinero de la comisión debería haber ido siempre en sentido contrario: de las empresas españolas a la administración saudí y no de esta al monarca emérito. Bertossa, por el contrario, sospecha que podría tratarse de un porcentaje que el rey saudí hubiera reservado al monarca y la comisionista a cambio de convencer a las futuras adjudicatarias españolas de que redujeran el coste en sus ofertas.

El primer instructor del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, archivó provisionalmente la pieza Carol a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreciaba en la grabación realizada por Villarejo alusión alguna a hechos "susceptibles de investigación en sede penal". En una nota, el Ministerio Público recordó además que la grabación y los hechos a los que alude se produjeron cuando el rey no había abdicado y aún era inviolable.