La Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes de Navarra 'Kontuz' ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la información que confirma que el despido de su portavoz, Patxi Zamora, de su puesto de auxiliar de vuelo se debió a motivos ideológicos y ha anunciado que exigirá "hasta las últimas responsabilidades"El Gobierno, en una respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Vasco Iñigo Barandiaran, ha reconocido por primera vez que el despido por parte de Iberia de Zamora se debe a su integración, en 2007, en las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV).
"Entendemos que con el reconocimiento del Gobierno español de que la causa que inició ese despido fue la concurrencia de Zamora en unas listas electorales en su pueblo en 2007, se abre un nuevo marco jurídico en el que Kontuz va a exigir hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades políticas, penales y económicas que se deriven de esta fechoría", anuncia la asociación.
Al respecto asevera que es "muy grave que en un Estado que se dice democrático se actúe por razones ideológicas contra alguien hasta dejarle sin nada, pero que además el propio Estado haya ocultado durante tres años y medio esta información tanto a la defensa de Zamora como a los jueces, lo hace aún más grave"".
"La indefensión en la que esta forma de proceder ha dejado a nuestro portavoz es, además, un doble castigo que sólo se puede explicar por la impunidad y la arbitrariedad con la que están acostumbrados a actuar determinados estamentos", interpreta Kontuz, que añade que su compañero "fue condenado no solo sin juicio, sino sin acusación alguna".
La asociación apunta que, según las primeras consultas jurídicas, no existen precedentes de un caso "tan claro" de discriminación por razones ideológicas, lo que implica que "es muy difícil evaluar las expectativas que ahora se abren".
Y, continúa, "más teniendo en cuenta que el dictamen de la Guardia Civil que sustentó la retirada de la tarjeta a Zamora, se cimenta en dos falsedades".
La primera de ellas, señala, "el hecho de que la lista por la que se presentó en 2007 estuviera ilegalizada, cuestión que es radicalmente falsa ya que la sustituta de Zamora pudo ejercer su función sin restricciones durante toda aquella legislatura".
En segundo lugar, indica, "en la presunción de que la ilegalización de unas siglas afecta a los derechos de quienes concurrieron bajo ellas, principio que es manifiestamente inconstitucional".
