La crónica de la semana

El PAI en Navarra. Claves de una polémica que ha tensionado al Gobierno foral

01.05.2022 | 00:26
Chivite y Remírez miran a María Solana (Geroa Bai) durante el pleno del jueves. Foto: Patxi Cascante

La ley para estabilizar a los docentes del PAI ha enfrentado a los socios del Gobierno de Navarra. Una disputa que ha desbordado el acuerdo programático y que va más allá del propio programa de aprendizaje en inglés.

El Parlamento de Navarra ha aprobado esta semana la ley para la estabilización de 350 docentes del Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI). La norma busca reducir la interinidad del programa, que alcanza al 70% del profesorado, pero ha acabado siendo algo más. En el marco de la ley UPN y PSN han acordado avanzar hacia un modelo educativo nuevo. Una aspiración que ambos partidos fijan a largo plazo, pero que apunta en una dirección diferente a la que determina el acuerdo programático que llevó a María Chivite al Gobierno de Navarra.

Hay muchas aristas en una polémica que ha enfrentado de forma pública y notoria a los socios del Gobierno. El programa integrado de lenguas se instauró en Navarra hace 15 años para facilitar el aprendizaje de inglés mediante el aumento de horas lectivas en lengua extranjera, dedicando para ello materias como música, ciencias, arte e incluso matemáticas. Hoy son 116 los colegios integrados en el PAI, que alcanza al 64% del alumnado, el 70% en la comarca de Pamplona. El programa tiene diferentes variedades y permite a los centros adaptar las horas lectivas en lengua extranjera a sus necesidades y recursos. Pero es ya una experiencia consolidada.

Su implantación ha provocado sin embargo un problema laboral. La legislación estatal impide exigir requisito de inglés para entrar en la Función Pública, así que los distintos Gobiernos han ido implementado el PAI cubriendo las plazas mediante concursos de traslado, personal funcionario con conocimiento de inglés –en algunos casos sin el nivel necesario– y, sobre todo, con personal contratado, disparando así la interinidad.

Ha habido varios intentos por solventar esta situación, pero el Ministerio se ha opuesto siempre a que una lengua extranjera sea requisito imprescindible. Una contradicción, porque el inglés sí puede ser requisito en concursos de traslado y porque el programa integral de lenguas está generalizado en prácticamente en todas comunidades. Pero también una realidad tozuda con la que ha chocado los dos últimos años el consejero Carlos Gimeno.

Algo similar, por cierto, le ocurrió al Gobierno de Uxue Barkos. El Ministerio no autorizó pedir requisito de inglés, así que solo pudo sacar oposiciones para las plazas de castellano –donde la demanda de profesor monolingüe cada vez es menor– y las de euskera. Lo que derivó en una dura campaña con el argumento de la discriminación, precisamente, por parte de los partidos y sindicatos que ahora reivindican el inglés como requisito.

La alternativa que ha encontrado el Departamento de Gimeno ha sido la Ley Iceta, una normativa excepcional del Estado que busca reducir, por exigencia de la UE, la temporalidad en las administraciones públicas por debajo del 8%. El Gobierno de Navarra ha visto ahí una oportunidad para solventar, al menos en parte, el problema de la interinidad en el PAI. Y lo ha hecho además apelando al autogobierno. Navarra tiene competencias en Función Pública, así que prevé crear un cuerpo de profesorado propio con requisito de C1 de inglés. Algo que ha provocado además un llamativo cambio de papeles entre quienes tradicionalmente reivindican el autogobierno y quienes defienden posiciones más centralistas.

Crítica política y sindical Pero este atajo genera muchas dudas jurídicas. Algunos sindicatos de ámbito estatal ya han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una ruptura del cuerpo docente estatal, y presionan para que que la Abogacía del Estado recurra al Constitucional, algo que el PSN confía en que no ocurra. En todo caso, los propios sindicatos podrían recurrir también en el futuro cuando salgan a oposición las plazas con requisito de inglés.

Esa ha sido la base de la polémica, una inseguridad jurídica cierta y real. Pero no el único motivo. Los sindicatos también rechazan la ley porque, entre otras cuestiones, limita las opciones de muchos docentes interinos que no saben inglés, cuyas plazas corren el riesgo de desaparecer por culpa de la generalización del PAI. En determinados ámbitos abertzales además se sigue viendo con recelo un programa que UPN aceleró en su día para tratar de frenar el desarrollo del modelo D en Navarra, y que en algunos casos ha derivado en una implantación con mucho marketing pero precipitada.

La crítica tiene base pedagógica, pero también cierto prejuicio. El programa ha mejorado en los últimos años y su implantación sigue siendo una demanda de mucha familias, que consideran el inglés una prioridad educativa. El PAI sigue teniendo carencias importantes, pero están más vinculadas a las dificultades diarias de la educación pública que al propio programa. El problema no es la educación bilingüe o trilingüe –muchos centros concertados han integrado el inglés como lengua vehicular sin tanto ruido mediático–, sino la falta de recursos personales, tecnológicos y de espacios que sufre la educación pública, que es además quien debe hacerse cargo del alumnado más desfavorecido y con menor capacidad de apoyo y refuerzo externo.

Una realidad que ha pasado bastante desapercibida en los últimos días en medio de una batalla política que ha exhibido también las costuras internas del Ejecutivo foral. Una disputa que los socialistas han vuelto a resolver por la vía rápida y de forma unilateral valiéndose de su mayoría en el Consejo de Gobierno. Esta vez además desbordando el acuerdo programático. Mal precedente para el futuro de una coalición que se dice progresista y plural, pero que evidencia síntomas de desgaste. Y que deberá mejora mucho los cauces de colaboración interna si, como afirma su presidenta, ha venido para quedarse.

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