El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, con el voto a favor de todos los grupos menos Navarra Suma, que ha votado en contra.La proposición de Ley impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E tiene por objeto articular un procedimiento que posibilite el "ejercicio del derecho al reconocimiento" de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, "con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad".

SABER MÁS: Víctimas de abusos de la Iglesia, un camino hacia la verdadSABER MÁS: En concreto, se instituye un proceso dirigido al otorgamiento de un estatuto especial que, a modo de reconocimiento y reparación a nivel institucional y social, contribuya a resignificar todos aquellos hechos y actuaciones sometidos a la "apología del olvido, a las diversas formas de revisionismo y negacionismo" empleadas para "justificar y/o negar la existencia de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica".

Así las cosas y de conformidad con los estándares internacionales de atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se traslada a la Administración Foral la "responsabilidad institucional, política y social" derivada del "olvido forzado, de las equidistancias y encubrimientos que ahora se intentan combatir".

En su afán de paliar las "injusticias estructurales" asociadas a la "impunidad o indulgencia con los victimarios", se instituye un procedimiento para documentar "con el máximo rigor y de manera individualizada" las solicitudes cursadas a la Comisión de Reconocimiento, órgano colegiado independiente encargado de valorar las peticiones de declaración de la condición de víctima de abusos "en contextos en los que la Iglesia tenía una posición garante".

Dicha Comisión, adscrita al Departamento competente en materia de Justicia, estará compuesta por nueve miembros designados para un período de seis años (reelegibles). Cuatro de estos, propuestos a partes iguales por el Departamento de Justicia y el Parlamento de Navarra, deberán tener experiencia en materia de víctimas y competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico. Dos representantes más lo serán a instancias de la Iglesia católica y otros dos a iniciativa de las asociaciones de víctimas sexuales. En total nueve integrantes, incluida la secretaría, puesto que recaerá en la persona que ostente la jefatura de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Gobierno de Navarra. El presidente, por el contrario, se elegirá -mayoría simple- entre los miembros de la Comisión en la sesión constitutiva de esta, que se llevará a cabo en el plazo máximo de un mes desde el nombramiento de las personas que la conformen.

La Comisión de Reconocimiento, que se reunirá al menos una vez al mes, adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate la presidencia con su voto de calidad.

Entre las funciones de la Comisión consta la elaboración de una memoria anual, donde dará cuenta de los resultados de los trabajos realizados, las solicitudes recibidas y las propuestas de resolución expedidas, y una memoria final, que coincidirá con el término de su mandato. Ambas se presentarán en el Parlamento, se publicarán en el Portal del Gobierno Abierto y se remitirán a cuantas entidades públicas lo soliciten.

En lo que atañe al procedimiento para el reconocimiento de la condición de víctima, se garantiza un mecanismo ágil de iniciación que, desde el respeto a la jurisdicción penal, exclusiva de jueces y tribunales, se circunscribe a una solicitud -descripción detallada de los hechos-, acompañada de cuantos documentos o informes se consideren oportunos. En el plazo máximo de un mes la Comisión deberá decidir motivadamente la admisión o inadmisión del requerimiento.

Una vez admitida, la Comisión podrá llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas para el mejor esclarecimiento de los hechos a verificar. Si en el curso de ese proceso el órgano inspector tuviera conocimiento de la existencia de causas judiciales o procedimientos sancionadores abiertos, procederá a suspender la tramitación hasta que ambas vías se agoten.

Cada solicitud dará lugar a un informe motivado que, en un plazo no superior a nueve meses desde su recepción, la Comisión elevará al titular del Departamento de Justicia, quien en el término de tres meses dictará resolución estimando o desestimando la solicitud de reconocimiento del estatus de víctima. El fallo será comunicado en un mes. Transcurrido dicho período y sin perjuicio de la obligación de dictaminar, la solicitud podrá entenderse desechada por silencio administrativo.

En orden a la difusión del conocimiento y la investigación de las violaciones contempladas en esta proposición de Ley, se contempla la celebración de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, para la realización de publicaciones y materiales divulgativos o la celebración de congresos y jornadas informativas.

En ese contexto se hace constar que, en reconocimiento al papel de interlocución de las víctimas y los colectivos que les representan, estos deberán ser consultados en todas las disposiciones dictadas en desarrollo o cumplimiento de esta ley.

En ese terreno se sitúa también la promoción de los mecanismos de justicia restaurativa, una nueva concepción de corte retributivo que, basada en el Estatuto de Roma, busca la "restitución, indemnización y rehabilitación" de la víctima a partir del suministro de "información útil para reaccionar y recuperarse de los daños sufridos". El Gobierno de Navarra pondrá a disposición de los damnificados, previa solicitud, los instrumentos de justicia restaurativa de los que disponga.

Todo este conjunto de medidas de información, sensibilización y apoyo se canalizarán a través de las oficinas de asistencia a las víctimas reguladas por la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito, donde, a resultas de la trasposición de la Directiva 2012/29/UE, se establecen las normas mínimas sobre derechos, ayuda y protección.

Entre los documentos que, por su entidad, se han tenido en cuenta para la redacción de la proposición de Ley se cita el Informe sobre la estructura y dimensión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en Navarra, un trabajo elaborado por la UPNA a instancias del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia -se hizo público el 22 de febrero-, en el que se identifican un total de 52 víctimas y 31 presuntos victimarios.

Tras su toma en consideración, la proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica será dictaminada en la Comisión de Relaciones Ciudadanas antes de ser elevada nuevamente a Pleno para su definitivo debate y votación.

En la defensa de esta iniciativa, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que esta proposición de ley forma parte de "un proceso social, curativo, no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad" y las generaciones "que tuvieron que vivir esta indignidad". Una iniciativa, ha explicado, que crea una comisión para el "reconocimiento individualizado" de las víctimas y la creación de informes para conocer "la dimensión de este crimen", y que supone "un auténtico derecho a la memoria", combatiendo "diversas formas de negacionismo" y "las actitudes de indiferencia".

Una proposición que "procura impartir justicia a víctimas que no pueden acceder a ellas y sensibilizar sobre la pederastia" y que tiene que ver "con los abusos sistemáticos realizados por la Iglesia Católica a lo largo de las décadas anteriores". Una vez "objetivadas" las víctimas, ha continuado, se busca darles un recurso para que "puedan expresar su malestar por el delito que padecieron y que, de forma pública, se les pueda reconocer". "Tenemos que hacer esto porque no hay una forma legal de juzgar a estos agresores" y "por el enorme tiempo de silencio y de sufrimiento al que pretendemos poner final", ha señalado Buil, que ha agregado que se trata de un "delito complejo, y más en entornos clericales" que "ha dificultado mucho que la justicia ordinaria pudiera llegar".

Por su parte, la representante del PSN Virginia Magdaleno ha indicado que "buscamos dar voz a las víctimas y al esclarecimiento de lo que ha ocurrido en el seno de la Iglesia" y ha puesto en valor que "no nos hemos querido poner de lado, queremos visibilizar lo ocurrido y hemos participado muy activamente en la redacción de esta ley". Una ley "pionera a nivel estatal" que se ha realizado "con la búsqueda del consenso", ha remarcado la socialista, que ha afirmado que en Navarra Suma "se han quedado de lado" y no han querido negociar en el proceso de redacción de esta iniciativa. "Lo fácil es dejar estar, no involucrarse" y "parece que hacen seguidismo de posiciones retrógradas del PP en Madrid", ha criticado.

"Estamos ante un problema social de primera magnitud que no podíamos dejar que siguiera siendo un ámbito de oscuridad y opacidad", ha resaltado Magdaleno, que ha explicado que la iniciativa tiene el objetivo de "evaluar externamente entornos opacos y dar transparencia a hechos muy graves en torno a abusos en el seno de la Iglesia" y, a su vez, apoyar a las víctimas".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha valorado que con esta ley "reconocemos la valentía demostrada por las víctimas" que "han dado pasos para denunciar de forma pública su situación" a pesar de que en muchas ocasiones "tenían cerrada la vía judicial" y la "opacidad". Con esta la proposición, ha destacado, "se produce un avance importante para la sociedad navarra para hacer visible la realidad de los abusos a pesar del olvido forzado que instauraron los victimarios".

Ha admitido que con esta ley "nos quedamos únicamente en el reconocimiento" que "si bien pudiera parecer poco, ya es un paso importante para estas víctimas". Además, ha señalado que cualquier otra acción "quedaría fuera de nuestras competencias" y abriría la posibilidad de un recurso competencial.

La representante de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha considerado que esa proposición de ley es "necesaria" y supone un "avance en el reconocimiento" de las víctimas de abusos, si bien ha opinado que "sigue siendo insuficiente para garantizar la verdad, justicia y reparación". Una iniciativa que "ha sido complicada" al tratar una "materia muy sensible" y en la que se ha buscado el "equilibrio entre el derecho para garantizar la seguridad jurídica" y, a su vez, no generar "falsas expectativas que puedan revictimizar a las víctimas".

Izurdiaga ha reconocido que "quienes cometen los delitos son las personas y no las instituciones" pero ha remarcado que "no podemos pasar por alto cuál ha sido la actuación y el papel que, durante todos estos años, ha desempeñado la Iglesia Católica" cada vez que había una denuncia por abusos. Al respecto, ha criticado que las víctimas han sido "doblemente victimizados, han sido abusados, silenciados e ignorados" y ha llamado a "romper con este silencio".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que esa ley "da un paso importante en la medida en que abunda en el reconocimiento de unas víctimas de abusos" y "en el hecho de que ha habido abusadores y abusadoras". Ha destacado el daño "tremendo" a unas víctimas "en una situación en que el abusador ocupa una posición de poder", no sólo física sino también "moral desde el punto de vista religioso". Víctimas a las que "se puso una mordaza para ocultar lo que estaba ocurriendo" y en quienes "se usó el mazo de la culpabilidad, del maltrato psicológico".

De Simón ha recalcado que "falta camino por recorrer en el esclarecimiento de lo ocurrido" y en el reconocimiento por parte de la Iglesia. En este sentido, ha afirmado que el delito lo comete la persona pero ha remarcado que "la responsabilidad está en quien lo ocultó". Esta ley "no es un ataque a la Iglesia, ni a personas creyentes ni a la religión" sino que "va de corregir unos silencios que nunca debieron producirse".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha reconocido que "esos abusos no son una fantasía para dañar a la iglesia" y que "quienes los padecieron no tuvieron justicia y reparación" y "tuvieron que vivir en silencio" su sufrimiento. Y ha remarcado que "no estamos en contra de reconocer a las víctimas" ni de investigar los abusos ni de explorar "mecanismos legales para que obtengan justicia y reparación".

Ha aclarado que NA+ está en contra de "esta ley" que ha criticado que está "defectuosamente redactada y mal elaborada", lo que "evidencia las prisas y la falta de rigor" con la que se ha elaborado. Ha considerado que "no es riguroso, no es sistemático y no ofrece garantías". Ha criticado que la ley regula los abusos en "sólo uno de los ámbitos, la Iglesia Católica" y se ha preguntado si "va a hacerse una ley para cada uno de los ámbitos en que se han producido abusos". Por ello, ha pedido la retirada de la ley y redactar otra "juntos" que "tenga en cuenta los abusos en todos los ámbitos".