PAMPLONA. El Consejo de la Vivienda de Navarra ha celebrado este jueves su tercera sesión, presidida por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en la que ha apoyado la propuesta final del Plan de Vivienda 2018-2028 con 21 votos a favor y una abstención.
El objetivo de este órgano es "avanzar en la participación, gobernanza y evaluación de las políticas de vivienda". Participan en el consejo representantes de la Administración, empresas promotoras, las entidades financieras, distintos colegios profesionales, oficinas de rehabilitación (ORVES), asociaciones de consumidores y usuarios, organizaciones sindicales y empresariales, Consejo de la Juventud, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como entidades que agrupan a las personas discapacitadas.
Una de las funciones principales del Consejo de Vivienda es participar en la elaboración, implementación y evaluación del próximo Plan de Vivienda 2018-2028, cuyo proyecto final será aprobado por el Gobierno el próximo miércoles, 8 de mayo, tras el dictamen positivo obtenido y la finalización del período de exposición pública abierto a la ciudadanía, ha destacado el Gobierno foral en una nota.
Según ha indicado, el consejo ha abordado los resultados del período de exposición, las "numerosas" aportaciones que se han recogido en el plan, relativas a vivienda asequible, dotación de suelo, necesidad de industrializar el sector de la construcción, así como de la necesidad de dar "más visibilidad y empuje a las actuaciones de rehabilitación protegida".
Además de la aprobación del Plan de Vivienda, el consejo ha sido informado sobre las iniciativas para la aprobación o modificación de diversas normas en materia de vivienda.
Una de ellas es la orden foral sobre obligaciones de publicidad en materia de subvenciones a la rehabilitación protegida. Esta nueva norma exigirá publicitar el carácter subvencionado de la actuación, mediante la colocación de un cartel, lona o similar, que sea fácilmente visible, en aquellas obras de rehabilitación que reciban subvenciones por importe superior a 20.000 euros.
Otra de ellas, es la orden foral sobre las nuevas cláusulas a añadir a los contratos de compraventa, adjudicación o arrendamiento de viviendas protegidas. Se ha iniciado el procedimiento para la aprobación de esta nueva norma que tendrá como fin principal dejar claras las obligaciones de respeto y buen comportamiento vecinal que deben guardar las personas propietarias o inquilinas de viviendas protegidas. También buscará adecuarse a los cambios habidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Asimismo, en la sesión se ha informado acerca del inicio del procedimiento para el cambio en el vigente decreto foral sobre condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en Navarra. A juicio del Ejecutivo foral, se trata de "una norma clave en la existencia de un parque residencial digno y adecuado de viviendas, que busca ajustarse a los cambios sociales y normativos de los últimos 15 años, y a las modificaciones habidas en el Código Técnico de la Edificación y documentos complementarios".
Por último, se ha trasladado al consejo la reciente concesión de un proyecto europeo al Departamento de Derechos Sociales, denominado 'LC Districts' al amparo del programa Interreg 2018 IV Call, en virtud del cual la Comunidad foral recibirá una cantidad que rondará los 300.000 euros para el estudio y diagnóstico de buenas prácticas en materia de viviendas de consumo casi nulo, eficiencia energética del parque residencial existente, y renovación de calefacciones de barrio. Todo ello bajo el mandato europeo de lograr economías que reduzcan el uso de combustibles fósiles.
