pamplona - José Luis J.H., el que fuera responsable del departamento de Administración de Riesgos de Caja Rural de Navarra al menos desde 2005 hasta que fue despedido en junio de 2017, se apropió de 5,8 millones de euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita para él siete años de prisión y una multa de 6.300 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El procesado, al que se le aplica la atenuante de confesión por haber acudido al juzgado antes de que la Caja se querellara contra él al descubrir su actividad, tendrá que indemnizar con 5.884.873 euros a la entidad bancaria y lo hará de forma solidaria junto a su esposa (por 1,43 millones), su hermano (por 79.117 euros) y por su socio (por 7.462 euros), a los que la Fiscalía, como el juez instructor, no les encuentra responsables penalmente de las actividades del acusado. Este depositó en el juzgado 802.000 euros para reponer parte del daño causado.
El investigado, que será juzgado en la Audiencia Provincial, era responsable de la contabilización de los préstamos sindicados tenía acceso, pleno manejo y control de la cuenta administrativa de la entidad que es única y en la que se gestionan todas las operaciones de los préstamos sindicados cedidos por el Banco Cooperativo Español y de la cuenta de intervención que instrumental y tiene una función principal de control de las cantidades dinerarias que se abonan para la amortización de los préstamos sindicados. Según la fiscal, las funciones que tenía el acusado le daban un alto nivel de autonomía e independencia y demostraban la alta confianza que la entidad tenía en él. De tal forma que el procesado durante los años 2005 a 2017 dispuso de dinero de Caja Rural de Navarra para sus propios fines, intereses y beneficios, habiendo realizado al menos 706 operaciones de traspaso de dinero. Los traspasos los hacía a través de transferencias externas, a terceros de otras entidades para abonar fabricantes pistas de padel, concesionarios de coches, decoradores, hoteles y restaurantes) por 5.176.858 euros; traspasos internos, a terceros de Caja Rural (hoteles y restaurantes, concesionarios de coches, contratistas, reforma vivienda particular, por 411.664,81 € euros y un cheque cargado directamente en la cuenta administrativa de Caja Rural por 256.350 euros. Para evitar que los órganos de control descubrieran su actividad, el procesado manipulaba los saldos de préstamos sindicados de 12 grandes empresas de tal manera que no presentasen su saldo real y dio de alta préstamos ficticios.
