- El Departamento que dirige José Mª Aierdi baraja ya la aplicación de medidas estimuladoras pero también coercitivas para que los pisos vacíos sean habitados. El proyecto de decreto foral que preveía medidas para evitar la tenencia de viviendas vacías elaborado en la legislatura pasada no fue finalmente aprobado por lo que el actual Ejecutivo prepara sus propios planes en este sentido que, según indicaron fuentes del departamento, serán de tipo fiscal. En concreto, se propondrán desgravaciones fiscales para los titulares de viviendas vacías que las ofrezcan en alquiler, aunque tampoco se descarta penalizar esta tenencia principalmente en el caso de personas jurídicas.

La ley foral de Medidas Urgentes para Garantizar el Derecho a la Vivienda aprobada en Navarra en 2013, y que fue propuesta propuesta por los grupos políticos que entonces estaban en la oposición, fue recurrida por el Estado. El Tribunal Constitucional validó el grueso de esta normativa cuatro años más tarde y el Gobierno de Navarra cuatripartito emprendió su desarrollo normativo. Este desarrollo, que no está en vigor al cien por cien, contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas deshabitadas más de dos años (de 30.000 a 300.000 euros) e incluso expropiar previo pago de un justiprecio. En cuanto a las personas físicas (particulares), excluidas la primera y segunda vivienda, se preveía aplicar a partir de la tercera vivienda desocupada un impuesto municipal (porcentaje sobre la contribución urbana).

Es precisamente al amparo de la legislación, por la que Navarra puede establecer deberes inherentes a la función social de la vivienda. La ley establecía que es preciso aprobar el Registro de Viviendas Deshabitadas, mediante decreto foral. Del mismo modo, requería elaborar el censo de viviendas deshabitadas. En diciembre de 2018 fue aprobada la normativa que reconoce en Navarra el derecho subjetivo a la vivienda y el Plan de Vivienda para el periodo 2018-2028 que se plantea como estrategia que la vivienda sea asequible, suficiente, habitable, accesible, así como mejorar la gestión, todo ello con la finalidad de garantizar la función social de la vivienda.

Ahora, con motivo de la pandemia por el coronavirus, el departamento que dirige José Mª Aierdi ha adoptado una serie de medidas urgentes para evitar que la crisis sanitaria afecte a las personas que residen en pisos de alquiler público. Estas medidas prevén deducciones económicas y solventan requisitos como el tiempo de estar inscrito en el censo para solicitar vivienda.