- El Sindicato Médico de Navarra secundó la huelga nacional de médicos, convocada para el último martes de cada mes, comenzando el 27 de octubre en medio de la segunda ola del covid-19, para exigir la retirada del Real Decreto Ley 29/20 que “dinamita la garantía de seguridad del paciente” y para demandar la apertura de la negociación “de otros muchos temas que son necesarios para mejorar las condiciones laborales y retributivas de la profesión médica”.
Así lo manifestó ayer en rueda de prensa el secretario general del sindicato, Alberto Pérez, que ha estuvo acompañado por Rosa Blasco, médico de Atención Primaria en Tudela, y Jesús Soria, pediatra de Atención Primaria. El secretario general reprochó que ni la presidenta María Chivite, ni la consejera de Salud, Santos Induráin, explicó la postura del Ejecutivo foral respecto al Real Decreto Ley y, no obstante, “hemos visto cómo se empieza a intentar contratar especialistas acogiéndose a esta legislación” con la que “los pacientes navarros van a ser los principales perjudicados”, criticó.
Pérez explicó que, con la incidencia del coronavirus, los profesionales médicos decidieron hacer una “tregua reivindicativa” y posponer sus demandas “a la mejora de la situación” que, sin embargo, ha sido “dinamitada” por el Ministerio de Sanidad con la aprobación “a traición y sin una negociación previa” del Decreto Ley.
Una iniciativa, denunció Pérez, que permite que “se pueda movilizar a cualquier profesional de la sanidad a una unidad distinta, se le obligue a trabajar en una especialidad distinta, y se permita contratar a médicos extranjeros con titulación de especialidad no homologada y a médicos españoles que hayan aprobado el MIR pero se hayan quedado sin plaza, es decir, que no tienen ni la preparación ni la titulación de especialista”. Igualmente, indicó, habilita a las enfermeras de hospital a “trabajar como médicos de medicina familiar y comunitaria”. Una “situación crítica”, afirmó, que “perjudica” a los pacientes y a los MIR que “el año que viene se pueden encontrar que los puestos de trabajo están ocupados por médicos no especialistas”.
Pérez advirtió, además, de la “absoluta indefensión para los profesionales” ya que el Colegio de Médicos “me puede sancionar e inhabilitar por hacer funciones para las que no tengo una preparación”.
Por su parte, Soria resaltó que “donde realmente es acuciante la incapacidad de atender adecuadamente es sobre todo en Atención Primaria y los servicios de urgencia”. Algo que produce que la población esté “muy enervada” porque “no consiguen que le cojan el teléfono” o tienen que hacer “hasta tres llamadas para ser atendidos”. “No se puede diagnosticar y tratar telefónicamente”, subrayó.
A este respecto, señaló que para el colectivo médico “no se ha querido cuantificar cuántos puestos eran necesarios para atender la demanda covid”, lo que supone “una sobrecarga directa” para los profesionales. En este sentido, destacó que, antes de la pandemia, “ya había plazas sin cubrir de facultativos en Atención Primaria”.
Por último, Blasco analizó la reciente sentencia del Tribunal Supremo que “reparte culpas entre Sanidad y las comunidades autónomas” por la falta de material de protección sanitario durante la primera ola de la pandemia. Una sentencia fruto de la demanda interpuesta en abril por la Confederación de Sindicatos Médicos que “reconoce” que la Administración y las comunidades autónomas no fueron “capaces de dotar a los sanitarios de los medios precisos para afrontar protegidos la enfermedad”.
“No hay garantía de que el médico que te atienda en el hospital tenga título de especialista”
Secretario general del Sindicato Médico
