Pamplona. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha apostado este martes por promover "una economía foral baja en carbono" para "responder coherentemente a la situación de demanda y emergencia social" que existe en relación al cambio climático.
Gómez, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para informar sobre el anteproyecto de ley foral de Cambio Climático y Transición Energética, ha señalado que la nueva normativa, que se espera remitir al Parlamento en el primer semestre de este año, debe involucrar a todos los departamentos del Gobierno y a las entidades locales.
La consejera, quien ha apuntado que "ya es una certeza" que el cambio climático tiene incidencia también en los ámbitos económico, de la salud y lo social, ha señalado que la ley foral incidirá en aspectos como el cambio de las energías fósiles a las renovables, la pobreza energética y la prevención de los riesgos para el medio ambiente.
La parlamentaria socialista Virginia Magdaleno, tras recordar que esta ley foral está prevista en el acuerdo programático para el primer año de legislatura, ha considerado que el cambio climático es "una evidencia" y ha abogado por que Navarra sea "un referente como territorio sostenible".
Asimismo, ha instado a retomar el desarrollo de las energías renovables. "Tenemos que volver a ser pioneros en este ámbito", ha dicho.
La consejera ha presentado asimismo en la comisión el proyecto de ley foral para regular las actividades con incidencia en el medio ambiente.
El medio ambiente, ha asegurado, "es algo que tiene que calar más allá de lo que son pájaros y flores", ya que también "es la salud y la seguridad de las personas".
"No entendería que estuviéramos hablando por un lado de medio ambiente y por otro de salud", ha declarado Gómez, quien ha insistido en que la nueva ley estará "absolutamente comprometida con la salud y la seguridad de las personas".
El texto, ha apuntado Gómez, establece los controles administrativos ambientales previos a la instalación y puesta en marcha de las instalaciones, proyectos y actividades que puedan ocasionar molestias, alterar las condiciones del medio ambiente o producir riesgo de afecciones para el mismo.
La nueva norma sustituirá a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental de 2005, una norma que, según ha explicado la consejera, necesitaba ser adaptada al nuevo marco jurídico europeo y estatal, "más exigente con la protección de las personas y del planeta", y también a las nuevas actividades económicas y a sus posibles impactos en el medio ambiente.
Partiendo del objetivo de ganar en eficacia y agilidad en las tramitaciones, el proyecto de ley elimina duplicidades en los procedimientos y establece su trámite de la manera más sencilla posible estableciendo una "ventanilla única" en este ámbito.
En lo que respecta a las entidades locales donde se desarrollan estas actividades, el proyecto simplifica el trabajo de trámite y gestión, estableciendo que los municipios solo otorgarán la licencia de actividad clasificada para las que no requieran algún tipo de informe previo del Departamento.
En el caso de las actividades que requieran de esa intervención, será el propio Departamento el que conceda la autorización necesaria (nueva autorización ambiental unificada) y lleve a cabo su seguimiento y control.
El ámbito de aplicación del proyecto se concreta en el apartado de anexos, donde el texto determina qué proyectos, instalaciones, actuaciones y actividades deberán solicitar bien la autorización ambiental unificada o bien licencia municipal de actividad clasificada, en determinados grupos de actividad.
Estos grupos de actividad son, entre otros, instalaciones de combustión/energéticas, producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de residuos, industria del papel, el cartón y derivada de la madera, industria textil y del calzado, e industria del cuero.
Se trata asimismo de las industrias agroalimentarias, explotaciones ganaderas, consumo de disolventes orgánicos, industria de la conservación de la madera, tratamiento de aguas residuales, captura de CO2, artes gráficas, instalaciones de almacenamiento y actividades comerciales y servicios.
La consejera ha comentado que el Gobierno de Navarra ha presentado 70 enmiendas al proyecto para su debate parlamentario, un procedimiento con el que se pretende no demorar la tramitación de la normativa.
La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que con esta norma se pretende huir de la duplicidad de procedimientos y agilizar el procedimiento administrativo, algo que "la ciudadanía siempre demandamos".
El resto de grupos políticos han compartido la necesidad de la nueva ley foral y de su debate parlamentario con el objetivo de agilizar y simplificar las tramitaciones ambientales.
