Si durante diez años solo has vivido obstáculos judiciales, demoras legislativas y disgustos personales, es normal que cuando por fin llega una ley que supuestamente te va a simplificar la vida la recibas con optimismo. Pero los afectados por amianto están acostumbrados a los reveses y no se fían del todo: quieren un desarrollo reglamentario “acorde al espíritu de la ley”, en los tres meses que marca la norma y con claridad suficiente, tanto en la cuantía de las ayudas como en hasta dónde llegan las ayudas.

Es lo que pide Asun Fernández, presidenta de la Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer (Ananar), que tiene cerca de 200 socios y representa los intereses. El amianto se llevó a su marido, Txema, uno de esos obreros envenenados alegremente con amianto por parte de unas empresas que primaron el interés económico por encima de la salud de los trabajadores. Tras una batalla judicial feroz y muchos intentos legislativos, ve bien la nueva ley. “La idea es estupendísima, pero el reglamento está pendiente y nos vamos a plantar en febrero sin quererlo”, razona.

El texto es bueno, “pero deben aclararse muchas cosas”. Por ejemplo, qué ocurre con los autónomos, todos los trabajadores que no han podido reclamar nunca a una empresa “y que no pueden morirse y hasta luego, Lucas”.

También está pendiente una definición exacta de qué ocurrirá con el fondo, cómo funcionará, de qué manera se exigirá la responsabilidad a las empresas o la dotación exacta del fondo de compensación.

Mensaje al gobierno foral

Fernández exige todo esto al Gobierno de España y al ministerio encargado del desarrollo, que es el de Seguridad Social. Pero también aprovecha para mandar un mensaje al Gobierno de Navarra, que a su juicio no ha recogido con toda la claridad las reclamaciones que se han hecho desde Ananar.

Sobre todo en lo que se refiere a las ayudas para la retirada del amianto.

“El amianto es un peligro medioambiental a lo bestia”, subraya. Si algo tiene de particular es que cualquier exposición a las fibras puede generar daños y por eso el Ejecutivo debe cumplir con su promesa de ayudar económicamente a la retirada de amianto como una partida única, no supeditada a la realización de otras obras. “Si no dan ayudas para la retirada de amianto, que vale un dineral, veremos, como vemos habitualmente, uralitas en contenedores. Y eso es peligrosísimo”, alerta. Razón por la que llama a cumplir con los planes de desamiantado con fondos suficientes.