bERLÍN - Varsovia defendió ayer la reforma legal aprobada por el Senado que prohíbe legalmente acusar a los polacos de complicidad en el Holocausto y pena con hasta tres años de cárcel el uso de la expresión “campos de exterminio polacos”.
La ley, muy criticada por Israel, fue propuesta por el partido conservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), que gobierna con mayoría absoluta en el país, y ha sido recibida con gran preocupación por el gobierno de Estados Unidos.
La reforma legal se suma así a las sucesivas reformas del sistema judicial polaco por las que la Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento por violaciones del Estado de derecho.
“Fueron los alemanes los que atacaron Polonia, mientras que los polacos y los judíos fueron las víctimas”, insistió ayer la portavoz del Gobierno polaco, Joanna Kopcinska.
Polonia nunca fue pronazi Tal y como indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado emitido anoche, “la nueva ley no inhibe la libertad de expresión o de investigación, sino que tan sólo trata de combatir todas las formas de negación y distorsión de la verdad del Holocausto”, asegura el texto, cuyo principal objetivo es evitar que se minimice la responsabilidad de los verdaderos autores de la masacre.
“Acusar a la nación polaca o al Estado polaco de complicidad con el III Reich alemán en los crímenes del nazismo es inexacto, engañoso y doloroso para las víctimas que son ciudadanas polacas”, agrega el documento.
El Ministerio reconoce que la nueva ley establece “diferencias” respecto a otros países, pero el Gobierno de Kiev se ha mostrado convencido de que la reforma “no afectará a la asociación estratégica de Polonia con Estados Unidos”.
Poco antes de la aprobación de la ley, Washington había mostrado, a través de un comunicado del Departamento de Estado, sus temores a que la reforma pudiese afectar a la libertad de expresión y la investigación académica, así como a las relaciones “estratégicas” de Polonia con Estados Unidos e Israel.
“Animamos a Polonia a reevaluar esta legislación a la luz de su potencial impacto en el principio de la libertad de expresión y en nuestra habilidad de ser socios efectivos”, indicaron las autoridades estadounidenses.
En representación del Gobierno israelí, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon, condenó la reforma polaca al considerar que “desafiar la verdad histórica” es de “suma gravedad” y ninguna ley “cambiará los hechos”.
Por su parte, la Knesset (el Parlamento israelí) estudia reaccionar a lo sucedido con una ley que tipifique como delito los intentos de “negar o minimizar la implicación de los ayudantes, simpatizantes y colaboradores de los nazis”, según el diario Jerusalem Post.
Desde la capital israelí, el Yad Vashem, el museo que recuerda a las víctimas judías del Holocausto, admitió que la expresión “campos de concentración polacos” (en referencia a Auschwitz, Birkenau o Treblinka) es errónea, pues estos recintos fueron construidos y operados por los alemanes en territorio polaco ocupado por los nazis.
Sin embargo, varios representantes de dicho museo opinaron que “la manera correcta de combatir estas tergiversaciones históricas no es criminalizando las declaraciones, sino reforzando las actividades educativas”.
El Yad Vashem también advirtió de que la ley puede “difuminar verdades históricas por los límites que impone en expresiones sobre la complicidad de segmentos de población polaca en crímenes contra los judíos cometidos en suelo polaco por su propio pueblo, directa o indirectamente, durante el Holocausto”.
AYUDA ENCUBIERTA Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), muchos polacos fueron asesinados por los nazis; sin embargo, la cuestión es más compleja de lo que parece, ya que, según historiadores como el polaco-estadounidense Jan Gross, también hubo grupos de polacos que durante la ocupación nazi contribuyeron, incluso activamente, al genocidio judío.
Gross relata en su libro Vecinos cómo habitantes del pueblo de Jedwawne asesinaron a unos 1.600 judíos (incluidos mujeres y niños) ante la pasividad de los ocupantes nazis.
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, procedente de la opositora Plataforma Ciudadana (PO), lamentó en su cuenta de la red social Twitter que, a raíz de la polémica, el Ejecutivo de Varsovia se haya convertido en el principal difusor a nivel mundial de la expresión “campos de exterminio polacos”.
La reforma legal fue aprobada el viernes de la semana pasada por la cámara baja polaca y el pasado miércoles por el Senado. Entre medias, el primer ministro polaco y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, acordaron el pasado domingo en una llamada telefónica abrir un diálogo bilateral para buscar acuerdos.
Pese a que haber sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento, la nueva ley del Holocausto aún no ha entrado en vigor: sólo falta que el presidente polaco, Andrzej Duda, revise en profundidad el documento legal y lo ratifique. - Efe
