“Tras el cambio de criterio de la DGT, por el que ahora dicen que el aula no ha de ser de uso exclusivo para la DGT, podemos ofrecer una solución a las autoescuelas, usaremos el edificio Nexo”, dijo el viernes el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Tras esta afirmación, la delegación de Gobierno y la DGT se echaron las manos a la cabeza, porque esa solución era lo mismo que habían estado proponiendo al Ayuntamiento de Tudela desde el 17 de enero cuando Toquero decidió construir un nuevo enfrentamiento dentro de su táctica de “el Gobierno de Navarra se olvida de Tudela” o “Pamplona tiene un trato preferente” y el consiguiente “este alcalde va a luchar hasta el final por los tudelanos”.
Para ello cifró el gasto para adecuar las antiguas instalaciones en más de 120.000 € que no pagaría Tudela (en todo el país lo pagan los ayuntamientos excepto en 16 oficinas locales de ciudades de más de 60.000 habitantes) y señaló que debía ser el Gobierno quien lo pagara ya que en Pamplona el Consistorio no paga nada (el edificio es de la DGT). Acto seguido, las autoescuelas se levantaron airadas por miedo a que desapareciera el lugar donde hacen los exámenes teóricos y se pusieron del lado de Toquero, después de ellas lo hicieron 18 alcaldes de UPN y de su órbita. Al mismo tiempo, UPN se negaban siquiera a debatir otras soluciones que daba la oposición (por ejemplo que la Mancomunidad de Residuos lo sufragara). Toquero lo tenía claro, era el Gobierno quien debía hacer frente al problema.
Así, tras anunciar que había un “cambio de criterio” Toquero apareció como el gran solucionador, al ver reducido el coste de 120.000 a 20.000 € y dando a entender que la DGT había cedido ante su presión. Nada más lejos de la realidad.
La verdad
Resulta que el dragón no era tal y que la DGT y la delegación de Gobierno desde el primer día, ofrecieron esa solución al primer edil regionalista. Ambos organismos enviaron correos a la secretaria del alcalde en la que afirmaban “hemos tenido oportunidad de hablar con la Subdirección General de Formación de la DGT, la cual nos ha informado que los monitores (pantallas táctiles), que se instalen, tienen que ser de uso exclusivo de la DGT, pero el aula donde estén instalados, no” (17 de enero) o que “os informo que de uso exclusivo por parte del personal de la DGT son únicamente los terminales (pantallas táctiles), el ordenador del gestor de pruebas teóricas y la VLAN lógica que deben estar integrados en terminales y el gestor de pruebas. El resto (aula, otros ordenadores, mesas…) los puede utilizar el Ayuntamiento para otras funciones” (20 de enero).
Tras esta tragicomedia, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se enfrenta a un dilema complicado ante el tajante desmentido de delegación de Gobierno y DGT: o reconoce que no vio los correos que le enviaron, pide disculpas y cesa a la secretaria a cuya dirección se enviaron los correos, o sigue adelante, con la evidencia de que toda la ciudadanía sabe que ha engordado una polémica con el único propósito de sacar rédito político, poniendo en serio riesgo el trabajo de las autoescuelas y creando un clima de enfrentamiento del que solo él es responsable.
Sea cual sea su decisión se hace evidente la necesidad de dar explicaciones de lo que ha sucedido con los correos perdidos, no leídos u ocultados deliberadamente. Aunque solo sea con la intención de pedir perdón a la ciudadanía y aclarar el esperpento vivido.
Sin embargo, el primer edil no es persona en la que sea habitual dar ruedas de prensa para explicar situaciones polémicas o pedir perdón, algo que se ha reducido en el Consistorio desde que entró Toquero. Los encuentros con la prensa solo son para anunciar proyectos, programas, presupuestos o hacerse fotos, pero nunca para dar la cara con ningún tema polémico. Incluso el cierre de unas piscinas municipales y su desaparición o la aclaración de unas dietas que cobró lo anunció a través de un comunicado de prensa.
El primer edil (que habitualmente acusa a María Chivite y a la oposición de “mentir a los navarros”, hacer oídos sordos “a las necesidades de los riberos” y a los políticos de que “no pueden dar la cara solo cada 4 años”), debe asumir responsabilidades. Es su turno, su momento, y ante la evidente falsedad de que la DGT había cambiado de criterio y él podía ofrecer una solución a las autoescuelas, ha de contar la verdad y demostrar que se debe a los ciudadanos. La situación exige tomar medidas como cesar a la secretaria ya que, caso contrario, no sería extraño que la oposición pidiera la dimisión de Toquero. No por la gravedad del asunto, sino por la sensación que tendrá la ciudadanía de que su alcalde les puede mentir u ocultar la verdad sin sonrojarse.
