Contigo Tudela llevará a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra el pago que hizo el equipo de gobierno de UPN al despacho de abogados Gesabogados después de conocer que un informe de la Intervención Municipal cuestiona la misma y habla de posibles ilegalidades en la misma. De hecho, desde Intervención se llega a hablar de la responsabilidad que tendría el técnico que realizó este pago incumpliendo la ley. Pese a todo ello, y obviando este informe, el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, aseguró en el pleno que “se ha cumplido con la ley de contratos. No existe fraccionamiento ni informe contrario de intervención”.

Por su parte desde el PSN han pedido un informe jurídico al secretario municipal sobre “si estamos ante un fraccionamiento de contrato”.

El origen

Contigo Tudela llamó la atención sobre las facturas que este despacho de abogados ha cobrado del Consistorio, que adjudicó sin licitar, de 7.200, 18.150 y 3.600 euros para elaborar alegaciones a la CHE que la propia entidad calificó de “incorrectas y carentes de fundamento jurídico y técnico” y que alguna de las cuales supera la cifra de los 15.000 que se pueden adjudicar de forma directa. Unas cantidades que destacan máxime cuando la propia CHE, en su respuesta a las alegaciones de Tudela contra la planta de lodos de NILSA, afirma que “los servicios urbanísticos técnicos municipales emitieron con fecha 29 de noviembre de 2023 informe favorable de compatibilidad urbanística…”.

El informe

Un informe de Intervención dado a conocer en el pleno de este mes por Contigo Tudela afirma que este gasto “no ha seguido el procedimiento establecido” y reconoce que “el importe total contratado siguiendo el régimen especial de menor cuantía en los últimos 48 meses supera el límite de 15.000,00 euros (IVA excluido) establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratos”. El técnico que fiscaliza los gastos del Ayuntamiento afirma que “ha de procederse al abono de la prestación realizada, aunque no existiese autorización ni adjudicación previas del gasto ya que en caso contrario podría incurrirse en un supuesto de enriquecimiento injusto. No obstante, ello no exime de la responsabilidad que podría acarrear al empleado público que efectuó el encargo sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción se crea para la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y las prácticas fraudulentas de las Administraciones Públicas de Navarra y de las sociedades y entidades por ellas participadas.