La actividad humana es ahora mismo un factor de deterioro constante del entorno, la biodiversidad y la calidad ambiental, lo que implica empezar por reconocer que nuestra acción es un riesgo para nuestra propia integridad. La polémica suscitada por el vertido de residuos líquidos en la planta de Artajona, procedentes de Gipuzkoa entre posiblemente otros lugares, cuando no tiene permiso para su tratamiento es un ejemplo más de que es preciso tomar conciencia del efecto global de nuestra actividad individual y local y asumir que la huella ambiental que generamos es insostenible y redundará en el deterioro de nuestra propia calidad de vida.

Más allá de las responsabilidades que se puedan derivar de ello, incluida la posibilidad de pasar del cierre cautelar actual de la empresa a su cierre definitivo, el caso de los vertidos ilegales en Artajona es otro ejemplo de la necesidad de marcar una frontera clara: la del pragmatismo supuestamente modernizador y la de la exigencia ética de someter el desarrollismo consumista y los beneficios económicos a los derechos y deberes de los ciudadanos. Y en esa muga se encuentra la línea de la seguridad. Como lo es también la propuesta de instalar cuatro líneas de alta tensión con distintos trazados que proyecta la empresa Forestalia entre Zaragoza y Gatika (Bizkaia), a través de Navarra.

El propio consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha recordado que este departamento ya emitió informes desfavorables porque el proyecto era incompatible con la conservación de los valores medioambientales, sociales y paisajísticos. Son dos episodios –uno sobre la gestión de los residuos y otro sobre el acceso a la energía–, de un debate social, económico y político más amplio entre el déficit energético y el descontrol del consumo y la necesidad de apostar por una economía asentada sobre el desarrollo sostenible, el respeto medioambiental, la cohesión territorial y la justicia social. Un debate que debiera afrontarse social y políticamente sin prejuicios ni chantajes interesados de los lobbies energéticos o de los intereses partidistas. Es demasiado lo que está en juego.

La lucha contra el cambio climático y la transición energética son dos procesos de transformación imprescindibles como retos inmediatos en este siglo XXI. Sendos procesos, al igual que la energía nuclear, los graves problemas de los restos de plástico o de basura informática o doméstica en el mar o en la tierra o la instalación de parques eólicos o solares, que independientemente del análisis abierto entre las necesidades colectivas y los intereses particulares se deben encarar desde valores democráticos para poder buscar e impulsar alternativas eficaces y socialmente útiles para el conjunto de la sociedad.

Navarra ha ido aprobando leyes sobre Residuos, Cambio Climático y Transición Energética, pero es un tiempo en el que los problemas del consumismo desaforado, la inestabilidad de la geopolítica internacional y la explotación salvaje de los recursos naturales van modificando las demandas y necesidades de las sociedades cada vez más rápido. Y guste más o menos o nada hay que hacer frente a esos retos ineludibles de la mejor manera posible para que las consecuencias por muy inevitables que puedan ser sean lo menos perjudiciales posibles para las personas y comunidades.