e podrá compartir o dudar de los fines, diferir más o menos en cuanto a la pretensión empresarial de mantener determinados aspectos de la reforma laboral de 2012 e incluso abrigar escasa confianza en que la percepción actual de la economía se mantenga más allá de unos primeros meses, pero lo cierto es que algo se mueve. La defensa por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, del gasto -entendido como inversión- y las ayudas sociales por el Estado enfocan hacia un cambio de paradigma económico que ya se intuía en las propuestas de la Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen. Y de algunas intervenciones en la cumbre empresarial organizada por la patronal CEOE, como la del presidente de Iberdrola en defensa del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -la hoja de ruta diseñada por el Gobierno central a diez años vista- para la generación de alrededor de 300.000 empleos, cabe deducir que efectivamente la economía parece decidida a dejar atrás la pandemia y sus dramáticos efectos y diseñar nuevos modelos productivos sostenibles. Ahora bien, esa intención de reestructuración profunda que debería servir como tractora a todo el tejido industrial y tecnológico, y con ellos de la creación de empleo y de un nuevo modelo de reparto de riqueza, precisa de un marco normativo concreto, nítido y a medio plazo similar, por ejemplo, al que ya han implementado otros países europeos, como Alemania. Y exige asimismo despejar la incertidumbre sobre los límites de estabilidad presupuestaria y deuda o de déficit sobre el PIB con el fin de reactivar la inversión pública, el mercado interno y el empleo, así como conocer el modo en que Navarra accederá a los programas europeos ya en ciernes y a los estatales pendientes del reparto definitivo de 16.000 millones. Más allá de la imprescindible incentivación económica -vital por ejemplo en el caso de la automoción, que representa el 10% del PIB español y al que se destina un plan por 3.750 millones- para sortear los efectos inmediatos del parón comercial por el coronavirus, cabe colegir que los movimientos que comienzan a detectarse en la economía necesitan un marco de certezas que comprometa a todos los agentes. Empezando por la política, que debe anteponer la reconstrucción social a sus cuitas partidarias, y siguiendo por el binomio patronal-sindicatos para compaginar la productividad con el trabajo digno, incluyendo retribuciones suficientes para tirar del consumo privado.