Pamplona - La abogada de Sancho Bandrés, Ana Clara Villanueva, terminó ayer la exposición de su informe de conclusiones revelando "una convicción íntima que espero que sea pública y se plasme en la sentencia por medio de la declaración de absolución de mi representado". Fue el final de una procelosa explicación de las funciones desarrolladas como directivo de Osasuna de su mandante, al que, como señaló la letrada, "se le ha llegado a considerar factótum económico e incluso ideólogo de todo, pero no es así". Con ese "todo" se refería a los delitos de falsedad contable y de documento mercantil, corrupción deportiva y apropiación indebida de los que le acusan y por los que la fiscal solicita para él una pena de 11 años y 11 meses de prisión (de 12 en el caso de Osasuna y de 13 en el de la Liga), amén de una multa de casi 2 millones de euros.

La representante legal de Bandrés defendió que "no hay ninguna prueba que acredite" que su cliente "tuviera conocimiento de todos los extractos de dinero" que se produjeron en el club en las temporadas 2012-13 y 2013-14 y además aseguró que "no pudo conocer esas extracciones de dinero y su contabilización", principalmente porque "no estaba en el día a día del club, como dijo el excontable Tomás López en su declaración", porque "no satisfacía pagos ni los autorizaba" y porque su trabajo como directivo se centró casi en exclusiva en "la regularización de la deuda con Hacienda, la reformulación de las cuentas anuales y el Expediente Europa" para demostrar que el club no había recibido ayudas de estado. En este sentido, también añadió que "no tenía las claves de la banca digital del club y nunca controló el movimiento de caja", detallando que el trabajo de su representado "afectaba a las cuentas anuales, no a la contabilidad, y afectaba no sólo al ejercicio que le correspondía, sino a los anteriores". "Lo que hizo fue ir corrigiendo todos los errores, que supusieron un pasivo de 23 millones de euros en la temporada 2012-13, por lo que el club tenía 23 millones más de deuda. Estos 23 millones no se llevan a la cuenta de resultados, sino que se llevan contra el patrimonio", explicó, añadiendo que éste fue un detalle que se expuso en una asamblea de compromisarios, extremo confirmado por uno de los socios que declaró como testigo, Asier Larrea, que, como recordó la letrada, "dijo que en aquella asamblea se montó una buena bronca" cuando Bandrés compartió este dato con la masa social rojilla.

Ni recibí, ni préstamo Villanueva también defendió que Sancho Bandrés "no consintió ni conoció la existencia y la contabilización del recibí de 900.000 euros" a unos agentes inmobiliarios -Cristina Valencia y Albert Nolla, sentados en el banquillo de los acusados al igual que el exdirectivo- para supuestamente encubrir la salida de esa cantidad en efectivo de las cuentas del club en la temporada 2012-13. A este respecto explicó que "la introducción sorpresiva de una prueba no solamente excluye el conocimiento por parte de mi representado, sino que además revela un especial esfuerzo por parte de las acusaciones por meter a Bandrés donde no hay manera de encontrarle". "Mi representado nunca dio una orden de contabilización", agregó.

Del préstamo de 600.000 euros de José Antonio Osés, cuñado del exdirectivo José Manuel Purroy, la letrada señaló que "si Tomás López no lo conocía y se enteró un año después de su existencia y el resto nos hemos enterado con posterioridad tras el registro en la casa de Vizcay, no hay ningún dato que pudiera dar a entender que tuvieran conocimiento del mismo la junta y mucho menos mi defendido". También apostilló en este sentido que los auditores tampoco vieron este asiento contable pese a estar mucho tiempo haciendo trabajo de campo en el club, principalmente porque no estaba. Fue así como quiso demostrar que Bandrés no podía conocer el préstamo y asimismo destacó que "tampoco prestó su consentimiento ni conoció la decisión de la junta de pagar al Betis".

La junta

"No ejerció como Tesorero"

"No había cargos asignados". Como la defensa de Sancho Bandrés considera que las acusaciones se han centrado, y mucho, en señalar a Bandrés como uno de los responsables de la distracción de aproximadamente 2,5 millones de euros de las arcas de Osasuna entre 2012 y 2014 por su condición de tesorero, la letrada del exdirectivo quiso dejar claro que en la junta de Archanco "no había cargos asignados" y que su mandante "no ejerció como tesorero". Para demostrarlo, señaló que otros miembros del equipo de Archanco tampoco conocían exactamente su cargo, algo que se repitió con la Gestora y con la actual directiva. "No había compartimentos estancos", resumió.