CÁDIZ. En declaraciones a Europa Press, Barragán deja claro que la administración del litoral "exige mejoras sustanciales" y, por tanto, cualquier modificación de la vigente Ley de Costas o nuevas aportaciones de la anunciada Ley de protección y uso sostenible del litoral generan "justificadas expectativas". Sin embargo, exceptuando las facultades atribuidas al delegado del Gobierno para intervenir ante actuaciones que amenacen la integridad del DPMT, el borrador del anteproyecto "no destaca por medidas innovadoras o ambiciosas en lo que concierne a la protección, conservación y recuperación de ecosistemas litorales".
Asevera que "hay temas que deberían ser tratados y que incomprensiblemente fueron ignorados". Entre ellos, cita la ejecución de las demoliciones de las "miles de segundas residencias ilegales en DPMT o en Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)", así como la ausencia de criterios e incentivos para recuperar o restaurar, parte al menos, del litoral perdido o degradado en las últimas décadas. Tampoco entiende que hayan sido "ignoradas de forma absoluta" las "consecuencias previsibles" del cambio climático.
Aplaude que el borrador introduzca mecanismos encaminados a mejorar la transparencia y la información a los usuarios -papel de los Registros de la Propiedad--, aunque confiesa no tener tan clara la bondad de los nuevos criterios aportados para delimitar el deslinde del DPMT. En este sentido, apunta que "da la impresión de que el borrador ha sido redactado para favorecer sólo a unos determinados grupos de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT".
EXCESIVO PESO DE LO ECONÓMICO
Destaca el "especial trato" que da el texto de la reforma a la dimensión económica, lo que se refleja en el mero hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir, "a tres generaciones vista", lo cual considera "un exceso". Una vez aplicado, supondrá excluir del deslinde a "bastantes instalaciones y edificios", preguntándose "quién pagará las obras de su defensa costera o los daños que ocasione el mar en esas mismas edificaciones".
El catedrático tilda de "preocupante" que el borrador no trate la gobernanza de un ámbito "tan conflictivo", en el sentido de que están implicadas las tres escalas de la Administración Pública -local, autonómica y estatal--, recordando que si por algo se caracterizan precisamente las modernas leyes de GIAL es por centrarse en la "organización, coordinación y cooperación de instituciones".
Además, apunta que "no debe olvidarse" que algunas comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía "ya ostentan competencias trascendentales del DPMT", por lo que invita a reflexionar cuál es la manera más adecuada de relacionar las distintas administraciones, máxime cuando "no sobran foros o lugares de encuentro para el diálogo y la búsqueda de consensos".
Subraya que "la información y la participación pública son una prueba fehaciente de una administración democrática, moderna y transparente". Por ello, anima a inspirarse en países con más trayectoria en este tipo de instrumentos para evitar "seguir gestionando el litoral de España sin política específica, sin espacios de encuentro institucional, sin instrumentos de guía, sin instituciones apropiadas y sin participación de los agentes sociales como hasta ahora".
El catedrático concluye que si el borrador propuesto marca finalmente la estructura y el contenido de la futura Ley para la gestión del litoral, hace presumir que "no mejorará la protección y recuperación de los sistemas litorales, no tendrá capacidad para afrontar temas nuevos o esenciales, no facilitará la gobernanza en un ámbito tan problemático y no modernizará nuestro obsoleto e ineficaz modelo de gestión pública". Por ello, lamenta que no se haya inspirado en el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, en vigor en España desde hace más de un año (BOE 70 del 23 de marzo de 2011).
