La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles consideran que el anuncio de que el próximo 1 de julio será efectivo el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra pone fecha a la "expulsión" de los agentes de la Comunidad Foral.
De esta forma se pronuncian en sendos comunicados pese a que en todo momento tanto desde el Gobierno de España como de Navarra se ha insistido en que la transferencia no supone tal expulsión y este jueves por la mañana la presidenta María Chivite ha subrayado que se abrirá una "pasarela" para que los guardias civiles de Tráfico que quieran incorporarse a la Policía Foral puedan hacerlo, como se contempla en la Ley Foral de Policías de 2018.
JUCIL expresa su "dolor" por "la decisión política de expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras navarras, un hecho que se perpetrará definitivamente el 1 de julio".
"Los 220 compañeros del departamento de Tráfico de Navarra son víctimas de un cambalache político que no solo les afecta a ellos en su trabajo, también provoca daños muy graves en la vida de sus familias, que pueden verse obligadas a abandonar Navarra", afirma el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
"María Chivite ha dicho que poner fecha a la expulsión de 220 familias de Navarra es para ella un gran día", sostiene, a lo que añade que "a JUCIL esta alegría le recuerda las infames expulsiones de judíos y moriscos de la Península Ibérica de los reinados de los Austrias".
En esa línea, añade que "este hecho es propio de estados totalitarios, como la Unión Soviética bajo la tiranía de Stalin". "Lo que ocurre en Navarra recuerda aquella tiranía", sostiene.
Vilariño apunta que los servicios jurídicos de la asociación estarán a disposición de los compañeros que lo soliciten "para asegurar que puedan continuar con su trabajo y con sus vidas en el lugar que han elegido".
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles opina que con el traspaso de la competencia "se consuma la humillación, un despropósito del que siempre resultan perjudicados los componentes del Cuerpo".
Tras preguntarse "qué va a ocurrir ahora con los guardias civiles de tráfico y sus familias", sostiene que el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska "aún no ha aclarado cuál va a ser el futuro de los agentes allí destinados", por lo que le demandan "explicaciones urgentes".
En su opinión, "Marlaska ha utilizado a los guardias civiles como moneda de cambio, no solo no informan previamente a los compañeros agraviados en Navarra, sino que el Ejecutivo tampoco escucha ni convoca reunión alguna para conocer las reivindicaciones y necesidades de los agentes".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha cargado también contra el acuerdo entre el Gobierno central y el de Navarra para poner fecha, el 1 de julio, a la transferencia efectiva de la competencia de Tráfico a la Comunidad Foral, denunciando que "se consuma la humillación" y acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "desconsideración y falta de sensibilidad".
En este contexto, AUGC ha advertido de una "incertidumbre" en los agentes de Guardia Civil destinados en Navarra que ha sido provocada, bajo su punto de vista, por la "desconsideración y la falta de sensibilidad del Gobierno actual".
"¿Qué va a ocurrir ahora con los guardias civiles de tráfico y sus familias? El Ministerio del Interior aún no ha aclarado cuál va a ser el futuro de los agentes allí destinados, por lo que desde AUGC reclamamos al ministro Marlaska que dé explicaciones urgentes sobre esta cuestión", interpelan directamente al ministro.
Además, cargan contra el acuerdo entre el Gobierno y Bildu y les acusan de utilizar a los guardias civiles como "moneda de cambio" y de no escuchar ni a los compañeros "agraviados" en Navarra ni tampoco convocar una reunión para conocer "las reivindicaciones y necesidades de los agentes".
