El Departamento de Industria ve escaso margen para oponerse a la implantación de un parque fotovoltaico en cerca de 100 hectáreas de terreno comunal en Cáseda. Una operación que ha enfrentado el interés público con el privado por la titularidad de unos terrenos actualmente en litigio, y que avanza en su tramitación administrativa a la espera de la declaración de interés público.
“De conformidad con lo establecido en la normativa del sector eléctrico, no resulta posible la suspensión de los procedimientos”, señaló este martes en el Parlamento el consejero de Industria, Mikel Irujo, que recordó que “la Ley del Sector Eléctrico, en coherencia con la condición de servicio económico de interés general de la actividad de suministro de energía eléctrica, declara de utilidad pública, entre otras, las instalaciones de generación de energía eléctrica”.
No hay en todo caso una decisión defintiva. El Departamento tiene un año para resolver las alegaciones y el trámite está abierto todavía. No obstante, el margen es limitado una vez que el proyecto ha logrado ya la declaración favorable de impacto ambiental y el visto bueno de Ordenaciones del Territorio. “Estamos analizando todas las alegaciones”, subrayó Irujo.
Se trata de un conflicto “histórico”, señaló el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que había pedido la comparecencia de Irujo para que detallara la posición de Industria en la tramitación de los expedientes de dos parques fotovoltaicos en Cáseda. Un proyecto para instalar dos plantas solares de 48,66 y 43,78 hectáreas respectivamente.
De ellas aproximadamente el 40% son hectáreas reconocidas en el catastro como terreno comunal. En torno a 10 hectáreas son propiedad del Ayuntamiento, pero las otras 30 son comunal en litigio. Eso significa que su titularidad está reclamada por los particulares que han venido haciendo uso de la tierra durante los últimos años. Entre estos últimos se encuentra el alcalde de Cáseda, que reivindica la propiedad de más de la mitad de los terrenos comunales en disputa.
El proyecto se encuentra actualmente a la espera de la declaración de utilidad pública. Una autorización que depende del Departamento de Industria y que permitiría a la empresa promotora, Metka EGN Solar, recurrir a la expropiación de los terrenos. Es la vía por la que ha optado después de que la falta de acuerdo en torno a la titularidad de los terrenos entre el Ayuntamiento, los particulares y la sección de Comunales del Gobierno foral haya impedido su desafección.
“En la tramitación de los expedientes expropiatorios se procederá a consignar en la Caja General de Depósitos los importes correspondientes a las fincas litigiosas”, apuntó Irujo. Eso su pone que la empresa promotora podrá adquirir los terrenos sin necesidad de desafección, abonando un justiprecio que se repartirán después el Ayuntamiento y los particulares cuando se resuelva la titularidad.
Una solución que cuestionó Araiz, que más allá de la implantación del parque fotovoltaico lamentó que el proceso vaya a acabar en expropiación tras un acuerdo en el que reconozca a los particulares una parte del terreno comunal. Un reparto que, según ha señalado el portavoz de EH Bildu, podría ser de un 60%-40% a favor de los particulares. “Esos terrenos ya no van a revertir nuca al comunal de Cáseda. Es triste que el interés privado prevalezca sobre el interés publico de los terrenos comunales”, criticó.
En su turno de réplica Irujo insistió en que el Gobierno se debe al marco legal del sector eléctrico que, además, excede a las competencias del Gobierno de Navarra. “No se puede cambiar las reglas del juego cuando el partido ha empezado”, argumentó el consejero Irujo, que se mostró partidario de que Navarra pudiera asumir las competencias en este ámbito, algo que ahora no ocurre. “Seremos escrupulosos y no haremos seguidismo a ninguna de las partes”, garantizó.
