Al margen de la tormenta política, la investigación al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán se abre camino en el Tribunal Supremo, con el foco en sus cuentas bancarias y su correo corporativo en el partido, y el concurso en el caso de cinco empresarios bajo la sospecha del pago de mordidas por obra pública.
La entrada este viernes de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para clonar el correo de Santos Cerdán, una escena traumática para los socialistas, da cuenta de la magnitud de una investigación en la que el juez Leopoldo Puente ve "consistentes indicios" de que el ex secretario de Organización socialista pudo incurrir en delitos de organización criminal y cohecho.
El estallido del caso Cerdán ha dejado al PSOE en 'estado de shock', y desde el seno del partido se insiste en que se está colaborando con la Justicia, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue contando con mayoría parlamentaria y debe continuar gobernando porque "cuatro mangantes" no pueden obstaculizar la labor de miles de cargos socialistas "honrados".
Los socialistas enfatizan que actuaron apartando a Cerdán "cuando solo había un informe" porque entendieron que los indicios que se apuntaban eran "absolutamente incompatibles con el proyecto del PSOE". Muchos esperan una reacción más contundente de Sánchez que vaya más allá de una nueva auditoría externa de las cuentas de Ferraz o de otra comisión de investigación en el Congreso. El presidente decidió suspender toda su agenda pública prevista para jueves y viernes para dedicar más tiempo a buscar una salida a una situación crítica desde que llegó a la Moncloa en 2018. Este viernes citó a Salvador Illa para verse a solas en una reunión “de carácter privado”.
Cruce de acusaciones entre Ábalos, Cerdán y Koldo
El escándalo por el supuesto amaño de contratos públicos y cobro de comisiones ilegales ha desatado esta semana el cruce de acusaciones entre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Por primera vez desde que estalló el caso se señalan mutuamente por presuntos actos de corrupción. Hasta ahora, ninguno ha implicado al presidente del Gobierno ni ha sugerido que el PSOE se financiara ilegalmente con los fondos de las mordidas.
Santos Cerdán, según fuentes citadas por El País, admite que conocía la existencia de la trama, aunque asegura que nunca participó ni la dirigió. Afirma que su único error fue no denunciar los hechos. Por su parte, Koldo García reprocha a Cerdán haberle abandonado tras destaparse el escándalo en febrero de 2024, y le acusa de dejar en la estacada a quienes supuestamente compartían esos negocios irregulares.
La investigación judicial avanza lentamente. Aún no se ha determinado cómo se 'amañaban' los contratos, qué funcionarios estaban implicados ni el paradero del dinero de las comisiones. García ha comentado a su entorno que posee grabaciones comprometedoras que podrían involucrar a políticos y empresarios, aunque no ha decidido qué hacer con ellas. La Guardia Civil no las tiene en su poder, ya que no fueron halladas durante los registros. Además, tanto el entorno de Cerdán como el de García denuncian que las grabaciones entregadas al juez por la Guardia Civil están incompletas. Según estas fuentes, los fragmentos que faltan podrían afectar al propio presidente Sánchez, apunta El País.
El pánico en el PSOE se debe, por un lado, a que un dirigente clave ha extendido sus presuntas prácticas corruptas de amaño de contratos y cobro de comisiones, implicando a figuras tanto en territorios como a nivel estatal. El caso ha golpeado a Navarra, donde María Chivite destituyó a su número dos, Ramón Alzórriz, por ocultar la relación de su pareja con la empresa investigada, vinculada a Santos Cerdán. Por otro lado, crece el temor entre quienes tuvieron relación con Koldo García en la última década, ya que, tras el informe de la UCO, muchos sospechan que sus conversaciones podrían estar en manos de la Guardia Civil, lo que podría destapar nuevos implicados y agravar el escándalo.
Este caso afecta directamente al entorno más cercano de Pedro Sánchez, al salpicar a personas en las que depositó su máxima confianza: primero Koldo García, luego José Luis Ábalos y finalmente Santos Cerdán, a quien confió delicadas tareas de Estado. Por ello, la caída de Cerdán se percibe como un golpe también para el propio presidente, cuyo futuro es incierto, pese a que en el pasado ha logrado superar otras crisis.
Investigado en el Supremo
Poco más de una semana después de conocerse el informe policial que le implicaba en presunta corrupción junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Santos Cerdán -ya sin escaño ni carnet socialista- está investigado formalmente en el Supremo, donde declarará el 30 de junio y el juez valorará si le impone medidas cautelares.
El juez acoge la tesis de la Guardia Civil y alude en su último auto a los indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto a Ábalos, "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudiendo ser él "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas".
Su cita judicial, una semana antes que la de Ábalos y Koldo -emplazados este lunes- dará paso a inicios de julio a la de cinco empresarios recién imputados en una causa que ya comienza a coger vuelo y en la que el juez advierte de que queda pendiente un "prolijo análisis" de los "numerosísimos efectos intervenidos" en los "múltiples registros".
Rastreo de los correos de Cerdán y Ábalos y de casi 500 cuentas
El juez quiere conocer el contenido de los correos corporativos de Cerdán como dirigente del PSOE (2021-2025) y de Ábalos como ministro (2018-2021), y por eso la UCO acudió el viernes a la sede socialista y al Ministerio de Transportes para clonarlos, en respuesta a requerimientos de información del magistrado. También lo hizo en ADIF y en la Dirección General de Carreteras.
Según el informe policial, Cerdán facilitó su correo corporativo a Koldo para que le remitiese por esa vía "ciertas comunicaciones relevantes", dice el juez, que se refiere a unos mensajes del verano de 2017, en los que el exasesor ministerial le preguntaba dónde enviaba la documentación necesaria para su contratación en el PSOE, donde figuró como asalariado el 25 de octubre de 2017.
Además, tras los indicios hallados por la UCO de que Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo, y de que también pudo haberse llevado dinero, el juez ha atendido a la petición de los investigadores para bucear en sus cuentas, a excepción de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias.
En total son casi medio centenar de cuentas y productos bancarios, al incluir también las relativas a los cinco empresarios o a las empresas Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Servinabar 2000, y la fundación Fiadelso, "estrechamente vinculada" a Ábalos.
Comienza la investigación a los empresarios
La causa en la que están investigados los dos últimos ex secretarios de Organización del PSOE se extiende ya a cinco empresarios: José Ruz (Levantina), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona, y Antxón Alonso (Servinabar 2000).
En el registro a este último los agentes hallaron 16.180 euros en efectivo y una escritura de 2016 en la que Alonso transfería el 45 % de las participaciones a Cerdán. Tanto el exdirigente socialista como la empresa niegan que haya sido socio.
El juez investiga a los empresarios como "administradores de hecho" de empresas que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio" y que "pudieran haber participado en la realización de pagos".
Adjudicaciones bajo sospecha "debidamente" identificadas
La UCO, según el juez, ha identificado "debidamente" las 11 obras que podrían haber sido adjudicadas irregularmente durante el período de Ábalos en Transportes, y por ello quiere profundizar en los expedientes de adjudicación solicitados a ADIF y a la Dirección General de Carreteras.
Entre ellos figuran la licitación del proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, por 102.829.873 euros; el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, por 158,8 millones; un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, por 92,4 millones de euros; o la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por 62 millones.
El juez ha pedido además a la Audiencia Nacional investigar a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su presunta participación para que "las adjudicaciones proyectadas" por Ábalos y Koldo "pudieran llegar a buen término".
