Medio siglo sin Franco: el final de una era

La persecución política y social, el control ideológico y moral de la población, la pobreza, el aplastamiento de los derechos sindicales y laborales de la clase trabajadora y la carencia de las libertades y derechos humanos más elementales, individuales y colectivos, así como proscribir la lengua y la cultura de nacionalidades históricas como Euskadi, definen una oscura etapa en la que los colaboradores del régimen aprovecharon para prosperar y enriquecerse, y a la que la muerte de Franco no puso fin de inmediato.

Por ello, la fecha del 20 de noviembre de 1975 en la que expiró, de la que ahora se cumplen 50 años, tiene un carácter más simbólico que definitorio sobre el inicio de la transición a la democracia. En la presentación el pasado 8 de enero de la iniciativa España en libertad, diseñada para conmemorar esta efeméride, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió que “hace décadas, España decidió dejar atrás una dictadura y apostar por la libertad, y esa decisión marcó el inicio de uno de los periodos más prósperos de nuestra historia”.

La transición fue el magma que surgió del choque de dos placas tectónicas, por un lado las ansias de libertad de un sector mayoritario de la población que, ya en los días finales de Franco, pugnaba por salir a la superficie en la forma de un notable descontento social con protestas en las universidades, los centros de trabajo, etc. Por otro, los nostálgicos del régimen, fieles sobre todo a un entramado levantado durante décadas que favorecía sus intereses, trataron de mantener incólumes dichos privilegios. En ese momento las leyes e instituciones del franquismo, sus aparatos de propaganda y represión, seguían todavía en pie.

La Ley de Amnistía de 1977 ejemplifica el juego de equilibrios necesario para que la transición culminara de forma satisfactoria

La opinión mayoritaria es que la transición, que todavía hoy marca nuestra cotidianeidad diaria, fue el resultado del juego de cesiones de ambas fuerzas motoras, ninguna de las cuales tuvo arrestos o capacidad para llevarse el gato al agua de forma definitoria. Ambas posiciones pueden estar representadas en dos figuras antagónicas como las de Santiago Carrillo y Manuel Fraga. 

Un buen ejemplo fue la hoy discutida Ley de Amnistía de 1977, que supuso una tábula rasa tanto para los presos políticos del franquismo como para los funcionarios y agentes del orden público que pudieron cometer actos criminales en su persecución. Esta ley ha sido esgrimida para blindar de la acción judicial a conocidos torturadores del régimen como el inspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, que acabó falleciendo sin ver purgadas sus violaciones de los derechos humanos.

No son pocos los partidos que, en el actual Congreso de los Diputados, califican este periodo bisagra de apaño y que abogan por abrir el melón de la reforma constitucional frente a la estrategia que se siguió entonces de dejar todos los pelos en la gatera que fueran necesarios.

Ley de Memoria

Desde entonces, uno de los mayores instrumentos para reconocer y resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es la Ley de Memoria Democrática de 2022, que tuvo su antecedente en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y arrinconada en los posteriores gobiernos de Mariano Rajoy. 

Fruto de la ley de hace tres años, Pedro Sánchez anunció el pasado 22 de octubre en el Congreso la publicación este mismo mes del catálogo de vestigios franquistas con el fin de “retirar de una vez por todas” los símbolos y homenajes del régimen que aún permanecen en espacios públicos. Lo avanzó en respuesta a EH Bildu, que le instó a “acabar con los espacios de impunidad” de los que, a su juicio, “siguen disfrutando el franquismo y el fascismo”.

No se trata de la única rémora del pasado que sigue condicionando el presente por la vía del dolor provocado a las víctimas. El PNV lleva casi una década pugnando en el Congreso para reformar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio el Proyecto de Ley de Información Clasificada para su tramitación parlamentaria, norma que sustituirá a la de Secretos Oficiales y que establece levantar el secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más. 

El PNV sigue pugnando para modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y arrojar luz sobre atentados como el del bar ‘Aldana’ en 1980

Pero el presidente del EBB, Aitor Esteban, no acaba de “ver voluntad” para su reforma. “Menos palabrería y más estado democrático”, reclamó de cara a arrojar luz por ejemplo sobre el atentado ultraderechista en el bar Aldana de Alonsotegi el 20 de enero de 1980, con cuatro fallecidos y más de una decena de heridos. Acusó a PSOE y PP de “tener miedo” por no tener “ni idea de lo que hay” tras esa ley franquista.

Franquismo sociológico

Los 50 años de la muerte de Franco, que se cumplen el próximo jueves, aportan además perspectiva sobre el denominado franquismo sociológico, que consiste en una visión idealizada de esas décadas compartida por jóvenes que no habían nacido entonces y con un papel dinamizador relevante de las redes sociales. A este respecto, el president de la Generalitat, Salvador Illa, alertó de que la democracia está “amenazada por mecanismos de desinformación”.

Así, la defensa que Jaime Mayor Oreja realizó en 2007 de que el franquismo fue una época “de extraordinaria placidez” que “muchas familias vivieron con naturalidad y normalidad” tiene herederas como las también dirigentes del PP Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre, y el excargo popular Santiago Abascal, ahora líder de Vox. Unas posiciones revisionistas que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, achacó a que se sienten protegidos por la “sombra del trumpismo” y que buscan que los ciudadanos asuman “píldoras políticas repudiables”. – NTM