Representantes de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas de Amianto de Navarra (ADAVAN) han pedido en el Parlamento de Navarra un mayor compromiso político con el desarrollo del plan de eliminación del amianto, que se aprobó por unanimidad en la Cámara en 2019 y que aún no ha sido puesto en marcha.
Juan Antonio Castilla, portavoz de la asociación, ha preguntado en una sesión de trabajo del Legislativo si los partidos, el Parlamento y el Gobierno de Navarra "van a asumir su responsabilidad de cumplir con la ley, con las víctimas y con lo que demanda la sociedad".
También les ha preguntado "si es prioritario para ustedes" la puesta en marcha y desarrollo del plan del amianto de 2019 "para lograr su eliminación y evitar el reguero de sufrimientos y muertes que provoca y seguirá provocando en el futuro".
Castilla, quien ha recordado la resolución del Parlamento Europeo de 2013 que obliga a la eliminación del amianto antes de 2032, ha destacado que, "aunque los responsables directos de esta pandemia son las corporaciones empresariales, hay una corresponsabilidad también de las administraciones, pues no han obligado, no han exigido a las empresas utilizar las medidas adecuadas de protección".
"Han tardado en prohibir el amianto y, en el mejor de los casos, han mirado para otro lado", ha denunciado Castilla, quien ha señalado que los estudios calculan que hasta 2050 habrá en España entre 50.000 y 100.000 muertes por este motivo, y algunos informes elevan la cifra a 130.000.
Solo de mesoteliomas en Navarra, de los que el 99,99% de los casos es producto del amianto, "hay aproximadamente diez casos al año, que es el más letal pero no el más habitual, más del de pulmón mucho más extendido, los de laringe, ovarios, asbestosis, "calculen las cifras que pueden salir. Solo un pequeño dato más, en una mercantil, de una determinada zona de Navarra, desde el verano pasado, han salido 5-6 casos, que sepamos, de ellos dos ya fallecidos y otro anunciado. Dan escalofríos", remarcó Castilla.
En Navarra, ha apuntado, hay aproximadamente diez casos anuales, generalmente cánceres. "Da un poco de escalofrío pensar en estas cifras", ha dicho.
Castilla ha explicado que, en 2022, el 65% del amianto instalado había superado ya su vida útil y "a partir de ahí es cuando empieza a soltar fibras y a contaminar".
El portavoz de ADAVAN ha asegurado que a las víctimas, en los procesos de reconocimiento y reparación de su enfermedad, las empresas "las están revictimizando y arrastrando su dignidad, retorciendo leyes, alargando procesos a ver si en el trámite se mueren o las familias desisten".
Cuando en 2019 el plan director de eliminación del amianto vio la luz, ha agregado, "le dimos la bienvenida y felicitamos", pero en marzo de 2021, viendo que no se ponía en marcha, "tuvimos otra sesión de trabajo con ustedes reclamando su puesta en marcha. Coincidían todos ustedes en que era un problema grave de salud pública y que la financiación, por tanto, no podía ser un problema".
Por ello, en el debate de los presupuestos de 2022, "tuvimos varios contactos con todos los grupos parlamentarios nuevamente para reclamar su puesta en marcha, además de otras cuestiones" y se acordó una partida para quitar el amianto de 12 colegios, crear una página web, constituir una comisión interdepartamental para gestionarlo y unos cursillos de capacitación para la identificación del amianto.
Pero únicamente se creó la comisión interdepartamental y además "sin financiación y, por tanto, sin desarrollo".
Castilla ha comentado que en todos los foros donde han estado se ha alabado el plan y "los que estaban en el Gobierno entonces presumían de que era pionero a nivel del Estado, y lo era, pero ha estado guardado en un cajón por el anterior Gobierno presidido por la señora Chivite".
"Nos parece que nos falta un compromiso político del Gobierno y, en su caso, de la máxima responsable, que es la señora Chivite", ha subrayado.
En esta ocasión, ha afirmado, la puesta en marcha del plan "parece que figura en el presupuesto, al que damos la bienvenida y nuestro aplauso", pero ADAVAN pide mayor concreción, como "la elaboración de planes con calendarios con plazos de ejecución, con recursos asignados".
