Durante años levantaron, asearon, alimentaron y acompañaron a miles de personas mayores y a sus familias en uno de los trabajos más invisibles y precarizados. Lo hicieron además en jornadas maratonianas, con salarios indignos y bajo la presión extrema que dejó la pandemia en las residencias. Ahora, tras más de seis años de huelgas, movilizaciones y negociaciones fallidas, las trabajadoras del sector han logrado una reivindicación histórica: el primer convenio de residencias de Navarra.
El preacuerdo firmado por LAB, CCOO y UGT con la patronal beneficiará a más de 5.000 profesionales y fija, entre otras medidas, un salario mínimo de 1.500 euros y una reducción progresiva de jornada hasta 2030. El Gobierno de Navarra aportará además 30 millones de euros anuales para sostener el acuerdo y ampliar plazas concertadas en residencias y centros de día.
La firma pone fin a seis años de conflicto en un sector altamente feminizado donde muchas profesionales denuncian haber trabajado durante décadas bajo unas condiciones “insostenibles”. Hasta ahora, la mayoría de las plantillas estaban reguladas por el convenio estatal de dependencia o por acuerdos propios de empresa, lo que provocaba grandes diferencias salariales y laborales entre centros.
Las organizaciones sindicales coinciden en que el nuevo convenio supone un punto de inflexión para dignificar un trabajo históricamente poco reconocido pese al peso creciente que tienen los cuidados en una sociedad envejecida. También consideran que puede ayudar a frenar la elevada rotación laboral y la dificultad para encontrar relevo generacional en las residencias navarras.
El convenio tendrá vigencia hasta 2030 y contempla incrementos salariales progresivos que, según los sindicatos firmantes, alcanzarán hasta un 20% en las categorías con menores salarios. Uno de los cambios más relevantes será la implantación progresiva del salario mínimo de 1.500 euros en todas las categorías profesionales, una reivindicación que había adquirido especial relevancia en las movilizaciones sindicales de los últimos años.
Las mejoras no serán únicamente económicas. La jornada anual pasará de las actuales cifras cercanas a las 1.700 y 1.800 horas a 1.620 horas en 2030 mediante reducciones progresivas cada año. El acuerdo incluye además cuatro días de asuntos propios y mejoras en los complementos por incapacidad temporal.
El Ejecutivo foral financiará parte importante de estas medidas con una inyección adicional de 30 millones de euros anuales. De esa cantidad, 22 millones estarán destinados a cubrir las mejoras salariales y otros ocho millones permitirán ampliar en 300 las plazas concertadas de residencias, centros de día y transporte adaptado. El Gobierno de Navarra defiende que el incremento de financiación responde al aumento constante de las necesidades de cuidados y al envejecimiento de la población.
Pandemia y falta de relevo
Las residencias fueron uno de los ámbitos más golpeados durante la pandemia y muchas trabajadoras recuerdan todavía aquella etapa como un antes y un después. La sensación compartida entre buena parte de las plantillas es que el reconocimiento social que recibieron entonces no tuvo una traducción posterior en mejoras laborales reales. De ahí que la firma del convenio se viva ahora en muchos centros con alivio y emoción contenida después de años de desgaste físico y psicológico.
El sector, además, ha cambiado profundamente durante la última década. Las trabajadoras explican que las personas mayores llegan ahora a las residencias con situaciones de dependencia mucho más severas y cuidados más complejos, lo que ha incrementado tanto la exigencia física como la carga emocional del trabajo diario. A ello se suma la falta de personal en un ámbito donde cada vez cuesta más atraer nuevas profesionales.
En ese contexto, los sindicatos firmantes consideran que mejorar salarios y jornadas era imprescindible para evitar que las residencias siguieran siendo un empleo de paso. También creen que el convenio puede contribuir a profesionalizar un trabajo que durante años arrastró el estigma de ser una tarea doméstica trasladada al ámbito laboral.
El acuerdo, sin embargo, no ha contado con la firma de ELA. El sindicato comparte buena parte de los avances incluidos en el texto, pero considera insuficientes las garantías para evitar pérdidas de poder adquisitivo durante los próximos años. La central reclama incorporar una cláusula de revisión vinculada al IPC y sostiene que el redactado definitivo todavía puede mejorarse antes de su aprobación final.
Más allá de las diferencias sindicales, el consenso general es que las residencias navarras abren una nueva etapa. Después de años de huelgas, negociaciones bloqueadas y sensación de abandono, las trabajadoras del sector ven reconocido parcialmente un trabajo que consideran esencial para sostener los cuidados de una sociedad cada vez más envejecida.
Leire Arzuaga Zubeldia (delegada de LAB de la residencia de Betelu):
“Han sido seis años muy duros y nos lo hemos ganado a pulso en la calle”
Leire Arzuaga Zubeldia lleva seis años trabajando en la residencia de Betelu y ha participado desde el inicio en las movilizaciones por un convenio propio navarro. Liberada sindical y delegada de LAB, recuerda especialmente el desgaste acumulado durante años de negociación y asegura que “han sido seis años muy duros”, marcados por la incertidumbre y por la sensación constante de que “el acuerdo podía romperse en cualquier momento”.
Arzuaga vincula directamente el convenio con la presión sostenida por las plantillas durante todo este tiempo. “Hemos hecho muchas movilizaciones, huelgas, paros, concentraciones… de todo. Han sido seis años muy duros y nos lo hemos ganado a pulso en la calle. Recuerdo la primera manifestación que hicimos en Iruña en 2020, fue muy multitudinaria y la gente nos aplaudía cuando pasábamos por lo viejo. Ese día sentimos que el conflicto podía tener recorrido y que contábamos con el apoyo de la gente”.
La delegada de LAB explica que durante la negociación hubo momentos especialmente frustrantes, ya que “unas tres veces parecía que se firmaba y de repente te decían que no”, lo que generó un fuerte desgaste entre las trabajadoras. Aun así, considera que la insistencia colectiva ha permitido sacar adelante un convenio que califica como “histórico para el sector”.
Arzuaga insiste en que las condiciones anteriores eran muy precarias. “Con 1.080 euros y 1.772 horas de trabajo al año es evidente que no se puede vivir con dignidad”. Ahora valora las mejoras logradas, como la subida salarial progresiva, la reducción de jornada y los avances en incapacidad temporal o permisos, aunque reconoce que “todavía queda mucho camino por delante”.
Desde su experiencia en una residencia pequeña como la de Betelu, subraya el vínculo cotidiano con las personas usuarias. “Somos como una familia. Trabajadoras en días de fiesta hemos acompañado a usuarios a por setas o, si hay algo en el valle, llevamos a quien sea”.
Al mismo tiempo, reivindica el carácter esencial del trabajo y critica que el sector se haya convertido en un negocio. “Las residencias no pueden seguir siendo un negocio, necesitamos que el sector se publifique”, remarca.
Pese a la satisfacción por el acuerdo, cree que todavía hay margen de mejora en el futuro y que este convenio debe entenderse como un punto de partida. “Esto no ha sido un regalo, ha sido lucha”, resume, convencida de que las próximas negociaciones seguirán ampliando derechos en un sector que considera clave para el cuidado de la sociedad.
Bea Caballero Goñi (delegada de UGT en Amavir Oblatas):
“El acuerdo se ha recibido como una fiesta, por fin se valora nuestro trabajo”
Bea Caballero Goñi tiene 41 años y lleva 16 trabajando en residencias. Empezó como gerocultora y actualmente es animadora sociocultural en Amavir Oblatas, en Pamplona. Delegada de UGT desde hace apenas unos meses, reconoce que ha vivido todo el proceso del convenio “más como trabajadora que como sindicalista” y admite que hubo momentos en los que muchas plantillas pensaban que el acuerdo “nunca iba a salir”. “Ha sido una espera larguísima y todo este tiempo de negociaciones nos ha roto emocionalmente”.
Describe la firma del convenio como “una fiesta” dentro de las residencias tras años de desgaste entre las trabajadoras. Explica que, después de la pandemia, quedó una sensación generalizada de olvido pese al enorme esfuerzo realizado durante aquellos meses en los centros. “Nos implicamos al máximo por nuestros residentes y luego parecía que nadie se acordaba de nosotras”, critica. “Fue una época muy complicada y muy dura dentro de las residencias”, añade sobre aquellos meses marcados por la presión y la falta de reconocimiento posterior.
Caballero destaca que el acuerdo permitirá igualar condiciones entre residencias y mejorar especialmente las categorías más bajas, con importantes subidas salariales y reducción de jornada. “Por fin podemos tener todas las mismas condiciones”, afirma. También considera que el convenio puede ayudar a reforzar las plantillas y atraer nuevas profesionales a un ámbito cada vez más necesitado de mano de obra. “Para que la gente venga a trabajar hay que ofrecer un salario digno”, sostiene.
La trabajadora defiende que los cuidados han cambiado profundamente en la última década y reclama seguir avanzando hacia un modelo con más personal y con mejores ratios para ofrecer una atención más personalizada. “Ahora se busca que emocionalmente estén mejor y hacer actividades que realmente les motiven. Por ejemplo, acabamos de estar en Baluarte escuchando a la Orquesta Sinfónica de Navarra y pronto queremos ir a El Sadar”.
Caballero insiste además en que el sector arrastra todavía una falta histórica de reconocimiento por tratarse de un trabajo asociado tradicionalmente a las mujeres y a los cuidados domésticos. “Para cuidar bien también necesitamos estar cuidadas nosotras”, defiende. Cree que el convenio puede marcar “un antes y un después” para empezar a visibilizar unas profesiones que durante años permanecieron en segundo plano y confía en que este acuerdo sea “solo una base para seguir mejorando”.
Carol Urra Arraiza (secretaria de la Fed. de Sanidad de CCOO):
“Hemos dado un paso importante, pero el convenio es solo un punto de partida”
A sus 49 años, Carol Urra Arraiza habla del convenio desde la experiencia personal. Secretaria de Organización de la Federación de Sanidad de CCOO y trabajadora del sector desde hace más de 30 años, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en residencias como Sanitas o Amavir. “Hemos soportado condiciones precarias durante años y me he llegado a plantear muchas veces tirar la toalla”, confiesa.
Urra considera que el convenio supone “un paso decisivo” y destaca el fin de la desigualdad entre centros y el abandono progresivo del convenio estatal, que mantenía condiciones más precarias. “Era algo merecido tras años de negociación, huelgas y frustraciones”. La sindicalista valora el acuerdo como un ejercicio de responsabilidad colectiva entre sindicatos, patronal y Gobierno foral. “Hemos pensado solamente en la dignificación del sector”, explica. También pone el foco en la falta de relevo generacional y en la necesidad de mejorar las condiciones para evitar que los cuidados sigan siendo “un sector de paso”.
Después de tres décadas trabajando en residencias, explica que la firma tiene también una dimensión emocional y personal. “He estado levantando, acostando, vistiendo y dando de comer a usuarios junto a mis compañeras. Ahora, contribuir a mejorar las condiciones del sector es un logro tanto profesional como personal”.
Urdax Bañuelos (responsable de Sociosanitario de ELA):
“No hemos firmado porque sin cláusula del IPC hay riesgo de perder poder adquisitivo”
Urdax Bañuelos Ruiz de Erentxun ha seguido de cerca todo el proceso de negociación del convenio desde ELA, sindicato que finalmente decidió no sumarse a la firma del preacuerdo. Aunque considera que “el convenio en líneas generales es positivo”, sostiene que “llega tarde” después de muchos años de precariedad en el sector.
Bañuelos explica que ELA rechazó firmar el acuerdo por la ausencia de una cláusula de revisión vinculada al IPC. “Sin esa cláusula, ELA no podía firmar el convenio al considerar que algunas subidas salariales previstas podrían quedar por debajo de la inflación y hacer que las trabajadoras pierdan poder adquisitivo”.
El representante sindical recuerda además que muchas plantillas han soportado durante años jornadas cercanas a las 1.800 horas y salarios “con los que en Navarra no se puede vivir”. Aun así, reconoce que el texto supone “un avance importante” respecto a la situación anterior y deja abierta la puerta a una futura incorporación del sindicato si el redactado definitivo introduce mejoras.
Urdax Bañuelos insiste también en que el convenio es fruto “de la lucha incansable” de las trabajadoras y reclama abrir un debate más amplio sobre el modelo de cuidados. “No entendemos cómo se puede hacer negocio con el cuidado de nuestros mayores”, concluye.
