Navarra impedirá que las empresas condenadas por corrupción puedan acceder a ayudas públicas o beneficiarse de exenciones fiscales. El Parlamento foral aprobó en el pleno de ayer una moción de Contigo-Zurekin que insta al Gobierno a modificar la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades, algo que la mayoría progresista pretende que se aplique a partir del 1 de enero de 2026, tras aprobarlo definitivamente en la reforma fiscal que negocian actualmente en el marco de la Mesa de la Fiscalidad.
La iniciativa busca trasladar a la normativa lo ya previsto en el Código Penal, que prohíbe a las personas o entidades con sentencia firme acogerse a incentivos fiscales en casos de corrupción. En Navarra, la única referencia que hacía la ley fiscal hasta ahora era a disposiciones de apoyo al emprendimiento. Con el cambio, el veto se extenderá a todo el conjunto de beneficios fiscales y ayudas públicas.
El impulsor de la propuesta, Miguel Garrido (Contigo-Zurekin), defendió que la política fiscal “no es solo una herramienta de recaudación, sino también un instrumento al servicio de los valores democráticos y del interés general”. Según explicó, la corrupción se sostiene en “tres eslabones: empresas que buscan enriquecerse, funcionarios que manipulan procesos y políticos que actúan como correa de transmisión”. Por ello, subrayó que el objetivo es enviar un mensaje claro: “las empresas condenadas por corromper a la autoridad pública no se podrán acoger a ningún incentivo fiscal”.
Inconvenientes
El principal obstáculo de la medida es su aplicación práctica. Varios grupos advirtieron que rara vez una empresa resulta condenada directamente por corrupción, ya que en la mayoría de los casos son sus responsables individuales quienes reciben la condena. El propio Javier Esparza (UPN) lo recordó, señalando que “hay muy pocas veces que se condena a las empresas”, lo que, en su opinión, reduce el impacto real del veto. También se pronunció en la misma línea Mikel Asiain (Geroa Bai), quien aseguró que impedir que condenados por corrupción disfruten de beneficios fiscales “contribuye a un entorno más justo, donde las oportunidades son para quienes juegan limpio”.
Desde EH Bildu, Laura Aznal también se preguntó cómo es posible que “estas empresas lleven implicadas en casos de corrupción desde hace décadas y nunca tengan responsabilidad penal”, lo que a su juicio muestra la necesidad de endurecer los mecanismos de control. Recordó además que en Europa las sanciones por corrupción han sido mucho más duras, incluyendo la pérdida de subvenciones, la confiscación de ganancias o la clausura de establecimientos. En el mismo sentido, Ainhoa Unzu (PSN) planteó valorar si deberían incluirse también las sanciones administrativas firmes por prácticas anticompetitivas.
Debate
La moción fue aprobada por una amplia mayoría de 48 votos a favor (UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin), una abstención (Maite Nosti) y un voto en contra (Vox).
Durante el debate, Esparza aprovechó para aludir a la investigación de las adjudicaciones de Belate. A pesar de ello, apoyó la moción porque, aunque de “poco impacto práctico”, envía el mensaje de que “en Navarra quien participa en la corrupción, la paga”.
La socialista Unzu replicó al regionalista que la presidenta María Chivite “ha sido elegida dos veces por este Parlamento”, tras decir Esparza que la eligió Cerdán, y aseguró que “este debate a la ciudadanía le importa un pimiento”.
Aznal, por su parte, criticó a Garrido al considerar que es “una falta de respeto” hacer una “comisión de investigación paralela”, por mencionar los presuntos casos de corrupción en la exposición de motivos, a lo que se sumó también Asiain, quien señaló que Contigo-Zurekin extendió “una alfombra roja a la derecha”.
Desde el PPN, Irene Royo destacó que el debate anticorrupción “sí interesa a la ciudadanía” y lo vinculó a la recaudación: recordó que en Navarra “ha crecido un 97,6% en los últimos diez años, mientras el PIB no ha alcanzado el 40%”, lo que, en su opinión, supone “un trasvase de dinero del bolsillo de los contribuyentes al de la administración foral”.
Emilio Jiménez (Vox) calificó la moción de “innecesaria”, ya que “lo que se ha pedido ya está tipificado” en el Código Penal, aunque reconoció que su grupo “ha estado a favor de evitar o reducir en lo posible la malversación”.
En su réplica, Garrido recalcó a sus socios, a los que tachó de “despistados”, que la iniciativa “no es una propuesta fiscal, aunque tenga carácter fiscal, sino una propuesta anticorrupción” y que responde al contexto actual, en el que la ciudadanía “sí se ha mostrado preocupada”
